La denuncia contra la legisladora correísta Nuria Butiñá sumó nuevos elementos por presuntos “diezmos”, luego de que el Comité de Ética de la Asamblea Nacional calificara como “pertinentes y útiles” los chats, audios y comprobantes de transferencia incorporados al expediente.
Según la denuncia, la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC5) habría exigido presuntas contribuciones monetarias a un exasesor, quien también señaló un supuesto acoso y maltrato laboral. Butiñá insiste en que se trata de una “falsa acusación”.
En su sesión N.º 3, el Comité aprobó con cinco votos las pruebas de cargo presentadas por la asambleísta Mishel Mancheno. Por disposición del presidente del organismo, Johnny Lavayén, la resolución será notificada a las partes dentro del expediente.
Lo aprobado: pruebas de cargo
El Comité determinó que los elementos cumplen con los criterios de pertinencia, utilidad, conducencia, legalidad y decisión. Entre las piezas admitidas constan:
- Denuncia escrita del exasesor Iván Darío Castro.
- Audios alojados en un CD (conversaciones de WhatsApp).
- Capturas de mensajes (mayo–junio 2025).
- Conversaciones certificadas acompañadas de una transferencia bancaria del 10 de junio de 2025.
- Solicitud de certificación a la Dirección de Talento Humano sobre vinculaciones y desvinculación de personal.
- Tres nuevas pruebas incorporadas por la parte denunciante.
La defensa: pruebas de descargo
El Comité también conoció el listado de 21 pruebas de descargo de la asambleísta Butiñá y, con cinco votos, calificó las siguientes:
- Certificados bancarios de cuentas a nombre de Nuria Butiñá.
- Desmaterialización de correos institucionales.
- Declaración juramentada de la legisladora.
- Certificado de historial de dominio de un inmueble en Puerto Azul.
- Certificado del Registro de la Propiedad del DMQ.
- RUC con domicilio tributario.
- Credencial de asambleísta y registro de historial de tickets aéreos.
- Solicitud de información a la Superintendencia de Bancos sobre cuentas y movimientos de Iván Castro.
- Memorando a Talento Humano sobre pagos realizados al exasesor.
Versiones y señalamientos
El legislador Sergio Peña, miembro del Comité, señaló que “hay pruebas útiles y pertinentes como chats materializados que muestran este tipo de amenazas” y mencionó “chats clarísimos, transferencias y papeletas de depósitos”. Añadió que, de corresponder, el caso podría escalar a instancia penal una vez que el Comité traslade su investigación a Fiscalía. Peña informó, además, que “el exasesor habría recibido amenazas de muerte por parte de un familiar (de la asambleísta Butiñá)”, hecho que —dijo— será puesto en conocimiento de Fiscalía.
Desde la otra orilla, Nuria Butiñá calificó como “falsa denuncia de diezmos” la acusación de su exasesor, cuestionó que “parte de las pruebas no fueron recogidas” y afirmó que “llama la atención que un Comité de Ética pueda dejar sin defensa a un miembro de la Asamblea”. La legisladora sostuvo que el exasesor tenía sumarios disciplinarios y denuncias en anteriores funciones (según ella, archivadas), y dijo que “no sabía” que estaba descalificado para el cargo que ocupaba, al tiempo que cuestionó su desempeño laboral.
Peña, por su parte, precisó que algunas pruebas no fueron aceptadas —como títulos universitarios o declaraciones juramentadas— por considerarlas “inútiles” para el objeto del proceso.
¿Qué sigue?
Con la calificación de pruebas de cargo y descargo, el expediente continúa en el Comité de Ética, que deberá notificar formalmente a las partes, sustanciar audiencias y emitir un informe con recomendaciones al Pleno (sancionatorias o de archivo), según corresponda. Si el Comité remite antecedentes a Fiscalía, se abrirá una vía penal independiente.
Antecedentes de los “diezmos” en el Legislativo
Esta no es la primera vez que el Legislativo enfrenta denuncias de este tipo. En los últimos años, varios exasambleístas han sido sentenciados por el delito de concusión relacionado con los llamados “diezmos”:
– Norma Vallejo (Alianza PAIS): fue declarada culpable por exigir a sus colaboradores aportes entre el 10% y 50% de su salario. La Corte Nacional la sentenció a un año de prisión, multa y disculpas públicas.
– Bella Jiménez (Izquierda Democrática): ex segunda vicepresidenta de la Asamblea, fue condenada en julio de 2025 a 12 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el delito de concusión dentro del llamado Caso En Familia.
– Karina Arteaga (Alianza PAIS): recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión por exigir pagos a sus asesores para cancelar deudas personales y gastos de tarjetas de crédito. Un tribunal posteriormente le otorgó la suspensión condicional de la pena.
– María Alejandra Vicuña (Alianza PAIS): la exvicepresidenta fue sentenciada a un año de prisión y a pagar una indemnización, tras comprobarse que entre 2011 y 2013 exigió aportes a sus asesores cuando se desempeñaba como legisladora de Alianza PAIS.
Estos casos muestran cómo la práctica de pedir parte del sueldo a cambio de mantener cargos en el Legislativo se ha convertido en un patrón de corrupción dentro de la política ecuatoriana.
