“Asumo este camino con esperanza, firmeza y la convicción de que nuestra ciudad merece seguir avanzando, creciendo y construyendo oportunidades para todos. Confío en la ley, en la democracia y, por encima de todo, en la fuerza de los guayaquileños”, publicó Icaza en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que está llenando unos formularios del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Horas antes de anunciar su inscripción, el excandidato presidencial del correísmo Andrés Arauz, había colgado en su cuenta de X una foto de Icaza y de la exasambleísta Sofía Espín, candidata correísta a la prefectura de Guayas, en el CNE, lo que alimentó los rumores de su postulación.
Icaza busca reemplazar en el cargo a su esposo, quien también llegó al poder local con apoyo de la Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), pero que fue detenido en febrero en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, denominada como ‘Goleada’.
Además, Alvarez está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa para albergar a líderes criminales, por una investigación por presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, conocida como ‘Triple A’.
También fue condenado recientemente a tres años de prisión por no tener en su tobillo un grillete electrónico que debía usar por orden de un juez.
La esposa del alcalde también está incluida en el caso ‘Goleada’, pero un magistrado le dictó medidas alternativas a la prisión preventiva, como prohibición de salida del país y presentación cada quince días ante una autoridad judicial.
La candidatura de Icaza puede ser impugnada, pero desde su equipo se señaló que no incurre en ninguna causal de objeción prevista en la ley ni está inhabilitada para participar.
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El PSE está cobijando a algunas de las principales figuras del correísmo, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, después de que el movimiento fue suspendido en marzo por nueve meses por un juez electoral.
El pedido de suspensión lo hizo la Fiscalía, que investiga por delincuencia organizada a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros del correísmo, pues presume que “ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”.
La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el CNE decidió en marzo adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que llevó al correísmo a denunciar una supuesta maniobra del Gobierno para evitar que sus candidatos puedan estar en la votación.
