El régimen de excepción, medida impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir las pandillas en una llamada «guerra» contra esas bandas, cumple este viernes cuatro años de vigencia entre el respaldo por la reducción «histórica» de homicidios en el país, denuncias de violaciones de derechos humanos y muertes en cárceles.
La polémica medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), en el gobierno, como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.
La crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
La respuesta a esa ola de homicidios le granjeó a Bukele la reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad afirma que el régimen de excepción permitió combatir las maras, liberar territorios del dominio de esas organizaciones y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años uno de los más violentos del mundo
Sin embargo, la nación centroamericana venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.
Muertes en cárceles y denuncias de violaciones
La abogada Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció este viernes que en «este camino de régimen de excepción hemos tenidos una gran cantidad de violaciones a derechos humanos», y reveló que la organización ha registrado la muerte en cárceles del país de al menos 504 personas detenidas entre abril de 2022 y marzo 2026.
ONG contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos. La detención arbitraria figura en 98% de los casos, y en 75% de los atropellos comprometen a la Policía.
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, señaló en declaraciones a Efe que se cumplen «cuatro años de venir luchando para que se haga justicia y se libere a los inocentes». «Y no vemos respuesta, lo que vemos del gobierno es un silencio total, ataques y un régimen que elimina derechos humanos y garantías fundamentales».
El Congreso aprobó el jueves la prórroga 49 del régimen de excepción, durante el cual se habrían cometido violaciones de derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad», según juristas internacionales.
La justificación de esa ampliación en la vigencia de la medida ha sido «la aún existencia de grupos terroristas» que «de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos».
Durante el régimen de excepción, respaldado por cerca de 85% de la población, han sido detenidas más de 91.650 personas señaladas de ser pandilleros o tener vínculos con estas bandas.
