La organización palestina Hamás emitió un comunicado dirigido a la milicia chií libanesa Hizbulá, en el cual exhortó a sus combatientes a intensificar los esfuerzos para capturar soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
La petición surgió como una reacción directa a la reforma legal aprobada por el Parlamento israelí, que impuso la pena de muerte por ahorcamiento a palestinos condenados por terrorismo en tribunales militares.
Hamás fundamentó su solicitud en la necesidad de lograr la liberación de los prisioneros palestinos y árabes que permanecieron en cárceles israelíes.
La organización argumentó que la aprobación de la ley de ejecución modificó las reglas del juego y obligó a todos los sectores de la nación islámica a tomar medidas drásticas.
«La lucha de nuestro pueblo demostró que el camino más corto para liberar a los prisioneros es la resistencia», señaló el documento, que también destacó los sacrificios realizados en la Franja de Gaza bajo esta premisa.
El comunicado, según EFE, instó específicamente a los combatientes de Hizbulá a «completar la misión» de captura, bajo la tesis de que solo la posesión de activos militares israelíes permitiría presionar a Jerusalén para detener las ejecuciones.
Para Hamás, la legislación representó el «último capítulo de la arrogancia sionista», sumado al cierre de la mezquita de Al-Aqsa y las agresiones contra los pueblos árabes.
Hamás responde a la justicia militar de la Knéset
El detonante de este llamado fue la decisión de la Knéset de obligar a los tribunales militares —donde se procesa exclusivamente a la población palestina de los territorios ocupados— a dictar sentencias de muerte por ahorcamiento en casos de asesinato calificado como terrorismo.
Esta medida, aprobada el lunes, generó una condena unánime en el mundo árabe y aceleró la coordinación entre los grupos que conforman el denominado «Eje de la Resistencia».
La solicitud de Hamás a Hizbulá elevó la alerta en la frontera norte de Israel, ante la posibilidad de incursiones terrestres o ataques dirigidos a unidades de patrullaje.
El grupo islamista concluyó que hacer que la ocupación rinda cuentas por sus crímenes, o al menos presionarla para que cese la aplicación de la pena capital, se convirtió en el «deber mínimo» de los pueblos libres del mundo.
