El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suspender por tres meses y sin remuneración a la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, María Daniela Ayala, quien lleva a cabo investigación relacionada con el asesinato de Fernando Villavicencio.
La magistrada es investigada por presuntamente haber incurrido en una falta gravísima al conceder medidas alternativas a la prisión preventiva a dos personas vinculadas con el crimen del excandidato presidencial.
De acuerdo con la resolución adoptada por el Pleno, la conducta estaría relacionada con un posible acto doloso en el ejercicio de sus funciones judiciales. La decisión implica su separación temporal del cargo durante tres meses y la suspensión del pago de su salario mientras se sustancia el sumario administrativo.
El Consejo de la Judicatura precisó que esta medida no constituye una sanción definitiva, sino una acción preventiva para garantizar el desarrollo del proceso disciplinario con independencia y sin interferencias.
El sumario administrativo determinará si existió responsabilidad disciplinaria en la actuación de la jueza dentro del proceso penal que investiga el asesinato de Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Una vez concluida la investigación, el organismo definirá si corresponde o no la imposición de una sanción.
