El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado reinstaló la mañana de este domingo 2 de agosto la audiencia de juicio del caso Triple A, proceso en el que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, integra el grupo de 15 personas naturales y seis personas jurídicas acusadas por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles. La diligencia comenzó poco después de las 08:30 en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Durante la jornada, el Tribunal receptó de forma virtual los últimos testimonios anunciados por las defensas. Comparecieron Juan Alberto Santana Carrillo y el procesado Juan Dionisio Araujo Saldarriaga, quien rindió una declaración voluntaria. En cambio, no pudo intervenir Nicole Bermúdez Peña, debido a que la Policía Nacional informó que no logró ubicarla para que compareciera a la diligencia judicial.
Con estas intervenciones concluyó la práctica de las pruebas presentadas por las defensas de las 15 personas naturales y seis empresas procesadas. Posteriormente, el Tribunal declaró cerrado el debate probatorio y dio paso a la etapa de alegatos de clausura, considerada decisiva antes de que los jueces deliberen y anuncien si ratifican la inocencia o declaran la culpabilidad de los acusados. La Fiscalía General del Estado fue la primera en exponer sus argumentos finales.
En la diligencia también participan la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador, instituciones que intervienen como acusadores particulares. La ARCH señaló que su director ejecutivo encargado, Christian Puente, y el equipo jurídico de la entidad comparecieron en la reinstalación de la audiencia, que entró en su fase final.
Según la tesis de la Fiscalía, en el caso se habría operado un esquema de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de derivados de hidrocarburos, mediante empresas vinculadas a varios de los procesados. El juicio se desarrolla después de más de dos años de investigaciones y diligencias judiciales. La transmisión pública permaneció suspendida durante los testimonios reservados y debía habilitarse en el canal de YouTube de la Función Judicial con el inicio de los alegatos finales, conforme a las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
