La tensión se tomó los exteriores de un colegio, en el sur de Quito, la tarde del 8 de junio de 2026. Padres de familia llegaron hasta el plantel para denunciar presuntos casos de abuso sexual contra estudiantes y exigir respuestas de las autoridades educativas.
El caso se hizo público a través de transmisiones en vivo realizadas en TikTok por algunos representantes. En esos videos, padres de familia señalaron que los presuntos hechos habrían involucrado a varios estudiantes y apuntaron como sospechoso a un practicante de la institución. También aseguraron que las autoridades del plantel habrían tenido conocimiento de la situación.
¿Qué dijo la Policía?
Ante la gravedad de las denuncias, personal policial acudió a la unidad educativa. Sin embargo, desde el Distrito Eloy Alfaro de la Policía Nacional se indicó que, al tratarse de un hecho que actualmente se encuentra en proceso de investigación y que presuntamente involucra a menores de edad, la institución está obligada a garantizar la reserva de la información y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Policía también señaló que el pronunciamiento oficial sobre este caso le corresponde al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Esa cartera de Estado emitió un comunicado la noche del 8 de junio, en el que informó que, tras conocer una presunta situación de violencia sexual ocurrida en una institución educativa del sur de Quito, activó de manera inmediata los protocolos de protección y actuación establecidos para estos casos.
¿Qué medidas tomaron?
Según el Ministerio, la Dirección Distrital 17D06 Eloy Alfaro ejecutó acciones de atención, protección y seguimiento. Entre ellas constan la activación de rutas institucionales, la coordinación con autoridades competentes y el acompañamiento de equipos especializados del sistema educativo.
La entidad también aseguró que se dispusieron medidas de apoyo integral para el estudiante y su núcleo familiar, en articulación con servicios especializados de salud y protección. “La protección de niñas, niños y adolescentes es una obligación irrenunciable del Estado”, señaló la institución en el comunicado.
El Ministerio fue enfático al señalar que el sistema educativo “no será refugio” para quienes vulneren los derechos de los estudiantes. Además, indicó que toda denuncia debe ser investigada con el máximo rigor y que, de comprobarse responsabilidades, los implicados deberán enfrentar las sanciones penales correspondientes.
En el mismo pronunciamiento, la cartera de Estado informó que permanecerá vigilante al desarrollo del caso y mantendrá comunicación permanente con la familia afectada. También confirmó que la Fiscalía General del Estado desarrolla las diligencias e investigaciones respectivas, dentro del ámbito de sus competencias, para esclarecer los hechos.
