El aumento de cinco centavos en el pasaje de los buses de Quito parece pequeño, hasta que se multiplica por tres o cuatro viajes al día. Ese ejercicio ya lo hizo Juan Montero, quien está próximo a comenzar su carrera universitaria en Gastronomía y anticipa que deberá ajustar sus gastos e incluso caminar algunos tramos para ahorrar.
“Me toca tomar entre tres y cuatro buses. Hace unas semanas hice las cuentas y me salía no más de 1,50 dólares en pasajes, pero con este cambio debo replantear mi economía o en algún tramo caminar”, contó.
Su preocupación es la seguridad. Según Juan, caminar para evitar uno de esos pasajes podría exponerlo al atravesar un sector que considera peligroso. “Es injusto para unos estudiantes que deban tener este incremento sin contar con una opción más eficaz y barata”.
El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el martes 8 de septiembre el nuevo régimen tarifario. El precio del pasaje de buses y del Metrobús-Q pasará de 35 a 40 centavos. El cambio entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. Hasta entonces se mantiene el precio de 35 centavos por pasaje.
Montero afirma que para él, los cinco centavos adicionales representan 20 centavos más cada día. En 20 días de movilización serían cuatro dólares adicionales.
Reclaman mejoras
Monica Estévez utiliza diariamente los buses que circulan por la avenida Simón Bolívar y dice que la inseguridad, especialmente durante la noche, es uno de sus principales problemas. “No estoy de acuerdo porque la atención en los buses es pésima. Hay inseguridad, robos en los buses”, se quejó.
Gloria Ampuero tampoco cree que el servicio actual justifique pagar más. “Las unidades en las que me subo no las limpian bien. Van a la carrera”, señaló. Para ella, antes del incremento debería existir una mejora en la calidad ofrecida al público.
Ernesto Palomino mira la medida desde dos lados. Considera que una mejora económica del sector podría resultar positiva, pero cuestiona que el usuario no reciba un servicio comparable con otros sistemas de transporte de la capital.
“Los buses se pasan el (semáforo en) rojo, no ayudan a la gente, más que todo a discapacitados”, dijo y advirtió sobre estudiantes que, ante mayores gastos, podrían terminar caminando para evitar pagar otro pasaje.
¿Qué recibirán a cambio?
La ordenanza establece precisamente nuevas obligaciones para las operadoras. Hasta el 31 de diciembre de 2026 deberán implementar el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y el Sistema de Información al Usuario (SIU), y mantenerlos operativos. El Sistema Integrado de Recaudo (SIR) tendrá un plazo máximo de ocho meses desde la sanción de la norma.
El documento endurece además los controles. Las unidades deberán someterse a una inspección técnica anual de sus condiciones y elementos de seguridad. No aprobarla representa una multa equivalente al 50 % de una remuneración básica unificada y la suspensión de la habilitación operacional.
Incumplir la implementación de los sistemas tecnológicos también puede tener consecuencias sobre los títulos habilitantes de las operadoras.
Mientras tanto, para evitar que el aumento llegue al usuario durante lo que resta de 2026, se creó un mecanismo económico temporal para los propietarios de unidades. La asignación tendrá un tope de 8.000 dólares por vehículo, estará condicionada al cumplimiento de requisitos y se pagará mensualmente.
Si un beneficiario incumple en determinado mes, no podrá reclamar después ese pago.
Una ayuda a los estudiantes
La Secretaría de Movilidad del Municipio capitalino dispone de cinco meses para elaborar estudios que determinen si es viable implementar una tarifa diferenciada para estudiantes universitarios de tercer nivel.
Primero deberán analizar su viabilidad, sostenibilidad y las condiciones para una eventual aplicación. Además, en un plazo de hasta dos meses se deberán realizar adecuaciones tecnológicas para recopilar información sobre los viajes que realizan estos estudiantes.
