La trayectoria política de la oposición venezolana es como una suerte de montaña rusa en la que cada ascenso suele estar sucedido por una bajada vertiginosa con fuertes curvas.
En esa ruta probablemente la mayor subida ocurrió durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio cuando, de acuerdo con las actas publicadas por la oposición, su candidato, Edmundo González, obtuvo casi el 70% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro, quien buscaba permanecer en el cargo.
Las actas de la oposición fueron convalidadas por estudios independientes y por el Centro Carter, que envió una misión de observación internacional a Venezuela.
Adicionalmente, decenas de gobiernos optaron por no legitimar la reelección de Maduro, tomando en consideración que el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados pormenorizados de las votaciones ni permitió una auditoría internacional e independiente que permitiera verificar sus cifras.
Si las actas que avalan el triunfo de González son ciertas, la oposición obtuvo una victoria apabullante el 28J que debió haber abierto el camino para una transición política en Venezuela y que debió haberse concretado el pasado 10 de enero.
Pero eso no fue lo que ocurrió.
Ese día, Maduro se juramentó para cumplir un tercer periodo en la presidencia de Venezuela, mientras González permaneció en el extranjero donde se encuentra asilado desde septiembre de 2024 para evadir una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República, organismo afín al gobierno.
Así, las expectativas de cambio político en Venezuela terminaron de entrar en una fuerte caída que ya se había iniciado con la represión de las protestas postelectorales de la oposición -durante las cuales hubo según el gobierno más de 2.000 detenidos, incluyendo menores de edad-, que continuó con el exilio de González y que se ha visto marcada recientemente por la detención por razones políticas de 83 personas en los primeros 12 días de enero, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
Las autoridades venezolanas no han admitido que todas estas personas se encuentren detenidas. Y, cuando lo han hecho, suelen alegar que los arrestados estaban vinculados a algún plan desestabilizador.
Ante este escenario, ¿cuáles son las opciones que le quedan a la oposición en Venezuela?
¿El fin de las grandes manifestaciones?
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que, según la teoría política, los procesos de transición ocurren cuando hay unos niveles de presión que hacen que para el gobierno sea muy costoso permanecer en el poder.
«Si nos vamos a lo teórico, no habrá transición política mientras los niveles de presión no hagan que el gobierno considere que resulta mejor negocio, por decirlo así, negociar su salida del poder y tratar de obtener garantías, amnistía, lo que se pueda obtener, que mantener el poder», dice Alarcón.
«Normalmente, cuando un gobierno negocia su salida del poder es porque siente de alguna manera que no tiene las condiciones para sostener el poder y eso justamente es lo que no ha ocurrido en Venezuela», agrega.
Ante la consulta de BBC Mundo, el experto explica que siguiendo esa perspectiva teórica, quizá la opción que le queda a la oposición sea seguir con lo que ya estaba haciendo: intentar movilizar a la población internamente para generar presión, al mismo tiempo que busca coordinar con la comunidad internacional para que genere también presión desde afuera.
Pero el camino de la teoría a la práctica no está libre de obstáculos y, en este caso concreto, durante los últimos meses muchos analistas han destacado lo difícil que puede resultar ahora para la oposición ejercer presión interna a través de grandes manifestaciones de calle como las que ha realizado en el pasado, entre otros motivos porque -sobre todo tras la represión postelectoral- hay miedo a protestar.
De hecho, durante los últimos meses son muchos los venezolanos, incluso sin ningún tipo de activismo político, que han adoptado la práctica de borrar constantemente sus mensajes en WhatsApp y redes sociales para evitar la posibilidad de que funcionarios de los cuerpos de seguridad los detengan en la calle y terminen arrestándolos tras encontrar en sus celulares algún contenido político que consideren inapropiado.
A esto se suman las detenciones de periodistas y de defensores de derechos humanos como el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Carmen Beatriz Fernández, analista de la consultora Datastrategia IA y doctora en comunicación pública de la Universidad de Navarra, piensa que las grandes manifestaciones de calle ya no tienen tanto sentido.
«Creo que el 10 de enero marca una lógica distinta en la acción política para la oposición. Ahora necesitan cuidarse más. Empiezan a tener sentido otras cosas más pequeñas, realizadas por organizaciones menos verticales, menos visibles, a escala micro y semi-independientes, como modelo de organización de acción política», apunta.
Colette Capriles, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, indica que probablemente en este momento la oposición atenderá, sobre todo, a la preservación de los partidos y de todos los liderazgos.
Reconstruir las capacidades políticas
Luego de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, el desánimo se ha propagado en una parte de la oposición y han circulado mensajes que, en algunos casos, cuestionan incluso los esfuerzos que se hicieron de cara a las elecciones del 28 de julio.
En ese sentido, Capriles indica que ese evento fue muy importante como expresión clara de la voluntad del pueblo.
Considera que quizá a la oposición le convendría hacer recuento de una serie de activos de los que aún dispone.
«El ánimo de la gente para ir a votar y, luego, defender su voto y contribuir por un trabajo colaborativo a tener ese capital político es algo que siempre hay que considerar. Ese es el gran activo para empezar», señala.
Capriles piensa que en Venezuela los partidos políticos y, en general, los actores políticos están nuevamente frente al dilema de reconstruir sus capacidades, sus relaciones con las bases y con los ciudadanos.
«Ahí también va a ocupar probablemente un lugar importante la capacidad de la propia sociedad civil, de los movimientos sociales», apunta.
La experta cree que el momento actual demanda nuevas estrategias y mucho liderazgo de parte de la oposición.
«El liderazgo no es poner mensajes en redes sociales. Eso forma parte, pero creo que la gente quiere también ser escuchada y asegurarse de que todo no está perdido. Ahora hay un momento emocional, pero después viene la vida cotidiana y ahí es donde las personas se enfrentan con las cosas que les hicieron votar contra Maduro», señala.
Explica que a la oposición le convendría entender qué fue lo que movió la gente a votar.
«La gente vota contra el estado actual de cosas, por lo que la oposición tiene la posibilidad de capitalizar el deseo de cambio, valorarlo y fortalecerlo», indica.
Cohesionar a los descontentos
Desde hace varios años, una visión predominante en la oposición venezolana es que hace falta debilitar la cohesión en torno a los actores que apoyan al gobierno de Maduro.
Ese fue un elemento clave en la política de sanciones aplicada durante el primer gobierno de Donald Trump que con su discurso de «todas las opciones están sobre la mesa» buscaba crear fisuras entre los actores que respaldan a Maduro.
Advierte que ese enfoque implica mucho esfuerzo, mucho liderazgo y una relación distinta incluso con la opinión pública, pues tal vez el trabajo no tenga que venir dado simplemente por declaraciones públicas, sino más bien de la vinculación cotidiana con la gente.
«Todo esto implica el abandono de una promesa de cambio inmediato y eso es quizás el precio más caro que la oposición tendría que pagar. Parte del entusiasmo tal vez de la gente era ver la victoria como muy cerca y ahora esto se ha alejado», indica.