La Justicia de China impuso este lunes una condena de cadena perpetua al exministro de Justicia Tang Yijun tras declararlo culpable de aceptar sobornos por un monto superior a 137 millones de yuanes (cerca de US $19,7 millones), en uno de los casos de corrupción de más alto perfil en los últimos años dentro del aparato estatal del país asiático.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Popular Intermedio de Xiamen, en la provincia de Fujian, y se enmarca dentro de la extensa campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2012, una política que ha llevado a la detención y castigo de múltiples funcionarios de alto rango en todos los niveles del gobierno.
La pena de cadena perpetua es una de las sanciones más severas en el sistema judicial chino, sin embargo, la corte consideró algunos atenuantes para no dar la pena máxima, la pena de muerte. Por ejemplo, Tang confesó su culpabilidad, expresó arrepentimiento y cooperó con la investigación.
¿Quién es Tang Yijun?
Nacido en marzo de 1961, Yijun formó parte del Partido Comunista de China (PCCh) desde 1985 y empezó a ocupar puestos de privilegio en la bancada desde 1997; a partir de allí estuvo pasando de cargo en cargo en las esferas de poder chinas, incluyendo posiciones de liderazgo en la provincia de Zhejiang.
El tribunal determinó que, entre 2006 y 2022, Tang aceptó activos, dinero y otros beneficios valorados en más de 137 millones de yuanes mientras facilitaba listados de empresas, recompras de tierras, préstamos bancarios y la gestión de casos judiciales para individuos y empresas favorecidas.
Además de la pena de prisión, Tang fue privado de sus derechos políticos de por vida, y el tribunal ordenó la confiscación de todos sus bienes personales y la recuperación de las ganancias ilegales, que serán entregadas al tesoro estatal.
Este caso no es aislado dentro del contexto chino. Desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012, su administración ha impulsado una extensión de la llamada campaña de “tolerancia cero” contra la corrupción, que ha implicado la investigación, expulsión del PCCh y procesamiento de miles de funcionarios, incluidos algunos con altos cargos en el Partido y el Estado.
En 2022, otro exministro de Justicia, Fu Zhenghua, también fue condenado por corrupción y recibió una pena que eventualmente se tradujo en cadena perpetua tras una sentencia inicial con pena de muerte suspendida, en un caso que reflejó la dureza de las autoridades ante estos delitos.
Críticos de la política china señalan que este tipo de procesos, aunque legalmente justificados, también pueden ser utilizados como herramientas políticas para eliminar rivales o consolidar el poder interno dentro del PCCh, dada la falta de transparencia total en algunos juicios de alto perfil. Sin embargo, en Pekín defienden estas acciones como una necesidad para preservar la integridad estatal y erradicar prácticas que socavan la confianza pública en las instituciones.
