El exministro de Energía Antonio G.rechazó la orden de prisión preventiva dictada en su contra dentro del caso Progen, al considerar que la decisión judicial no cuenta con suficiente sustento.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene una investigación por presunto peculado vinculado a contratos emergentes en el sector eléctrico.
En un documento difundido por el abogado, Leonardo Stagg, el exfuncionario aseguró que la resolución judicial carece de pruebas y es una resolución inmotivada.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La investigación de la Fiscalía se centra en contratos relacionados con la instalación de equipos para las centrales termoeléctricas de Salitral y Quevedo. Según la teoría del caso, el Estado habría desembolsado más de USD 100 millones, cifra que representa cerca del 70 % del valor total de los contratos.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los equipos entregados no habrían cumplido las condiciones pactadas inicialmente, ya que presuntamente se trataba de maquinaria usada, reacondicionada o repintada, pese a que los contratos establecían la entrega de equipos nuevos.
La participación de Antonio G.
La Fiscalía también argumenta que durante el proceso no se habrían ejecutado acciones suficientes para proteger recursos públicos y sostiene que existieron omisiones relacionadas con el seguimiento y control de los contratos.
«Al tratarse de una persona que ocupó un alto cargo, el riesgo de fuga es posible y se suma la gravedad de la conducta investiga», sostuvo la Fiscalía.
Además del exministro, entre los procesados figura Fabián C. exgerente de Celec y exviceministro de Energía, quien según la investigación habría tenido participación en la declaratoria de emergencia y en autorizaciones para contrataciones extraordinarias.
El expediente también señala presuntas irregularidades en procedimientos de contratación y posibles incumplimientos técnicos, jurídicos y económicos durante el desarrollo de los procesos.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para 21 personas procesadas, argumentando riesgos procesales y posible peligro de fuga debido a la gravedad de los hechos investigados y a los cargos que ocuparon algunos de los involucrados.
