La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció el viernes 30 de enero el cierre de la temida cárcel El Helicoide, que ha sido denunciada como centro de torturas por parte de la oposición y activistas de derechos humanos.
“Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, dijo Rodríguez en un discurso ante la Corte Suprema.
El Helicoide de Caracas es una edificación emblemática construida a finales de los años cincuenta con la idea original de ser un moderno centro comercial y cultural. Sin embargo, el proyecto nunca se completó y, con el paso del tiempo, el inmueble fue ocupado por el Estado hasta quedar bajo control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El Helicoide prometía ser uno de los centros comerciales más modernos de Latinoamérica, pero este propósito cambió con el tiempo. Foto: AFP
Desde entonces, El Helicoide pasó de símbolo de modernidad frustrada a sede de uno de los principales organismos de inteligencia y detención del país.
Su controversia radica en que El Helicoide es señalado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como un centro de detención donde se han cometido torturas, tratos crueles y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, especialmente contra presos políticos.
Exdetenidos han denunciado condiciones inhumanas, incomunicación y abusos, lo que lo ha convertido en un ícono de la represión estatal y en uno de los lugares más temidos del aparato de seguridad venezolano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio público después de la captura de Maduro en el que afirmó que se avanzaba hacia el cierre de una “cámara de tortura ubicada en pleno centro de Caracas”, en alusión directa a El Helicoide.
El mandatario enmarcó esta medida dentro de las acciones destinadas a desarticular el engranaje represivo del antiguo régimen, al que señaló por convertir ese recinto en un “centro de torturas” y por su relación con violaciones de derechos contra dirigentes y activistas opositores.
Más temprano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del dictador Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en más de 700 personas.
“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional”, dijo Rodríguez ante el Tribunal Supremo de Venezuela.
Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos detenidos en el propio Helicoide.
Y desde el 8 de enero fueron excarcelados unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez que avanzó lentamente. Pidió igualmente un “nuevo sistema de justicia” en Venezuela.
