La investigación por la compra de 60 trolebuses eléctricos para Quito continúa. El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Xavier Ordóñez, acudió a la Fiscalía General del Estado para entregar su versión libre y voluntaria sobre los hallazgos identificados durante el proceso de fiscalización legislativa.
Antes de ingresar a la diligencia, el legislador de ADN señaló que su comparecencia tenía como objetivo ratificar la información incluida en el informe elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, que revisó el proceso de adquisición de las unidades.
“Lo que voy a hacer es ratificarme en lo que he mencionado”, expresó Ordóñez.
Según el asambleísta, la Fiscalía incorporó varias diligencias solicitadas previamente mediante un pedido de actos urgentes. Estos elementos forman parte de una investigación que ya se encontraba abierta tras las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.
En contexto
Entre los puntos señalados por Ordóñez constan presuntas dudas sobre el manejo de recursos públicos destinados al proyecto. El legislador indicó que se debe aclarar el tratamiento de los fondos entregados, las garantías relacionadas con el proceso y posibles rendimientos generados.
También mencionó cuestionamientos sobre la participación de empresas fabricantes que contaban con representación en Ecuador y que, según su criterio, pudieron formar parte del procedimiento de contratación.
El legislador aseguró que, tras presentar su versión, concluye su participación desde el ámbito de fiscalización y que ahora será la Fiscalía la encargada de analizar la información recopilada y definir los siguientes pasos dentro de la investigación.
El caso se originó luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara, el 23 de junio, un informe sobre el convenio entre el Municipio de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos.
El documento fue enviado a Fiscalía y Contraloría para ampliar las investigaciones. Por su parte, el Municipio de Quito ha defendido el proceso de contratación y sostiene que las unidades adquiridas se encuentran funcionando dentro del sistema de transporte público.
