La Policía Nacional confirmó la aprehensión de Lucas Iván A. C., de 45 años, señalado como el presunto autor intelectual de una serie de extorsiones cometidas contra decenas de personas en la provincia de Los Ríos, principalmente en los cantones Babahoyo y Montalvo.
El operativo se ejecutó durante un allanamiento en Guayaquil, donde el sospechoso fue aprehendido. En el procedimiento, los agentes incautaron ocho teléfonos celulares, que habrían sido utilizados para enviar mensajes extorsivos a distintas víctimas. Según las investigaciones, desde estos dispositivos también se coordinaban atentados cuando los afectados se negaban a pagar las sumas exigidas.
El coronel William Calle, jefe de la Zona 5 de la Policía Nacional, explicó que las investigaciones se iniciaron tras varias denuncias presentadas por las víctimas, lo que permitió identificar el modus operandi del sospechoso y ubicar su paradero.
“Este ciudadano enviaba mensajes intimidatorios y, en caso de negativa al pago, presuntamente ordenaba incendiar taxis y buses”, señaló el oficial.
Uno de los hechos más graves atribuidos a esta red de extorsión fue la quema de tres buses de la cooperativa CITAM, cada uno valorado en más de 270.000 dólares. Las unidades fueron incendiadas mientras permanecían estacionadas en una gasolinera del cantón Montalvo, lo que generó pérdidas millonarias.
Uno de los propietarios relató que, durante la madrugada del sábado, recibió una llamada en la que le informaron que su bus estaba envuelto en llamas y que no era posible controlar el fuego. Al llegar al sitio, los dueños constataron que las unidades quedaron completamente destruidas. Un cuarto bus logró ser retirado a tiempo, evitando que también fuera alcanzado por el incendio.
Según la Policía, estos atentados provocaron graves afectaciones al sector del transporte en la provincia de Los Ríos. Las autoridades indicaron que el detenido sería el autor intelectual, mientras que los autores materiales habrían operado directamente en Babahoyo y Montalvo.
El sospechoso permanece a órdenes de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar el número exacto de víctimas y establecer responsabilidades dentro de esta presunta red de extorsión que mantenía bajo amenaza al sector del transporte provincial.
