A las 12:50 del lunes 5 de enero de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para responder cuestionamientos relacionados con la seguridad de jueces, la renuncia del magistrado Carlos Serrano y presuntos audios que involucrarían a un funcionario judicial en supuestas presiones indebidas.
Godoy rechazó las acusaciones, calificó varias de ellas como “falacias” y defendió la actuación institucional del CJ.
“La Judicatura no dicta sentencias”, insiste Godoy
Antes de iniciar su intervención formal, Godoy se refirió a una fotografía difundida en redes sociales, la cual calificó como falsa.
Luego precisó las competencias del CJ:
señaló que la institución no dicta ni modifica sentencias, no investiga delitos, no imputa responsabilidades penales y no administra directamente la seguridad policial de jueces, función que corresponde al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.
Indicó que 47 jueces a escala nacional cuentan con seguridad estatal, de los cuales 19 están en Pichincha, y 15 pertenecen a la Unidad Anticorrupción.
El caso del juez Carlos Serrano: cronología y renuncia
Godoy dedicó parte de su comparecencia a explicar la situación del juez Carlos Serrano, vinculado a procesos judiciales de alto perfil, como los casos de alias Comandante y alias Negro Tulio, relacionados con bandas criminales.
Presentó una línea de tiempo de los hechos:
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24 de julio de 2025: sorteo que integra a Serrano en el tribunal del caso Triple A.
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3 de diciembre de 2025: Serrano solicita teletrabajo.
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4 de diciembre: presenta su renuncia irrevocable.
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8 de diciembre: se solicita al Ministerio del Interior el retorno de la custodia policial.
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12 de diciembre: vuelve a pedir teletrabajo.
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17 de diciembre: comunica que ese sería su último día laboral, pese a que su renuncia no fue aceptada aún.
Godoy explicó que la no aceptación inmediata de una renuncia responde a un análisis administrativo, cuyo objetivo es garantizar la continuidad de los procesos judiciales.
Aseguró que no se retiró deliberadamente la seguridad al juez Serrano.
Audios, Gaibor y acciones administrativas
Sobre los presuntos audios en los que el entonces funcionario Henry Gaibor habría presionado al juez Serrano para favorecer a un ciudadano serbio acusado de narcotráfico, Godoy afirmó que hasta el momento no existen elementos formales en la Fiscalía que confirmen su existencia.
Indicó que fue él mismo quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, solicitó la renuncia de Gaibor e impulsó acciones administrativas, aunque evitó mencionar su nombre durante la comparecencia.
Conflictos de interés y sanciones internas
Godoy negó tener conflictos de intereses y aseguró que, desde el inicio de su gestión, el CJ ha sancionado a 26 funcionarios judiciales por actuaciones que habrían afectado la institucionalidad.
Advirtió que varias de esas sanciones estarían vinculadas a casos relacionados con la bancada que impulsa su juicio político, en referencia al correísmo.
También cuestionó por qué el juez Serrano no presentó una denuncia formal en su momento y por qué otros actores optaron por pronunciamientos públicos en lugar de acudir a instancias legales.
Defensa personal y familiar
Godoy rechazó que se lo vincule con la defensa de narcotraficantes y negó que su esposa, María Dolores Vintimilla, haya ejercido la defensa del ciudadano serbio acusado, asegurando que renunció antes del inicio del proceso penal.
Sostuvo que las acusaciones buscan afectar su imagen y la de su entorno profesional, y señaló que incluso ha recibido reconocimientos internacionales por su lucha contra el narcotráfico.
