Según afirma el diario estadounidense The Wall Street Journal, la dictadura de Nicolás Maduro tomó la decisión de cancelar el acuerdo que tenía con el Gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, para la deportación de inmigrantes indocumentados.
El medio reporta que distintos funcionarios del Gobierno venezolano advirtieron, en privado, a la administración de Donald Trump que no aceptará el regreso de migrantes indocumentados. Esto después de que la Casa Blanca tomara la decisión de rescindir la licencia de Chevron para extraer petróleo de Venezuela, según confirmaron personas familiarizadas con el asunto a The Wall Street Journal.
A principios del mes pasado, el presidente Trump había confirmado un acuerdo, luego de que un enviado suyo se reuniera con el dictador venezolano, en el que el país suramericano aceptaría a decenas de miles de migrantes que habían huido del régimen debido a la agitación económica y la represión política.
En su momento, fue una victoria para el mandatario republicano, ya que los venezolanos son uno de los grupos más grandes de migrantes ilegales en Estados Unidos, y Maduro se había negado durante mucho tiempo a recibirlos.
Como parte del acuerdo, Caracas aceptó unos 360 venezolanos, quienes regresaron en las semanas posteriores, pero desde ese instante no se han vuelto a realizar vuelos desde el pasado 20 de febrero, con deportados, antes de que la Casa Blanca anunciara el cese de operaciones de Chevron en este país.
“Ahora, el acuerdo parece estar desmoronándose después de que la administración Trump le dio a Chevron 30 días para terminar sus operaciones en Venezuela”, dice The Wall Street Journal, por lo que dicha medida tomada por la dictadura de Miraflores, podría dificultar que Trump cumpla su promesa de deportaciones masivas de migrantes.
El cambio abrupto en la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela ha generado incertidumbre tanto en Washington como en Caracas sobre sus operaciones petroleras, debido a que otras compañías internacionales también están esperando directrices de parte del Departamento del Tesoro sobre si deben abandonar Venezuela.
La autorización a la petrolera de funcionar en Venezuela, en la administración de Joe Biden, tenía como objetivo utilizar las licencias petroleras como palanca para persuadir a Maduro de que tomara medidas para restaurar la democracia; lo cual terminó incumpliendo y robándose las elecciones. Pero la prioridad de la administración Trump era sacar a los migrantes venezolanos del suelo estadounidense lo más rápido posible.
A finales del mes pasado, un grupo legisladores republicanos de Florida comenzaron a presionar para que Estados Unidos terminara con las licencias petroleras en un esfuerzo por alejar a Trump de Maduro. La iniciativa se produjo cuando el liderazgo de la Cámara se preparaba para una votación sobre un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que serviría como marco para la agenda de Trump sobre impuestos, recortes de gastos y la frontera.
El grupo de Florida incluía a los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez. El también medio estadounidense, Axios, informó anteriormente sobre el esfuerzo del lobby republicano que terminó siendo un gran éxito.
