El presidente Daniel Noboa firmó este 5 de noviembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 202, que declara un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país. La medida se da tras los recientes asesinatos y ataques vinculados a estructuras criminales.
¿Dónde rige el estado de excepción?
La medida tendrá vigencia de 60 días en las siguientes jurisdicciones:
- Provincias: Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.
- Cantones: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Según el Ejecutivo, estas zonas concentran la mayor actividad de organizaciones criminales que operan con violencia, extorsión, sicariato y tráfico ilegal.
Derechos suspendidos y qué significa para la población
El decreto establece la suspensión parcial de derechos constitucionales para facilitar operaciones policiales y militares:
- Inviolabilidad de domicilio: la Policía y Fuerzas Armadas podrán realizar allanamientos, inspecciones y requisas sin orden judicial previa, con el fin de capturar a integrantes de grupos armados o incautar armas y drogas.
- Inviolabilidad de correspondencia y comunicaciones: se autoriza el control, análisis e interceptación de mensajes, cartas o comunicaciones físicas y electrónicas vinculadas a delitos.
Hechos que motivaron la medida
El Gobierno justifica el estado de excepción con hechos violentos registrados en los últimos días, entre ellos:
- El asesinato de un hombre en una gasolinera de Salinas (Santa Elena), el 28 de octubre.
- El crimen de Fernando Álvarez, administrador de un portal digital en Salitre, Guayas.
Ambos casos, sumados a homicidios, atentados, extorsión y disputas entre bandas, fueron catalogados como señales de “grave conmoción interna”.
¿Qué sigue ahora?
Con esta medida, las fuerzas de seguridad están autorizadas a mantener presencia militar en calles, carreteras, puertos, barrios costeros y zonas fronterizas. El objetivo declarado es desarticular campamentos, detener a cabecillas y frenar la expansión de economías ilegales, especialmente narcotráfico y extorsión.
El decreto deberá llegar a la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad mientras la medida sigue vigente.
