a vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, prevé que la crisis en el abastecimiento de medicamentos, una de las mayores quejas de los pacientes del sistema público, se solucione en el primer trimestre de 2026, al ser uno de los temas prioritarios del «complicado» sistema de salud público actual.

Pinto, encargada también del Ministerio de Salud Pública, señaló en una entrevista con EFE que hubo una compra emergente, centralizada y «transparente» de medicinas, principalmente de aquellas de alto consumo, y avanzó que la crisis de medicamentos debería estar solucionada hasta marzo.

Entre los medicamentos a los que se dará prioridad mencionó productos para la presión arterial, insulina, paracetamol y anestésicos para cirugías.

«Ahí tenemos un grave problema, porque una de las cosas que tenemos que comprar es fentanilo, por ejemplo, y la última vez que compramos (…) hubo dos sobredosis de doctores con fentanilo», fundamental para las operaciones, reveló.

Asimismo, fue enfática en la necesidad de que todos usen el sistema nacional de inventarios, para conocer con qué se cuenta, la cantidad y el lugar donde se encuentran. «Eso ya existe, es simplemente un compromiso de la gente a utilizarlo», añadió.

Pero no solo se trata de adquirir medicamentos sino de entregarlos, dijo al mencionar como ejemplo que cuentan con 4,5 millones de vacunas para afrontar la influenza y que en 25 días vacunaron a más de 700.000 personas en Ecuador, país donde se ha confirmado un caso de gripe A(H3N2) variante K, y donde el proceso de vacunación se extenderá, de forma gratuita, hasta marzo de 2026.

Problema de gestión

«El problema de salud no es un problema médico, es un problema de gestión, una gestión que se ha venido haciendo mal», subrayó al indicar que se debe priorizar, trabajar de cerca con las comunidades, con Gobiernos autónomos, coordinar acciones entre instituciones y entre estamentos del propio Ministerio de Salud.

«Hay más de 136 sistemas en el Ministerio de Salud, que ninguno se conversa con el otro», se lamentó al recordar un caso en el que perdieron tres días en localizar en el norte del país un medicamento que requerían en el sur.

Para Pinto, la falta de continuidad en el sistema de salud es otro de los problemas: «Ya existe una estrategia de salud, fue hecha por organismos internacionales, por expertos, revisando en otros países qué es lo que han hecho para mejorar, y nadie la sigue».

«Está escrito, está ahí, pero no se lo ha implementado por completo», dijo al subrayar que son «varias crisis» las que deben solucionar en el sector: la crisis de medicamentos, que «el primer trimestre» de 2026 «debe estar solucionada«.

También mencionó la «crisis de infraestructura», al señalar que existen más de 2.000 establecimientos de salud en los que se debe invertir, y auguró la participación del sector privado en ese ámbito.

«Tenemos una crisis en que salen más doctores graduados de los que podemos contratar en el Ecuador» y «solo el 40 % de las enfermeras pasan el examen para poder ejercer», dijo la vicepresidenta.

Corrupción

«Lamentablemente, y tengo que decirlo, para mí es durísimo: uno de los sectores más corruptos es el de la salud, en general», anotó, al aclarar no obstante que «no todo está mal», pues hay «maravillosos doctores» y «gente maravillosa que trabaja dentro del Ministerio de Salud».

Destacó que Ecuador ha sido reconocido por su trabajo en casos de VIH y en el combate a la desnutrición crónica infantil, pero advirtió que «también tenemos gente que ha dejado que el sistema se vuelva un negocio».

Pinto calificó como «complicada» la situación al sistema de salud, pero no se refiere a una crisis generalizada en el sector.

Finalmente, formuló un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, al pedir que las personas conozcan el centro de salud al que están adscritas, para saber qué servicios tienen disponibles, evitar acudir a hospitales sin tratarse de emergencias y apostar por la prevención.

Una cifra que preocupa

Un total de 88 niñas dan a luz cada día en Ecuador, una cifra que «duele» y que se debe cambiar, aseguró en entrevista con EFE la vicepresidenta del país, María José Pinto, al lamentarse de que la mayoría de esas niñas «salen de la escolaridad».

«Es una cifra que deberíamos llevarla en el corazón» para actuar cada ciudadano desde su lugar en la sociedad, así como el Estado, pues «el futuro de Ecuador es parte de esas cifras», comentó Pinto, quien también está a cargo del Ministerio de Salud Pública.

La vicepresidenta señaló que la provincia amazónica de Morona Santiago «tiene una cifra súper alta», que la Sierra Centro registra una cifra «alta» y que la situación también es grave en la provincia costera de Manabí. Aunque apuntó que el problema se concentra en esas zonas, dijo que se extiende a nivel nacional.

Se trata de menores de entre 12 y 19 años, y lo más grave -añadió- son los embarazos subsecuentes, como el de una joven que a los 18 años ya tiene tres hijos.

«Entonces no es solo que haya 88 niñas que dan (a luz cada día), sino que de esas 88 niñas hay niñas que ya tienen un hijo. Entonces la cifra se vuelve cada vez más complicada», subrayó al comentar que cuando les pregunta a las madres adolescentes que ha visitado qué es lo que más quisieran, la mayoría le responde «terminar el colegio».

Por ello, el Gobierno, liderado por el empresario Daniel Noboa, está priorizando a esas madres en los Centros de Desarrollo Infantil para que puedan dejar ahí a sus hijos a fin de que retomen sus estudios.

Política PLENA

El mes pasado, el Gobierno, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, oficializó la Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes 2026-2035 (PLENA), una respuesta nacional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ello porque el desafío es urgente ya que en Ecuador hay cuatro partos diarios en niñas menores de 14 años y 84 de adolescentes entre 15 y 19 años.

PLENA se consolidó a través de un «pacto social» con 64 actores clave que están en el centro de esta realidad. Participaron 2.076 adolescentes junto a 1.504 profesionales del sector público, en 113 encuentros nacionales, es decir, fue diseñada no para los adolescentes, sino con ellos.

La política tiene cinco ejes estratégicos para un cambio sostenible y con acciones integrales en Educación, con la implementación curricular de la educación integral en sexualidad y estrategias de retención escolar, garantizando que la maternidad no excluya a las adolescentes del sistema educativo.

Además, en Salud, con el fortalecimiento de los Servicios Amigables, educación sobre anticonceptivos, con énfasis en métodos de larga duración y acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.

Asimismo, transformación sociocultural con el despliegue del programa ‘Aprendiendo en Familia’, para trabajar con hogares y cuidadores en la prevención y el acompañamiento integral.

También está el eje de protección integral con rutas claras de derivación, atención especializada para víctimas de violencia sexual y mecanismos que eviten la revictimización; y el eje de sostenibilidad, con un blindaje financiero y normativo para garantizar continuidad durante 10 años, independientemente del ciclo político.

Esta política -explicó la vicepresidenta- une a los diferentes ministerios para apoyar a las menores y su entorno en diferentes ámbitos.

«Tenemos que trabajar muy fuerte por estar mejor, por mejorar nuestra sociedad, por cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes», recalcó visiblemente conmovida por la situación.