El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar un alegato en el que solicita el archivo del trámite.
A criterio del Ejecutivo, la petición incumple la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, pues busca someter a consulta decisiones de política pública que no pueden ser objeto de una revocatoria del mandato.
«Es un pedido inconstitucional e ilegal»
Herrería afirmó que la solicitud presentada contra Daniel Noboa pretende convertir la revocatoria en un plebiscito sobre la gestión del Gobierno, algo que, según dijo, no contempla la normativa vigente.
Hemos venido a presentar un alegato en el cual impugnamos el inconstitucional e ilegal pedido de revocatoria presentado para que el presidente de la República sea convocado a una suerte de plebiscito sobre su gestión de gobierno».
El funcionario recordó que el artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana exige que toda solicitud de revocatoria esté debidamente fundamentada y no se limite a cuestionar decisiones políticas del Gobierno.
El Gobierno sostiene que se cuestionan políticas públicas
Uno de los principales argumentos de la Presidencia es que los promotores de la revocatoria cuestionan la decisión del Ejecutivo de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), argumento que calificó como una especulación.
Para Herrería, esa decisión corresponde al ámbito de la política económica del Gobierno y no constituye un incumplimiento del plan de trabajo.
Por ello, pidió al CNE que, en aplicación de la Constitución, la ley, sus propios precedentes y la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral, rechace el trámite y disponga su archivo.
«No se puede hablar de incumplimiento cuando solo ha transcurrido un año»
El secretario jurídico también cuestionó el argumento de que el Gobierno incumplió su plan de trabajo. Explicó que los planes de gobierno tienen una duración de cuatro años y que apenas ha transcurrido el primer año del mandato presidencial.
Los planes son plurianuales, tienen una vigencia de cuatro años. Recién ha transcurrido un año de este período presidencial; por tanto, no puede afirmarse que exista un incumplimiento del plan de gobierno».
Intento de desestabilización
Herrería sostuvo además que detrás del nuevo pedido existe una intención de generar inestabilidad política y de utilizar la figura de la revocatoria con fines distintos a los previstos por la Constitución.
Según el funcionario, la Presidencia continuará ejerciendo su defensa jurídica hasta que el Consejo Nacional Electoral adopte una decisión sobre la admisibilidad del proceso
