El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, arremetió contra un reciente estudio jurídico internacional que califica como crímenes de lesa humanidad las acciones ejecutadas bajo el régimen de excepción, vigente en el país centroamericano desde marzo de 2022.
El mandatario rechazó tajantemente las conclusiones del documento y cuestionó la legitimidad de las organizaciones que lo respaldan. El documento sostiene que existen «bases razonables» para creer que se cometieron violaciones graves bajo el Estatuto de Roma y denuncia una presunta política estatal de actuación policial y militar avalada por los altos mandos del gobierno.
«Estas organizaciones de ‘defensa de los derechos humanos’, a las que muchos medios nacionales e internacionales (The Guardian, France 24, El País, los medios de Open Society, entre otros) les están dando amplia cobertura, y que están siendo retomados por miles de periodistas, activistas y políticos locales y extranjeros, están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción, es decir, al país más peligroso del mundo», publicó Bukele en X.
En su intervención, Bukele ironizó sobre las supuestas pretensiones del grupo internacional al señalar que, bajo su lógica, la excarcelación de los más de 89.000 detenidos sería una obligación estatal.
Asimismo, criticó que el informe no distinga entre ciudadanos inocentes y miembros de estructuras criminales, argumentando que el documento protege por igual a quienes fueron capturados por su pertenencia o vínculo con las pandillas que históricamente azotaron al país.
Crítica presidencial a la «defensa de DD HH»
El informe también tuvo una presentación paralela en Bruselas, matiza que el Estado debe revisar los casos mediante mecanismos excepcionales para liberar únicamente a aquellas personas «detenidas sin pruebas». Los especialistas aclaran que la solicitud de libertad se enfoca en quienes no cuentan con evidencias incriminatorias, asegurando que su liberación no suponga un riesgo para la seguridad pública.
No obstante, el gobierno salvadoreño mantiene una postura defensiva, sosteniendo que el régimen de excepción ha sido la herramienta fundamental para transformar al país, pasando de ser una de las naciones más peligrosas del mundo a una con índices de violencia drásticamente reducidos. Esta política de seguridad se ha consolidado como el pilar fundamental de la gestión de Nayib Bukele y fue un eje central en su reciente reelección.
La tensión entre la administración salvadoreña y los organismos internacionales de derechos humanos continúa escalando tras este intercambio de acusaciones. Mientras el equipo de expertos internacionales insiste en la necesidad de investigar la cadena de mando por las supuestas políticas de actuación sistemática, el Ejecutivo salvadoreño reafirma su determinación de continuar con la estrategia sin ceder ante las presiones externas.
Con información de EFE
