Tras la denuncia presentada a principios de este mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la familia de Kelly Knight, ciudadana estadounidense hallada muerta en Medellín en 2019, habló con Latin America Reports sobre lo que la denuncia describe como “impunidad en el presunto feminicidio” de su hija por parte del “Estado colombiano”.
El 19 de julio de 2019, Knight, de 34 años, fue hallada muerta en su apartamento en Medellín. Según la denuncia, desde su matrimonio con un hombre no identificado en 2018, Knight fue presuntamente víctima de un patrón de violencia doméstica continuada, incluyendo un episodio la noche anterior a su muerte.
Los abogados que representan a la familia afirman que el 18 de julio, mientras se hospedaba con su esposo en un hotel en la localidad de Doradal, a pocas horas de Medellín, el personal del hotel «alertó a la policía tras escuchar gritos». La denuncia indica que la policía «no respondió» y que Knight fue arrastrada por el asfalto por su esposo, según conversaciones documentadas entre la víctima y su amiga.
Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima en su apartamento de Medellín al día siguiente, “en circunstancias que hasta el día de hoy no están claras”, la denuncia alega que en 2019 se abrió una investigación preliminar por sospecha de feminicidio, pero que desde entonces el caso se ha “estancado” sin que se hayan presentado cargos formales ni se hayan producido detenciones.
Señales de alerta que no fueron atendidas
La denuncia de la familia acusa a Colombia de no haber «prevenido, investigado ni determinado la responsabilidad por el presunto feminicidio». La familia también considera al esposo de Knight como uno de los principales sospechosos.
“Estaba a punto de irse cuando la mataron, muy cerca. Encontramos una carta en su apartamento, en el cubo de la basura, donde le decía exactamente eso a [su marido]. Y no sé si la arrugó y la tiró; no estoy del todo seguro. Simplemente la encontramos en el cubo de la basura y se la entregamos a los investigadores”, declaró Ray Knight, su padre, a Latin America Reports .
“Nos contaba cada vez que pasaba algo”, añadió. “Quería volver a casa en varias ocasiones”.
Los abogados de la familia de Knight afirman que, a pesar de la gravedad de los incidentes de abuso denunciados, las autoridades colombianas no proporcionaron «medidas de protección, apoyo psicosocial, una evaluación adecuada de las amenazas en su contra ni investigaciones oportunas sobre estos hechos hasta después de su muerte».
“Hubo varias señales que alertaron a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo”, declaró Ignacio Javier Álvarez Martínez, director ejecutivo de IHR LEGAL, el bufete de abogados que representa a la familia, a Latin America Reports . “Pudieron haber hecho algo al respecto, pero no lo hicieron”.
Una escena del crimen chapucera
Según los abogados de la familia, cuando las autoridades comenzaron a investigar la muerte de Knight, elementos clave de la escena del crimen ya se habían visto comprometidos.
“El cuerpo de Kelly fue trasladado. No se grabó ningún vídeo de la escena del crimen”, declaró Mariana Hernández, otra abogada de la familia, a Latin America Reports .
“La ropa de cama quedó destruida y su ropa fue devuelta a la persona principal de interés [el marido]”, añadió.
Su familia también describió lo que vieron dentro del apartamento como una escena del crimen caótica y poco profesional.
“No lograron acordonar la zona. Estaba llena de gente mientras las autoridades estaban dentro”, declaró su madre, Lee Knight, a Latin America Reports .
Según indicaron, algunas de las pruebas forenses más importantes también se vieron comprometidas.
“Manejaron de forma negligente muestras de sangre importantes”, dijo Álvarez, señalando que la cantidad limitada recolectada se utilizó de manera que impidió realizar más pruebas en el extranjero.
“[Su marido] nos dijo que tiró la ropa de cama”, dijo el padre de Knight. “Dijo que estaba sucia”.
La familia también declaró a Latin America Reports que un representante del equipo legal que intentaba recuperar las pertenencias de Knight tras el asesinato fue agredido violentamente por el esposo de la víctima. Según indicaron, no se presentaron cargos por ese presunto incidente.
Los abogados de la familia argumentan que las supuestas deficiencias en la escena del crimen debilitaron la investigación y pueden haber socavado de forma permanente cualquier capacidad para determinar qué le sucedió a Knight.
