Según las investigaciones, los principales señalados como responsables intelectuales del crimen son alias “Zarco Aldinever” e Iván Márquez, quien fuera uno de los firmantes del acuerdo de paz de 2016 antes de reincorporarse a la lucha armada dentro de la estructura conocida como Segunda Marquetalia.
Fuentes de inteligencia militar citadas en el expediente señalan que ambos habrían permanecido en territorio venezolano, utilizado presuntamente como refugio por organizaciones armadas y redes criminales vinculadas a dinámicas del conflicto colombiano.
Las autoridades judiciales sostienen que esta estructura estaría detrás del atentado que costó la vida al senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, uno de los principales partidos de oposición en Colombia.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que las órdenes de captura ya fueron emitidas y que se tramitarán solicitudes a través de Interpol, organismo en el que Venezuela también es país miembro, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda.
En paralelo, la funcionaria confirmó que el gobierno colombiano pondrá en marcha contactos diplomáticos con Caracas para intentar dar con el paradero de los señalados. En sus declaraciones aseguró: “Contamos con la colaboración del sistema judicial venezolano”.
Violencia política
El asesinato de Miguel Uribe ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un acto proselitista en Bogotá. El dirigente político, de 39 años, murió dos meses después a causa de la gravedad de las heridas, tras permanecer hospitalizado.
Por este hecho, las autoridades han capturado a nueve personas, entre ellas el menor de edad que habría ejecutado el ataque, además de otros presuntos implicados en la logística del crimen.
En un principio, el gobierno del presidente Gustavo Petro sostuvo que alias “Zarco Aldinever” había muerto en territorio venezolano en un operativo del ELN. No obstante, la Fiscalía afirma que esa versión no cuenta con respaldo probatorio suficiente y su situación jurídica sigue abierta dentro del caso.
Las nuevas revelaciones sobre la presunta participación de la Segunda Marquetalia han generado impacto político en Colombia, al reavivar el debate sobre la política de “paz total” impulsada por el gobierno y sus resultados frente a los grupos armados.
Cabe recordar que, en el marco de esos acercamientos, varias órdenes de captura contra integrantes de esa organización habían sido suspendidas temporalmente, una decisión que hoy es objeto de cuestionamientos por parte de sectores opositores.
