Con 87 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 3 de septiembre las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, un paquete que introduce nuevas reglas para los servicios de delivery, las motocicletas eléctricas, los scooters, los fotorradares y el control de las carreteras. La propuesta obtuvo además 50 votos en contra y dos abstenciones, luego de un debate que se extendió por cerca de cuatro horas.
Uno de los principales cambios es la creación de un Registro Nacional de Delivery, administrado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y conectado con los gobiernos municipales. Los repartidores deberán contar con mecanismos de identificación física y digital, utilizar cascos homologados, chalecos reflectivos y mantener visible la identificación del vehículo. También se prevé un código QR que permitirá consultar información del conductor y del servicio al que pertenece.
Sin embargo, el Pleno dejó fuera una sanción que originalmente se planteaba para quienes realizaran entregas en motocicletas sin estar registrados. La denominada reformatoria sexta, que contemplaba una multa equivalente al 15 % de un salario básico unificado y la reducción de 4,5 puntos en la licencia, recibió 135 votos en contra y tres abstenciones, por lo que no formará parte del texto aprobado.
Las reformas también establecen controles para la micromovilidad eléctrica. Las motocicletas eléctricas deberán contar con matrícula y placa, mientras sus conductores tendrán que portar licencia. Para quienes utilicen scooters eléctricos se establece la obligación de emplear cascos homologados, y la ANT deberá definir requisitos técnicos relacionados con aspectos como llantas y sistemas de iluminación. El proyecto contempla además registros para estos medios de transporte y parámetros sobre los espacios en los que podrán circular.
El paquete incluye otros cambios como un registro único vehicular digital, un sistema interoperable para el cobro de peajes, la revisión de la homologación de los fotorradares y nuevas reglas para evitar contratos en los que las empresas privadas reciban porcentajes de las multas generadas. Además, el Ministerio del Interior, a través de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), tendrá un papel reforzado en el control de la red vial estatal. La reforma contempla 78 artículos reformatorios y ocho nuevos artículos y, tras su aprobación legislativa, deberá continuar el trámite correspondiente antes de entrar en vigencia.
Estas son las claves para entender la Ley de Tránsito
Cambios para los municipios y los fotorradares
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) podrá evaluar la gestión de los municipios con competencias en tránsito. Si se detectan incumplimientos, falta de capacidad operativa o irregularidades (como en matriculación), podrá suspender temporalmente esas atribuciones.
Con las reformas además se abre una posibilidad para que los GAD que no han accedido a esta competencia puedan ejercer a través de medios tecnológicos.
El Ministerio del Interior formaría parte del Directorio de la ANT. Según Valentina Centeno, asambleísta de ADN -en entrevista con Teleamazonas-, esto permitirá coordinar las acciones entre las entidades como el Ministerio del Interior, el ECU911, la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional y los municipios.
Las regulaciones en los fotorradares
Los fotorradares deberán cumplir con condiciones específicas de autorización, señalización y operación. Se elimina la posibilidad de que su contratación con empresas privadas esté vinculada a la recaudación de multas.
El uso de medios tecnológicos será de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), calificados en el modelo de gestión tipo A y certificados por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT).
Los GAD tipo A son aquellos que asumieron la competencia del tránsito de forma integral; incluyen el control de las vías con sus agentes civiles de tránsito.
¿Cómo se regularán los fotorradares? Cuando se coloquen estos dispositivos se deberá contar con la señalización necesaria tanto vertical como horizontal visibles. La distancia será de mínimo 500 metros antes de llegar al dispositivo. La idea es que estos fotorradares deben ser instrumentos preventivos y de seguridad vial.
Implementación del sistema unificado de peajes
La creación de un Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes es parte del paquete de reformas a la Ley de Tránsito. Se tratará de una plataforma tecnológica nacional obligatoria para los sistemas de peaje públicos, concesionados, delegados o administrados bajo cualquier modalidad.
El sistema estará administrado por la ANT y se buscará estandarizar los mecanismos de identificación, control y pago. Además de centralizar la información operativa y financiera; fiscalización de la recaudación; reducción del tiempo de espera y congestión vehicular.
Identificación electrónica de los vehículos
Con ello se creará un dispositivo electrónico de identificación vehicular obligatorio para identificar, verificar y controlar a los vehículos a escala nacional. Los datos serán administrados por la ANT, en coordinación con la Policía Nacional y el ECU911.