Latin America Reports se puso en contacto con la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín para obtener comentarios sobre el caso, pero no ha recibido respuesta al momento de la publicación.
IHR Legal, el bufete de abogados que representa a la familia, afirmó que Colombia aún no ha emitido una respuesta oficial a la denuncia porque la CIDH todavía no la ha presentado oficialmente al Estado, un proceso que puede tardar varios meses.
Los padres de Knight también lamentaron haber sido excluidos de la información relacionada con la investigación sobre la muerte de su hija.
“No tuvimos comunicación directa con el fiscal ni con el médico forense”, dijo su padre. “No nos consultaron sobre nada”.
La madre de Knight dijo que las autoridades les comunicaron que no podían compartir los resultados de la investigación.
“Nos dijeron que no podían informarnos de nada”, dijo. “Éramos los padres; solo queríamos saber qué le había pasado a nuestra hija”.
Feminicidios en Colombia
El caso de Kelly Knight no es un incidente aislado. En los últimos meses, múltiples casos de asesinatos por motivos de género en toda Colombia han puesto de manifiesto las persistentes deficiencias en la prevención y la rendición de cuentas, y los defensores de los derechos humanos advierten que la impunidad sigue siendo una característica definitoria en muchas investigaciones.
Tan solo en los primeros tres meses de 2025, se registraron más de 5.300 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y más de 3.800 casos de mujeres víctimas de violencia sexual, la mayoría de las cuales eran niñas o adolescentes.
Un estudio realizado en 2024 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia reveló que el sexismo y la violencia contra las mujeres se ven impulsados por una sociedad patriarcal persistente en Colombia, donde las mujeres son posicionadas como la «madre abnegada» o la «esposa sumisa», mientras que los hombres son posicionados con dominio y fuerza.
Además, el estudio también demostró que la hipersexualización de las mujeres, la glorificación de los hombres «fuertes» y «dominantes», y la narrativa de los roles de género tradicionales refuerzan los patrones que se replican en la sociedad.
En el caso de Kelly Knight, los abogados argumentan que se dio prioridad al testimonio de su esposo sobre el de la familia de la víctima.
“Su relato se repite varias veces en el expediente”, dijo Hernández.
Según los abogados, la versión de los hechos del marido incluía afirmaciones de que Knight tenía problemas de drogadicción e inestabilidad, aseveraciones que, según ella, no estaban respaldadas por pruebas.
“Él dijo que ella estaba ‘loca’ o que era ‘drogadicta’, y no hay ninguna prueba de ello”, añadió Hernández.
A pesar de ello, argumenta el abogado, las autoridades se basaron en gran medida en su testimonio para construir el caso, ya que era el testigo principal, pero ignoraron la versión de la familia de la mujer.
“Basaron su investigación en lo que él les contó”, dijo. “Hay una falta de perspectiva de género tanto en la policía como en la fiscalía”.
¿Qué le depara el futuro a la familia Knight?
Tras seis años, la familia Knight, insatisfecha con el desarrollo de la investigación en Colombia, presentó una denuncia formal ante la CIDH el 2 de marzo de 2026.
Según el derecho internacional, las víctimas generalmente deben agotar los recursos legales internos antes de recurrir a órganos judiciales internacionales. Sin embargo, existen excepciones cuando las investigaciones sufren retrasos prolongados o no producen avances significativos.
“Tras un período razonable sin avances significativos, no hay que esperar”, dijo Álvarez, el abogado.
La Comisión debe ahora determinar si admite el caso y notificar formalmente al Estado colombiano, que entonces tendrá la oportunidad de responder.
“Parte del objetivo de presentar la denuncia es presionar al estado para que haga algo al respecto”, dijo Álvarez, y agregó que el proceso podría obligar a las autoridades locales a impulsar la investigación.
Más allá de este caso particular, afirmó, las implicaciones podrían ser más amplias. “Este caso podría ser paradigmático para Colombia y la región”.
Para los padres de Knight, sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo.
“Intentaremos por todos los medios averiguar qué pasó”, dijo su padre. “Llegaremos al fondo del asunto si podemos”.
Artículo escrito por Isabel Ramelli en Latin America Reports. Versión en castellano para El Nacional
