Un reciente escándalo se destapó en la familia presidencial de España, luego de que Inspección de Trabajo, del país europeo, sancionara al empresario Francisco Enrique Gómez, quien es el tío de Begoña Gómez, la esposa del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, debido a que Francisco se habría lucrado de un burdel que operaba en una de sus propiedades.
Según la investigación, más de una docena de mujeres que trabajaban allí lo hacían de manera irregular: no tenían contrato y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Además, el prostíbulo es el mismo en el que la policía del país había desarticulado una banda de explotación y trata de personas, el cual tenía secuestrada a una mujer de Rumania a la que obligaban a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte.
La sanción para el empresario acarrea una multa de hasta 66.338 euros (al menos 74.000 dólares), de acuerdo con el medio El Debate, que tuvo acceso a la decisión de la Inspección de Trabajo. Los hechos se produjeron luego de una indagación aleatoria al prostíbulo llamado Kilómetro Ochenta, que está ubicado en el municipio de Ituero y Lama, a 88 kilómetros de Madrid.
Al ingresar, las autoridades encontraron a once mujeres, entre ellas brasileñas, colombianas y nigerianas. Luego de hablar con ellas, los agentes determinaron que existía “una relación de ajenidad y dependencia” entre aquellas mujeres y el prostíbulo, propiedad del empresario y tío de la primera dama del gobierno.
De acuerdo con la información de los inspectores, las mujeres “estaban sometidas a jornadas maratonianas en el marco de una explotación laboral encubierta”. También evidenciaron que las once mujeres vivían y trabajaban en el local, desde las cinco de la tarde hasta las tres de la mañana. Además, residían en el país sin la documentación legal.
El expediente de la inspección también demuestra que a las mujeres únicamente se les daba el 50 % del consumo de cada cliente, por lo que su sustento dependía de la cantidad de copas de trago que compraran las personas en aquel lugar, pero cumplían con un horario establecido, por lo que Inspección del Trabajo decidió sancionar a la empresa San Bernardo 36 SL, con la cual Gómez gestionaba el burdel.
La penalización surgió debido a que las mujeres extranjeras estaban trabajando allí sin la autorización legal para trabajar en el país. Lo que, según la agencia del trabajo, es una “infracción muy grave”. Sin embargo, poco se comentó del hecho de que estas fueran sometidas a trabajos sexuales, lo que sumaría a la controversia del establecimiento.
Francisco Gómez, en su defensa, aseguró que “las chicas no eran prostitutas, sino clientas”, e intentó rechazar la medida al argumentar que cuando las mujeres fueron entrevistadas por los agentes, no estuvo presente ningún intérprete. No obstante, los inspectores ignoraron el alegato, y aseveraron que todas “hablaban y comprendían perfectamente el idioma”.
En 2016, en aquel mismo establecimiento: Kilómetro Ochenta, la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional desmontó a una banda que se dedicaba al tráfico y la explotación sexual. De hecho, una sentencia del Tribunal Supremo indica que una mujer rumana, que estaba secuestrada en el prostíbulo, trabajó en la local propiedad de Francisco Gómez. En ese momento, Gómez fue condenado a tres años de prisión.
En el registro al lugar también se hallaron armas de fuego y balanzas destinadas para pesar drogas, de acuerdo con un reporte de El Debate.
