Las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG) en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, fueron allanadas el miércoles 15 de julio por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Policía Nacional, dentro de una investigación por la presunta adjudicación irregular de un terreno ocurrida en diciembre de 2025.
La diligencia forma parte de un proceso que busca determinar posibles responsabilidades penales en la entrega de una escritura sobre un predio que, según la denunciante, permaneció durante 38 años en posesión de una misma familia, pero que finalmente fue adjudicado a un tercero que presuntamente no cumplía con los requisitos legales establecidos.
Durante el operativo, los agentes incautaron, bajo cadena de custodia, las computadoras asignadas al director distrital del MAG, a un exasesor jurídico de la institución y al servidor donde se almacena la información de los trámites realizados por la entidad desde el año 2016. Estos equipos serán sometidos a pericias como parte de la investigación.
El abogado de la presunta perjudicada aseguró que hace dos meses el actual director distrital del MAG reconoció, durante una entrevista con una emisora local, que la institución habría sido inducida a error durante el proceso de adjudicación del terreno. En aquella ocasión anunció que solicitaría a la Fiscalía investigar un presunto delito de perjurio y que iniciaría, de oficio, el trámite para declarar la nulidad de la escritura.
Sin embargo, la defensa sostiene que dichas acciones nunca se concretaron y que, por el contrario, el Ministerio estaría impulsando actuaciones judiciales para mantener vigente el título de propiedad cuestionado.
La Fiscalía de Sucumbíos mantiene bajo investigación al actual director distrital del MAG, a un exasesor jurídico y al exfuncionario técnico que realizó la inspección del predio por los presuntos delitos de perjurio y fraude procesal.
Durante el allanamiento no se registraron detenciones, debido a que los funcionarios investigados no se encontraban en las instalaciones al momento de la intervención.
La parte denunciante también sostiene que existen indicios de una presunta asociación ilícita entre servidores públicos y los particulares que solicitaron la adjudicación del terreno con el objetivo de obtener el título de propiedad de manera irregular.
Las investigaciones continúan mientras la Fiscalía recopila evidencias para esclarecer las circunstancias en las que se otorgó la escritura y determinar si existieron responsabilidades penales en este caso.
