La política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro enfrenta una dura crítica internacional. En un extenso reportaje desde el sur de Colombia, The Economist describe la estrategia oficial contra el narcotráfico como un esfuerzo costoso que no logra frenar la expansión de la cocaína y que, en el fondo, deja intactas las causas estructurales del negocio ilícito.
El texto inicia con una escena narrada en el Putumayo, con helicópteros Black Hawk sobrevolando selvas marcadas por zonas quemadas para el cultivo ilegal de coca, comandos de élite descendiendo para destruir laboratorios improvisados y comunidades atrapadas en la guerra entre el Estado y la violencia de los grupos criminales. Desde Villagarzón, señala la revista, el río Putumayo sigue siendo una ruta clave para sacar droga hacia Ecuador y de allí al resto del mundo.
La operación descrita forma parte de la estrategia del gobierno Petro, basada en tres frentes, como la incautación de cargamentos en puertos, captura y extradición de capos y destrucción de laboratorios. El Ejecutivo ha presentado el aumento en las incautaciones como un logro. Según cifras oficiales citadas por The Economist, entre agosto de 2022 y finales de 2025, Colombia interceptó 2.840 toneladas de cocaína, un 61 % más que en un periodo comparable del gobierno anterior.
Sin embargo, para la revista británica, ese dato revela más bien la magnitud del problema. La producción de cocaína en Colombia alcanzó en 2024 un récord de 3.001 toneladas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), un 13 % más que el año anterior y más del doble que en 2021, antes de la llegada de Petro al poder. Para los críticos, el crecimiento de la producción es evidencia del fracaso de la estrategia actual.
El reportaje subraya que la erradicación golpea sobre todo a los eslabones más débiles. En uno de los laboratorios allanados, una mujer identificada como Esperanza observa cómo los agentes se preparan para destruir su único sustento. “Si queman esto ahora mismo, nos quitarán el único apoyo que tenemos”, dice, al explicar que tiene tres hijos y que no recibe ayuda del Estado.
Para The Economist, la sustitución de cultivos avanza con lentitud y enfrenta obstáculos estructurales: falta de carreteras, mercados limitados para productos legales y la presencia constante de grupos armados. Según datos oficiales citados, el gobierno solo ha logrado sustituir 30.500 hectáreas de coca, cerca del 12 % del total sembrado en el país.
La revista también cuestiona la relación del Ejecutivo con la ONUDD. Petro ha criticado la metodología del organismo, ha bloqueado la publicación de su último informe y amenazó con marginarlo del monitoreo de cultivos, una decisión que, advierte The Economist, podría afectar la cooperación internacional en seguridad y lucha antidrogas.
El contexto internacional agrava la presión. Donald Trump ha acusado a Petro de tolerar el narcotráfico, retiró a Colombia su certificación como aliado antidrogas y ha advertido que, tras la operación militar en Venezuela, Colombia podría ser el próximo objetivo. Una frágil tregua diplomática se mantiene tras la reunión entre ambos mandatarios de esta semana, pero podría romperse en un próximo encuentro.
