Cilia Flores construyó su influencia en Venezuela a lo largo de más de 30 años en cargos públicos, control institucional y una amplia red de familiares y aliados. Un informe de Transparencia Venezuela detalla cómo ese proceso la llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del chavismo, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, su esposo.
Su trayectoria comenzó en los años noventa como abogada vinculada al entorno de Chávez. Con la llegada del chavismo al poder, pasó a ocupar cargos como diputada desde el año 2000, jefa de fracción oficialista, presidenta de la Asamblea Nacional en 2006 y posteriormente procuradora general de la República.
Su papel tuvo especial relevancia en 2013, cuando facilitó la transición tras la muerte de Chávez y respaldó la consolidación de Maduro en el poder. Desde entonces, aunque en ciertos períodos redujo su exposición pública, el informe señala que continuó participando en la estrategia política del oficialismo.
Uno de los pilares de su influencia ha sido su entorno cercano. Transparencia Venezuela identifica al menos 30 familiares en su círculo, con cerca de 17 ocupando cargos públicos en distintas etapas.
Estos familiares han tenido presencia en instituciones como Pdvsa, el Cicpc, el Saime, la Procuraduría, la Tesorería Nacional y programas estatales. Incluso, versiones citadas en el informe indican que entre 407 y 478 familiares cercanos llegaron a formar parte de la nómina de la Asamblea Nacional.
Entre las figuras más relevantes aparecen sus hijos Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, varios de ellos sancionados por Estados Unidos, así como su sobrino Carlos Erik Malpica Flores, quien ocupó simultáneamente cargos estratégicos vinculados al manejo de recursos públicos.
Su influencia en el sistema de justicia
El informe también describe cómo este entramado familiar se extendió a posiciones en el sistema judicial y organismos de control, consolidando una estructura alineada complaciente al régimen.
El documento sostiene que Cilia Flores tuvo influencia en la conformación del sistema judicial venezolano, especialmente en la designación de magistrados y autoridades afines. Esto permitió que las decisiones no interfirieran con los objetivos del chavismo.
Se mencionan en la investigación casos de magistrados vinculados a su entorno que participaron en decisiones como la anulación de competencias del Parlamento opositor o la validación de procesos electorales cuestionados, como la asamblea nacional constituyente o las presidenciales de 2024.
122 empresas en su entorno
Transparencia Venezuela también señaló que identificó 122 empresas vinculadas a su entorno familiar, registradas en países como Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Singapur e Islas Mauricio.
Estas compañías abarcan múltiples sectores: servicios inmobiliarios (22), financieros (19), construcción (10), medios de comunicación (8), importación, farmacéutico, transporte, minería y hasta entretenimiento.
El reporte advirtió que varias de estas estructuras han sido relacionadas con investigaciones por presuntos esquemas de corrupción, sobornos y lavado de dinero, así como con sanciones internacionales .
Entre los nombres más destacados figura Mario Bonilla Vallera, relacionado con operaciones financieras que habrían generado más de 1.200 millones de dólares mediante el sistema cambiario venezolano.
Otro caso es el del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, con al menos 24 compañías y contratos estatales por 769 millones de dólares, parte de los cuales habrían terminado en pagos a personas del círculo cercano de Flores.
El informe agrupa casos que involucran a familiares y aliados en tramas de corrupción. Entre ellos, el esquema conocido como Money Flight, relacionado con desvío de fondos de Pdvsa mediante operaciones cambiarias y transferencias internacionales.
También se mencionan vínculos con la trama de los CLAP e investigaciones sobre explotación de oro en el Arco Minero. Asimismo, relaciones con empresarios como Alex Saab y Álvaro Pulido, señalados en expedientes judiciales.
