Según el comunicado del Departamento de Estado, la retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año.
“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto.
“Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, agregó.
“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado.
El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.
Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusación contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder.
Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida y tensa campaña.
Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupan a una quincena de países de la región.
Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.
Los sancionados
Entre los sancionados en Bolivia están el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, el ex magistrado Iván Ramiro Campero, el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Álvaro Nava (Chuquisaca), el coronel de Policía Frans Cabrera, y el empresario José Luis Iriarte.
Además, el Departamento de Estado “designa públicamente al Fiscal General boliviano Roger Mariaca por estar involucrado en corrupción significativa”.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó.
Además de esas personalidades, otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.
Otros cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados.
El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato las personas a las que se revocan la visa de entrada al país.
De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, y Martha Isabel Peralta, senadora del Pacto Histórico (izquierda).
En el Perú, el afectado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima. El magistrado declaró fundada en primera instancia una acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú y ordenó a Ositrán abstenerse de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del megapuerto de Chancay.
El magistrado sostuvo que, al tratarse de una infraestructura de titularidad y financiamiento privados, no correspondía aplicarle el régimen de regulación integral previsto para puertos públicos o concesionados; la única excepción contemplada fue la posibilidad de fijar tarifas a usuarios finales si Indecopi determina previamente que no existe competencia. Ositrán apeló la decisión y sostuvo que su competencia deriva del carácter de uso público del servicio, independientemente de que la infraestructura sea privada.
