El sistema de transporte urbano de Quito atraviesa un nuevo foco de tensión. La Unión de Operadoras de Transporte Público de Quito (Unitrans-Q) denunció que, pese a haber enviado comunicaciones formales desde inicios de 2025, no ha recibido respuesta de la Alcaldía de Quito para concretar una reunión en la que se aborde la situación financiera y operativa del sector. El reclamo surge en medio del debate por la tarifa del pasaje, las compensaciones pendientes y el modelo de subsidios que sostiene parte del sistema municipal.
El presidente del gremio, Jorge Yánez, aseguró que el principal pedido de los transportistas es que se aplique lo dispuesto en la Ordenanza 017-2020, norma que establece el marco jurídico para la integración física, tarifaria y operacional del transporte en la capital. Según el dirigente, esa disposición obliga al Municipio a crear una partida específica de “compensación para el transporte”, algo que —afirma— todavía no se ha puesto en práctica.
La discusión se centra en la llamada tarifa técnica, que la ordenanza define como el valor necesario para cubrir costos de inversión, operación y retorno sobre la inversión de los operadores. Con base en ese concepto, Yánez sostiene que existe un “profundo desequilibrio” entre los buses urbanos privados y los sistemas administrados directamente por el Municipio, ya que a los primeros se les exige operar por debajo de su costo real, mientras los corredores municipales reciben un respaldo económico sostenido.
Como ejemplo, el dirigente señaló que en el Trolebús el usuario paga USD 0,35, tarifa que el Municipio mantiene vigente dentro del sistema municipal junto con la Ecovía, mientras que en el Metro de Quito la tarifa estándar se ubica en USD 0,45. En paralelo, el Municipio destina cerca de USD 60 millones anuales para sostener la tarifa del Metro, lo que ha reactivado el debate sobre la sostenibilidad de los subsidios y la necesidad de transparentar los costos reales del sistema.
A los cuestionamientos tarifarios se suman denuncias por trabas burocráticas. Yánez afirmó que la Secretaría de Movilidad puede tardar hasta dos meses en aprobar trámites básicos, como cambios de socios o de unidades, lo que agrava la situación operativa de las cooperativas. Sin embargo, el dirigente descartó que exista un ultimátum de 30 días para ir a un paro y aclaró que, si las unidades dejan de circular, sería por falta de liquidez para seguir operando y no por una medida de huelga formal.
