Un video que se viralizó en redes sociales y generó cuestionamientos sobre un posible acto irregular en un procedimiento de tránsito terminó escalando a la vía penal.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que colaboró de manera inmediata con la Fiscalía General del Estado en la investigación que derivó en la prisión preventiva de un agente de tránsito, procesado por el presunto delito de concusión.
Según la información difundida por la entidad, el uniformado habría solicitado dinero en efectivo a un motociclista para evitar la retención del vehículo y la emisión de una sanción, pese a que el ciudadano conducía sin haber obtenido licencia.
Lo que se observa en el video
El caso cobró notoriedad pública luego de la difusión de una grabación en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un motociclista coloca lo que aparentemente sería dinero dentro del casco de un agente de tránsito, mientras ambos mantienen una conversación al costado de la vía.
El video fue captado, aparentemente, por personas que se encontraban en la parte alta de un inmueble cercano al sitio del hecho. Aunque el material no muestra todo el contexto del procedimiento, sí fue el elemento que encendió la alerta ciudadana y dio visibilidad al caso.
Cómo se activó la investigación
De acuerdo con la AMT, la investigación se activó tras una denuncia ingresada a través del ECU 911. Luego de eso, la Dirección de Asuntos Internos brindó acompañamiento inmediato al ciudadano para formalizar el proceso
La institución también indicó que puso a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional toda la información necesaria para el desarrollo de las diligencias.
El agente ya cumple prisión preventiva
La actualización oficial de la AMT confirma que el caso ya no está únicamente en el plano administrativo. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal por 30 días, mientras el agente cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad El Inca.
Con ello, el hecho pasó de una denuncia pública a una investigación penal en curso, con un funcionario procesado y privado de libertad mientras avanzan las indagaciones.
La causa se sigue por el presunto delito de concusión, una figura penal que se aplica cuando un funcionario público, aprovechándose de su cargo, solicita o exige dinero o beneficios indebidos.
