“Como víctimas directas de un magnicidio que conmocionó al Ecuador, nuestras exigencias se enraízan en la demanda de justicia más elemental y en la supervivencia misma de nuestro Estado de Derecho”, expresaron.

La carta se publica en medio de aseveraciones de un testigo de la Fiscalía dentro del caso Villavicencio. En las últimas semanas se ha mencionado una supuesta participación del también excandidato presidencial y amigo de Villavicencio, Christian Zurita.

Además, lo dicho por el testigo de la Fiscalía, Marcelo Lasso, sobre la presunta participación del expresidente Guillermo Lasso generó una respuesta de este último. Según Guillermo Lasso, el testigo habría admitido que suele ofrecer versiones falsas a cambio de beneficios penitenciarios, dinero o por temor. Para el exmandatario, esta nueva mención en su contra constituye “un burdo intento de desviar la atención” de la investigación.

Respecto a la situación del caso, las hijas de Villavicencio hicieron un llamado para que, desde la investidura presidencial, Noboa brinde apoyo político y se mantenga atento al proceso jurídico y a las líneas de investigación que la evidencia ya ha revelado.

En este escenario, las hermanas Villavicencio señalaron a la Revolución Ciudadana. “Asistimos, entre la perplejidad y el estupor, a un obsceno espectáculo donde delincuentes sentenciados, como Rafael Correa, comunicadores que planeaban escribir libros en coautoría con narcotraficantes, como Andersson Boscán de La Posta con el narcotraficante Leandro Norero, y los presuntos autores intelectuales del magnicidio de nuestro padre, como Xavier Jordán, se atreven a dar cátedras de ética y moral al país”, escribieron.

También solicitaron que se impulse, desde la Fiscalía y la Asamblea, un seguimiento al financiamiento de las campañas electorales de la Revolución Ciudadana “rastreando sus posibles vínculos con cárteles internacionales, como el Cártel de Los Soles y el Cártel Jalisco”.

Sobre el Acuerdo Ético Nacional En su propuesta, Amanda y Tamia plantearon la apertura de un diálogo nacional sincero con todos los actores políticos y sociales que, más allá de sus diferencias ideológicas, compartan el principio irrenunciable de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

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