El reciente anuncio de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, a parte de su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton volvió a demostrar el poder que tiene la Casa Blanca para definir el tablero de juego internacional.
La noticia, aunque trastoca el escenario político latinoamericano y agrava aún más la ya delicada situación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, no ha sido la única que ha cobijado a mandatarios de orden internacional.
Bajo ese escenario, Petro no es el primer mandatario en ser incluido en la temida lista que, bajo el nombre formal de Specially Designated Nationals (SDN), ha incluido a figuras tan controversiales dentro de la política como Nicolás Maduro en Venezuela, Bashar al-Assad en Siria o altos magistrados brasileños. Cada caso ha representado un pulso entre el discurso de la soberanía y la maquinaria sancionatoria de Washington.
Detrás de esas designaciones hay algo más que simples medidas financieras: un mensaje político que combina geopolítica, derechos humanos y control moral sobre las élites globales.
En el caso colombiano, la inclusión de Petro, sus familiares y el ministro del Interior plantea un escenario crítico en la relación entre ambos países, porque es la primera vez en la historia del país que un presidente en ejercicio, elegido democráticamente y aliado de sectores progresistas, entra en el radar de una sanción que históricamente ha perseguido a dictadores, autócratas o gobiernos acusados de corrupción y narcotráfico.
En el caso de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue incluido en esta lista en 2017, cuando la Casa Blanca consideró que había roto el orden constitucional del país e instalado, de forma autoritaria, una Asamblea Nacional Constituyente. Varios miembros de su gobierno también están incluidos dentro de ese listado.
Antes de él, Daniel Ortega en Nicaragua enfrentó sanciones similares por la represión contra manifestantes y opositores. Más recientemente, el gobierno de Estados Unidos extendió la medida a Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusado de autorizar detenciones arbitrarias y censurar voces disidentes, y a su esposa Viviane Barci de Moraes.
Fuera del continente, la lista también ha marcado a líderes de Oriente Medio. En 2011, el presidente sirio Bashar al-Assad fue designado bajo la Orden Ejecutiva 13572 por su responsabilidad en la represión del pueblo sirio, una sanción que lo mantiene aislado del sistema financiero global.
