El ministro del Interior, John Reimberg, denunció la presunta instalación de una “sala espejo” en oficinas del Municipio de Guayaquil, desde donde se habría tenido acceso privilegiado a los sistemas de videovigilancia de Segura EP, empresa pública municipal encargada de apoyar la gestión de riesgos y seguridad en la ciudad.
Según el funcionario, esta estructura habría sido habilitada en noviembre de 2024, mediante una solicitud formal realizada por correo electrónico institucional, cuando Guayaquil atravesaba una compleja situación en materia de seguridad. Reimberg sostuvo que una entidad financiada con recursos de los guayaquileños fue utilizada como una “verdadera sala de espionaje”, desviando capacidades que, a su criterio, debían estar al servicio de la seguridad ciudadana.
El ministro señaló que la instalación de esta sala se habría realizado con la anuencia de Fernando Cornejo, entonces presidente del Directorio de Segura EP, a quien vinculó políticamente con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y con el expresidente Rafael Correa. Las afirmaciones forman parte de una nueva acusación pública del Gobierno sobre el manejo de la infraestructura tecnológica de seguridad del Municipio.
De acuerdo con Reimberg, la conexión habría operado mediante un enlace privado de datos instalado en 2024 y a través de varias plataformas tecnológicas. Una de ellas, según dijo, estaría relacionada con Telconet. El ministro cuestionó que el acceso a una red de cámaras destinada al control urbano y la atención de emergencias haya sido habilitado fuera de los parámetros que, según el Gobierno, deben regir para este tipo de sistemas.
Entre los señalamientos más graves, Reimberg afirmó que los accesos fueron entregados a Franklin Asqui con perfil de administrador, lo que le habría permitido visualizar cámaras en tiempo real, manipular equipos PTZ, acceder y descargar grabaciones históricas, instalar software y consultar información georreferenciada de la red de videovigilancia.
El titular del Interior sostuvo que esta situación evidenciaría un uso de infraestructura pública para fines ajenos al interés ciudadano. “Nunca les importó Guayaquil, siempre estuvieron más preocupados por acumular poder, información y control político”, expresó el ministro en su pronunciamiento.
