El dictador venezolano Nicolás Maduro no comparecerá como testigo en el juicio federal que se celebrará en marzo en Miami contra el excongresista republicano David Rivera y la consultora política Esther Nuhfer, acusados de actuar como agentes extranjeros no registrados del gobierno venezolano entre 2017 y 2018, según reportó el diario estadounidense El Nuevo Herald.
La decisión fue comunicada por su abogado defensor, Barry Pollack, en una carta presentada ante el tribunal federal. En ella, el letrado señaló que Maduro “ejercerá su derecho constitucional, amparado por la Quinta Enmienda, a guardar silencio y se niega respetuosamente a testificar” en el proceso.
Maduro se encuentra actualmente detenido en una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, tras su captura el 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Allí enfrenta cargos federales por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York.
La negativa del exmandatario responde a una moción presentada por la defensa de Nuhfer, encabezada por el abogado David O. Markus, quien había solicitado citar formalmente a Maduro si este se negaba a declarar de manera voluntaria.
En su comunicación dirigida a Markus, Pollack argumentó que “a la luz de la conducta del Gobierno de Estados Unidos con relación al caso en su contra en el Distrito Sur de Nueva York, el Sr. Maduro debe hacer valer y proteger enérgicamente sus derechos bajo la Constitución de Estados Unidos”.
Según lo filtrado por el medio, el abogado añadió que fuerzas militares estadounidenses “secuestraron” a Maduro y lo “trajeron por la fuerza” a Nueva York para enfrentar cargos federales. “Por consiguiente, en nombre del Sr. Maduro, le solicito que retire su moción… y que informe a la Corte que el Sr. Maduro se opone a la moción”, escribió.
Markus reaccionó públicamente a la decisión. “Nos decepciona que Maduro guarde silencio porque nos habría exonerado”, declaró al Miami Herald. También afirmó que el gobierno podría conceder inmunidad limitada para permitir su testimonio sin afectar el proceso en Nueva York. “Por supuesto, hay una solución sencilla si el gobierno quiere la verdad: podrían inmunizar su testimonio aquí. Eso no afectaría su caso en Nueva York. Pero nuestro optimismo de que lo hagan es más bajo que el de los precios del petróleo venezolano”, dijo.
En una presentación judicial previa, los fiscales federales Harold Schimkat y Roger Cruz no tomaron posición sobre el fondo de la citación solicitada por la defensa. Sin embargo, señalaron que la moción era “deficiente, porque no explica cómo podría testificar el Sr. Maduro y no ofrece ninguna base para saber si Maduro podría siquiera estar dispuesto a testificar en este asunto o si tiene información sustancial y favorable a los acusados”.
Rivera, excongresista por Florida, y Nuhfer fueron acusados a finales de 2022 por conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos y por no registrarse como agentes extranjeros bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). El gobierno federal sostiene que ambos actuaron en nombre del gobierno venezolano con el propósito de influir en la política exterior estadounidense.
La acusación se basa en un contrato de consultoría por 50 millones de dólares firmado en marzo de 2017 entre Rivera y una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según los fiscales, el acuerdo tenía como objetivo encubrir actividades de cabildeo político en Washington.
El documento judicial sostiene que Rivera y Nuhfer conspiraron para “enriquecerse ilícitamente participando en actividades políticas en Estados Unidos en nombre del gobierno de Venezuela (…) con el fin de influir en la política exterior estadounidense hacia Venezuela”.
También se señala que Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, habría “ordenado” en 2017 a ejecutivos de Citgo contratar a la firma de Rivera, Interamerican Consulting, para compensarlo por sus gestiones de cabildeo.
