La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó que el Estado implementará evaluaciones semestrales para los cerca de 490.000 servidores públicos del país. Quienes no superen las pruebas tendrán una segunda oportunidad y, de no aprobar, enfrentarán un proceso de desvinculación. La medida busca fortalecer la eficiencia y transparencia en la administración pública.
En una entrevista para Ecuador TV, la ministra de Trabajo afirmó que esta cartera de Estado tiene un plazo de 45 días para elaborar la normativa técnica y jurídica que regirá la evaluación de los servidores públicos a nivel nacional.
Las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que entraron en vigencia tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública, buscan establecer un mecanismo de evaluación para medir el desempeño de los funcionarios públicos.
Núñez detalló que en 2022 se evaluaron a 116.917 servidores de un total de 134 instituciones. De ellos, 48.809 obtuvieron calificaciones excelentes, mientras que 1.001 alcanzaron apenas la nota mínima para aprobar.
Sin embargo, la ministra señaló que aún no se ha logrado evaluar ni al 40% del total de servidores públicos del país, cifra que asciende a aproximadamente 490.000 trabajadores.
Las evaluaciones, explicó Núñez, se realizarán dos veces al año. Los funcionarios que no aprueben en la primera evaluación deberán someterse a una segunda prueba. Si no logran superarla, se abrirá un sumario administrativo que podría derivar en su desvinculación del sector público. “Las evaluaciones deben arrojar resultados entre 30 a 60 días para permitir una segunda oportunidad y garantizar el derecho al debido proceso”, precisó la ministra.
En lo que va del año, el Ministerio de Trabajo ha desvinculado a 25 servidores públicos, 16 de ellos por abandono injustificado de sus funciones, informó Núñez.
La ministra también se refirió a la jubilación patronal de profesores universitarios
La ministra también se refirió a la jubilación patronal y señaló que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios decidió abordar este tema en mesas técnicas y brindar acompañamiento tanto a empleados como a empleadores. “Veremos si es posible alcanzar acuerdos sobre un porcentaje del salario básico unificado o de la remuneración mensual que permita establecer un aporte. Lo importante es evitar los despidos”, destacó.
Sobre la jubilación de los profesores universitarios en instituciones públicas, Núñez indicó que el beneficio se aplicará a los 75 años, permitiendo que los docentes sigan trabajando y accedan a la bonificación establecida desde 2008. El Estado ha pagado USD 244 millones por este concepto, tras varios años de retraso. En lo que va de 2025, ya se han desembolsado USD 69 millones para este fin.
