El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, compareció este miércoles 8 de julio ante la Fiscalía General del Estado para rendir una ampliación de versión dentro del caso Progen, investigación relacionada con una presunta trama de corrupción en los contratos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen.
La diligencia se realizó después de una solicitud presentada por uno de los procesados dentro de la causa.
Luque se refirió a su asistencia ante el llamado del Ministerio Público. “Yo siempre he dado la cara, la voy a seguir dando. Es lo que corresponde y es lo que siempre he dicho que voy a hacer”, señaló el ministro al salir de la diligencia.
El ministro sostuvo que su intención es colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos investigados dentro del caso Progen y determinar responsabilidades.
“Los nombres de las personas, funcionarios de bajo, medio o alto rango de cualquier entidad que hayan sido funcionales al atraco o que se hayan beneficiado del atraco, debe determinarlos la Fiscalía General del Estado”, manifestó.
También se refirió a los cuestionamientos sobre una posible vinculación dentro de la investigación y aseguró que ya fue revisado por varias instituciones.
“A mí me han investigado absolutamente todo (…) y se determinó en la formulación de cargos que yo no era sospechoso y que yo no tenía por qué estar ahí”, afirmó.
Por su parte, su abogado Jorge Luis Ortega explicó que Luque acudió en el marco de una ampliación de versión y que sus declaraciones públicas respondieron a información existente dentro del proceso.
“Será Fiscalía la que, mientras dura la etapa de instrucción fiscal, considerará vincular o no a otras personas”, expresó.
Acerca del caso
El caso Progen investiga presuntas irregularidades en contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen, relacionados con proyectos de generación eléctrica. La Fiscalía indaga un posible perjuicio económico al Estado que superaría los USD 104 millones y que estaría relacionado con el presunto delito de peculado.
Según las investigaciones, los contratos bajo análisis contemplaron anticipos por aproximadamente USD 34,8 millones para el proyecto Quevedo y USD 69,6 millones para Salitral, recursos que fueron transferidos a una cuenta internacional. Hasta el momento, 21 personas han sido procesadas dentro del caso.
