El caso Goleada registró un nuevo giro judicial. El juez anticorrupción Jairo García resolvió volver a dictar prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez; además de César Bravo y Fernando Peñaherrera, todos procesados por el presunto delito de lavado de activos.
La decisión fue adoptada este 6 de julio, luego de que el magistrado concluyera que las medidas cautelares que pesaban sobre los cinco procesados ya no resultaban idóneas para garantizar el desarrollo del proceso penal. Antonio y Xavier Álvarez, así como Bravo y Peñaherrera, habían recuperado su libertad el pasado 2 de abril, cuando un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva que enfrentaban.
En el caso de Aquiles Álvarez, aunque esa resolución también lo favorecía, el alcalde permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, debido a que enfrenta otras dos órdenes de prisión preventiva dentro de los casos Triple A y por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Como parte de la resolución, el juez también dispuso la incautación de la vivienda donde residía el alcalde junto a su familia, ubicada en la urbanización Blue Bay, en la Isla Mocolí, una de las zonas residenciales más exclusivas de Samborondón. El magistrado otorgó un plazo de 15 días para que Fiorella Ycaza, esposa del alcalde, y sus tres hijos desalojen el inmueble.
No es la primera vez que las autoridades intentan ejecutar esta medida. El pasado 12 de junio, funcionarios de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, con resguardo policial, acudieron al lugar para incautar la propiedad. Sin embargo, la diligencia no se concretó porque, según la defensa del alcalde, no existía una orden de desalojo y aún estaba pendiente una audiencia de revisión de medidas.
El denominado caso Goleada comenzó el 11 de febrero de 2026, cuando la Fiscalía formuló cargos por presunta delincuencia organizada contra los hermanos Álvarez y otras ocho personas. Posteriormente, el proceso se amplió con la vinculación del asambleísta Raúl Chávez, señalado como presunto comisionista de las empresas de la familia Álvarez.
El 14 de mayo, la Fiscalía reformuló los cargos por el presunto delito de lavado de activos, acogiendo el criterio del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Días después, el expediente volvió a ampliarse con la incorporación de la esposa y la madre del alcalde, dos de sus primos, la contadora de las empresas familiares y nueve personas jurídicas, en una investigación que continúa avanzando en la etapa preparatoria de juicio.
