Una mujer de 95 años, identificada como Galina Smirnova, ha sido formalmente acusada de asesinato en segundo grado y posesión criminal de arma tras la muerte de su compañera de habitación, Nina Kravtsov, de 89 años, en el Seagate Rehabilitation and Nursing Center de Brooklyn, Nueva York.
Según la acusación presentada por la fiscalía, Kravtsov, quien sobrevivió al Holocausto y vivía en Estados Unidos desde hacía varios años, fue hallada herida gravemente en la cabeza tras un aparente altercado con Smirnova, la noche del domingo 14 de septiembre.
Testigos y personal del hogar de ancianos relatan que Smirnova fue encontrada poco después limpiándose las manos en el baño, con sangre en la bata y en las piernas, y que se halló un pedal metálico de la silla de ruedas cubierto de sangre dentro del cuarto, mientras que otra parte del mismo objeto apareció fuera del edificio, debajo de una ventana.
El médico forense determinó que la víctima falleció por un traumatismo contuso. Kravtsov fue trasladada al hospital NYU Langone Brooklyn, donde finalmente murió.
Aunque la acusación incluye cargos criminales, el estado mental de Smirnova se ha convertido en un punto clave. Pues se menciona que podría padecer demencia, lo que afectaría su capacidad para comprender los cargos o su conducta en los hechos.
El juez ordenó que Smirnova permanezca en custodia, y la defensa ha rechazado por ahora una evaluación mental solicitada por la fiscalía; aún queda por determinar si la condición cognitiva de la acusada influirá en el curso del juicio.
Este incidente pone en evidencia los riesgos asociados con el abuso en hogares de cuidado prolongado y plantea preguntas sobre la asignación de cuartos o el nivel de supervisión cuando conviven pacientes con deterioro cognitivo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de uno de cada seis adultos mayores de 60 años sufre alguna forma de maltrato al año, y las prevalencias tienden a ser mayores en entornos institucionales.
También es relevante que, en Estados Unidos, leyes federales como la Elder Abuse Prevention and Prosecution Act de 2017 refuerzan los mecanismos de protección legal frente al abuso físico, emocional y la explotación de adultos mayores, especialmente en residencias geriátricas.
El caso ha generado conmoción entre familiares de residentes y defensores de derechos de los ancianos, quienes demandan mayor transparencia en los protocolos de seguridad, supervisión y reparto de compañeros de habitación en instituciones dedicadas al cuidado de personas mayores.
