La memoria de la tragedia del local Jet Set que sacudió a Santo Domingo el 7 de abril de 2025 cobró vigencia una año después de lo ocurrido. La difusión de videos, captados por las cámaras de seguridad del lugar, aportó ángulos desconocidos sobre el desplome que dejó cientos de víctimas.
El material audiovisual, presentado por la periodista Camila García (CDN), permitió reconstruir la cronología de una catástrofe que dio señales claras antes de su desenlace definitivo.
Las grabaciones registraron incidentes específicos que precedieron al colapso total.
Alrededor de las 11:40 de la noche, las cámaras captaron la caída de fragmentos del plafón sobre el abogado Remberto Durán, quien semanas antes advirtió públicamente sobre las precarias condiciones del establecimiento.
El suceso golpeó con especial dureza a la comunidad venezolana residente en República Dominicana. Según reportes de medios internacionales y portales de noticias locales, varios ciudadanos venezolanos perdieron la vida y otros resultaron con lesiones permanentes durante la presentación del merenguero Rubby Pérez.
La presencia de migrantes en el recinto era habitual dada la popularidad del lugar, lo que convirtió este evento en un duelo binacional que movilizó a organizaciones de apoyo al migrante en la isla.
Jet Set, una secuencia de negligencia
El registro visual mostró una interacción clave entre el colaborador Gregory Adames y Maribel Espaillat, copropietaria del lugar.
Esta secuencia respaldó los testimonios de empleados que aseguraron haber alertado sobre riesgos inminentes sin recibir respuesta operativa.
Mientras la música continuaba, las imágenes revelaron signos de inquietud entre el personal y los músicos, quienes observaron anomalías en la estructura minutos antes de las 12:47 de la madrugada, momento exacto del derrumbe total.
La aparición de este material generó una reacción inmediata entre los familiares de las víctimas dominicanas y venezolanas.
La exigencia de justicia se centró en la responsabilidad penal de la administración, pues los videos demostraron que el local operó bajo condiciones de riesgo conocido.
Un año después, estas pruebas dejaron de ser simples registros de seguridad para transformarse en piezas fundamentales de un expediente que buscó determinar por qué no se detuvo la actividad ante la evidencia del deterioro estructural.
