La nueva ley permitirá que empresas y personas naturales destinen parte de su Impuesto a la Renta a la construcción o financiamiento de viviendas de interés social.
La normativa crea incentivos tributarios para que el sector privado participe en la entrega o financiamiento de soluciones habitacionales dirigidas a familias de bajos ingresos.
Además, la norma permitirá canalizar recursos privados hacia la construcción de casas de interés social o al financiamiento parcial de estas. Se aprobaron dos tipos de beneficiarios: por un lado, las familias que requieren un subsidio total del Estado y, por otro, aquellas que pueden completar el valor de la vivienda con un crédito, siempre con apoyo parcial.
Entre los cambios incluidos también consta una ampliación sobre el uso de suelo para estos proyectos. La ley no solo contempla construcciones en terrenos estatales o en predios donados al Estado, sino también en lotes que pertenezcan a las propias familias beneficiarias. Además, si una empresa o persona decide donar viviendas o recursos para levantarlas, deberá existir previamente un convenio con el ente rector de vivienda.
