Durante ocho meses, investigadores siguieron el rastro de una serie de videos e imágenes de abuso sexual infantil que circulaban en redes clandestinas de Internet. El caso empezó a tomar forma en junio de 2025 durante una reunión de la fuerza de tarea conjunta de la Interpol. En ese espacio, analistas revisaron 24 videos e imágenes que circulaban en redes clandestinas de Internet y que mostraban abuso sexual infantil. En varios de esos registros se escuchaban voces de terceros observando los hechos. Los acentos —según el análisis inicial— correspondían a la región de Santander y a Venezuela.
A partir de ese material comenzó un proceso de rastreo digital que se extendió durante ocho meses. El trabajo fue liderado por el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Caracas.
Entre el 4 y el 14 de marzo de 2026 las autoridades lograron ubicar a tres niñas de 7, 11 y 13 años y capturar a su madre, señalada de producir en 2023 material de abuso sexual infantil que luego fue comercializado en la dark web. Este tipo de contenidos suele ser detectado mediante bases internacionales que permiten comparar imágenes y localizar su origen.
El análisis forense de los archivos permitió identificar varios detalles. Los metadatos de los videos señalaron que parte del material había sido grabado en Bucaramanga. Esa información coincidió después con la entrevista forense realizada a una de las niñas rescatadas. En paralelo, los investigadores rastrearon la presencia digital de la mujer y detectaron al menos 12 perfiles en redes sociales.
Las cuentas estaban activas en Facebook y TikTok. En varios de esos perfiles aparecían fotografías de la mujer junto a las menores. Los analistas cruzaron esas imágenes con los videos hallados en la investigación y lograron identificar rasgos físicos visibles en las grabaciones: tatuajes, lunares y marcas de nacimiento. Ese contraste permitió consolidar la identificación de las víctimas y de la presunta responsable.
La investigación
El 28 de enero de 2026 los investigadores establecieron plenamente la identidad de la mujer. También confirmaron que las niñas habían estudiado durante 2025 en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. Ese dato permitió delimitar la búsqueda y reconstruir parte del recorrido reciente del grupo familiar.
Un mes después, el 26 de febrero, la mujer abandonó Bucaramanga. Las autoridades determinaron que se desplazó hacia la ciudad fronteriza de Ureña, en Venezuela. Allí permanecía mientras continuaba activa la investigación.
El 4 de marzo de 2026 se produjo el primer resultado. En Cúcuta las autoridades lograron ubicar a una de las niñas y activar el proceso de restablecimiento de derechos. Mientras tanto, los organismos policiales activaron una notificación azul de Interpol, mecanismo utilizado para localizar y obtener información sobre personas vinculadas a investigaciones penales en los países miembros.
La alerta permitió fortalecer la cooperación con las autoridades venezolanas. Investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas iniciaron actuaciones en territorio venezolano y, 15 días después, ubicaron a las otras dos menores en Ureña.
El operativo se desarrolló el 13 de marzo de 2026. Ese día fueron rescatadas las dos niñas que permanecían con la mujer. La búsqueda también permitió establecer que la sospechosa se encontraba oculta a unos 300 metros del lugar donde fueron halladas las víctimas, en una vivienda perteneciente a la familia de su actual pareja sentimental.
La captura se produjo al día siguiente, el 14 de marzo. Tras su detención, la mujer quedó a disposición de las autoridades venezolanas.
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