La mañana de este viernes 12 de junio de 2026, agentes policiales llegaron a una vivienda ubicada en la urbanización Blue Bay, en Isla Mocolí, para ejecutar una orden judicial de incautación dentro del caso Goleada, proceso en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos.
El inmueble corresponde al solar 101 de la urbanización Blue Bay, en la parroquia satélite La Puntilla, cantón Samborondón. Según la información del proceso, la propiedad está valorada en USD 1.015.297,47 y consta a nombre de Inmobiliaria Fiorema S.A., empresa señalada por la Fiscalía como parte de una estructura utilizada para concentrar bienes presuntamente vinculados al caso.
En esa vivienda reside la esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles A., Fiorella Icaza, junto con sus tres hijos menores de edad y sus padres.
La orden fue emitida por el juez Jairo García y comunicada a la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, entidad encargada de ejecutar la disposición judicial.
El caso Goleada investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con bienes, empresas y transferencias patrimoniales atribuidas al entorno familiar y societario del alcalde de Guayaquil. Según la tesis de la Fiscalía, parte de esos activos habrían sido adquiridos con recursos provenientes de la presunta comercialización ilegal de combustibles, investigada en el caso Triple A.
Dentro de la lista de bienes sujetos a incautación constan departamentos, parqueaderos, bodegas, terrenos y propiedades registradas a nombre de empresas como Fiorema S.A., Corpalubri S.A., Inmobiliaria Hache S.A. y Ternape Petroleum S.A. También aparece un inmueble atribuido a Andrés Viteri Henriques, quien presentó un escrito ante el juez para cuestionar la inclusión de su residencia dentro de los bienes incautables.
La Fiscalía sostiene que las acciones de varias compañías, entre ellas Fiorema S.A., Inmobiliaria Hache S.A., Copemarket S.A. y Cawuaco S.A., fueron transferidas por los hermanos Alvarez a Gioconda Henriques, madre del alcalde, entre julio y agosto de 2024. Para el Ministerio Público, esos movimientos formarían parte de una estrategia para proteger activos frente a las investigaciones abiertas por el caso Triple A.
El proceso por Triple A se encuentra en fase de juicio desde el 6 de junio de 2026. En ese expediente se investiga una presunta red de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de combustibles, en la que aparecen procesadas personas naturales y jurídicas vinculadas al entorno empresarial de Alvarez.
