El ministro del Interior, John Reimberg, informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que funcionarios de la Alcaldía de Guayaquil habrían sido detenidos mientras colocaban propaganda ofensiva contra el Gobierno, a pocas horas del cierre del debate electoral.
Según detalló el ministro, se trataba de al menos 13 pancartas que presuntamente serían instaladas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad en plena jornada previa al evento político.
“Lo lamentable es ver cómo se utilizan recursos públicos y personal institucional para hacer campaña sucia. Así entienden la política quienes no tienen propuestas ni límites”, expresó Reimberg en su publicación.
¿Qué dice la ley al respecto?
El Código de la Democracia prohíbe a los candidatos que ejerzan una función pública o a los servidores y funcionarios el uso de recursos y bienes del Estado en las campañas. Este tipo de actos se sancionan con destitución o suspensión de derechos políticos entre seis meses a dos años.
En cualquier proceso electoral, se prohíbe la publicidad de todas las instituciones públicas, excepto cuando:
- Se informe a la ciudadanía sobre datos de interés para la ciudad (cierres o habilitación de vías o rutas alternas).
- Situaciones de emergencia (catástrofes naturales o de cualquier tipo) que se requiera informar a la ciudadanía en general.
- Información acerca de campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de clases, seguridad ciudadana; etc.
