Venezolanos se consolidan en el número uno en solicitudes de asilo en Estados Unidos

Los venezolanos se consolidan como nacionalidad número uno en solicitudes de asilo en Estados Unidos, según las cifras del Departamento de Seguridad Interior. Al cierre del tercer trimestre de 2017 lo habían pedido 21.407, 6.679 más que en todo 2016, primer año en que superaron en la lista a los solicitantes de China. Comparada con 2013 (786) la cifra de peticiones de emigrantes de Venezuela se ha multiplicado por 27 a falta de tres meses para que termine 2017.

El aumento exponencial del número de solicitudes de venezolanos se dio a partir de la muerte del expresidente Hugo Chávez en 2013 y de la profundización de la crisis económica e institucional hasta la fecha durante la presidencia de su sucesor, Nicolás Maduro. En 2016 los venezolanos también se convirtieron por primera vez en los principales solicitantes de asilo (3.960) en España.

La avalancha de peticiones en Estados Unidos ha influido en el atasco en las tramitaciones. “En 2013 te daban cita para la entrevista con un oficial de migración en un plazo de un mes, y ahora la cita se está demorando cuatro años”, dice el abogado venezolano radicado en Miami Ángel Domínguez, especialista en procesos de asilo, que apunta que el tapón también se debe a la redistribución de funcionarios de labores de asilo hacia las de deportación, priorizadas por Donald Trump.

El 2017 podría cerrar con cerca de 30.000 solicitudes de venezolanos en Estados Unidos, según estiman Domínguez y Javier Torres, también venezolano y director de Migrants Foundation, establecida en Tampa. “Diciembre es el mes de más inmigración desde Venezuela con la excusa de la visita familiar, y ya finalizando noviembre hemos estado notando un repunte”, dice Torres.

Domínguez advierte de que se encuentra a menudo con venezolanos que se equivocan al alegar la crisis económica y la carestía en Venezuela como motivo de solicitud de asilo, que “solo procede”, explica, “en casos demostrables de persecución o temor de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política”. El abogado acaba de terminar un Manual básico sobre asilo político en los Estados Unidos que se publicará en diciembre para ayudar a los solicitantes a conocer el trámite y sus condiciones. Otro error frecuente, dice, es pedir asilo cuando ya ha pasado un año de la entrada en Estados Unidos, plazo máximo para solicitarlo.

El embudo de peticiones de asilo de venezolanos, señalan los especialistas, se podría contener si el Gobierno de Estados Unidos aprobase un “alivio migratorio” para ellos, otorgándoles un Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas). Pero las políticas de choque contra la inmigración de Trump van en la dirección opuesta. En noviembre, por ejemplo, se liquidó el programa que evitaba la deportación de 59.000 de haitianos. Representantes del exilio venezolano pidieron sin éxito en agosto en Miami al vicepresidente Mike Pence que se activase esa medida especial.

La novedad “positiva” que ha traído para los emigrantes venezolanos la administración Trump, según Domínguez, es que ha “reconocido que en Venezuela hay una dictadura y habla con contundencia de presos políticos y de violaciones de derechos humanos”, lo que podría favorecer la aprobación de las solicitudes de asilo. Torres, sin embargo, cree que “el filtro, las exigencias para aprobar el asilo, se pondrán más altas cuanto mayor sea la cantidad de peticiones”. Desde su punto de vista, urge “que el problema de la migración venezolana no se vea solo como un tema político sino humanitario”. “Entre los solicitantes que se declaran perseguidos políticos, buena parte han salido de allí sobre todo por el deterior de las condiciones de vida, que ya son literalmente inviables”, concluye.

Gobierno venezolano y oposición

La oposición se ha sentado con el Gobierno para explorar un posible diálogo en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, tres delegados del Ejecutivo y cuatro representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se han plantado este domingo en el Museo Alejandro Otero, en Caracas, para acordar alternativas al creciente conflicto político. “Tengo un compromiso total y absoluto en estos procesos de paz, le tiendo la mano a la MUD… Venimos dispuestos a escucharlos”, aseguró el mandatario venezolano.

El encuentro ha contado con la mediación del enviado especial del Vaticano y una delegación internacional encabezada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana). “Ningún pueblo puede resolver sus tensiones con la violencia”, dijo Claudio María Celli, el enviado de la Santa Sede.

La MUD no ha llegado a un consenso sobre la cita con el oficialismo. Leopoldo López, el principal preso político del Gobierno venezolano, ha ordenado a su partido político Voluntad Popular no acudir a la reunión. “Consideramos que no han mejorado las condiciones para iniciar un verdadero diálogo: se ha eliminado la recolección del 20%, ha incrementado el número de venezolanos presos por razones políticas y no ha existido ninguna muestra del régimen de rectificar, especialmente en la solución de la crisis que hoy mantiene a nuestro pueblo sin alimentos ni medicinas”, indicó el partido político en un comunicado.

Otros 14 partidos políticos de la coalición opositora tampoco han respaldado la posibilidad de abrir un diálogo con el oficialismo. En un documento divulgado el viernes han acordado enviar al secretario general de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, para sentar una posición sobre los motivos que los alejan del diálogo. El encuentro se ha desarrollado a puertas cerradas en Caracas.

El creciente conflicto

Tras la suspensión del referéndum revocatorio, la oposición ha lanzado una ofensiva contra el Gobierno en un intento desesperado de recuperar alternativas democráticas para deponer a Maduro. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, ha abierto un juicio político para destituir al sucesor de Hugo Chávez. Pero el oficialismo se ha encargado de bloquear cualquier posibilidad de perder el poder. Hace una semana, el Palacio Legislativo fue asaltado por una horda chavista cuando se discutían alternativas para destituir al presidente venezolano.

Una escalada de violencia ha brotado después de la suspensión del referéndum. Las protestas emprendidas por la oposición para rechazar el aplazamiento de la recaudación del 20% de las firmas del padrón electoral —etapa decisiva en el proceso revocatorio— han provocado más de un centenar de heridos y 147 detenidos.

El Gobierno ha amenazado con un contraataque ante la ofensiva de la oposición. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz ha convocado a los seguidores del chavismo a una concentración en Caracas con la intención de crear una muralla que frene a los opositores en su marcha hasta el palacio presidencial, el jueves. “Los vamos a esperar en Miraflores”, reiteró.

Maduro deja en suspenso la celebración del revocatorio

Cinco tribunales de provincia liquidaron la tarde del jueves en Venezuela cualquier posibilidad de que se organice un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Casi al mismo tiempo juzgados penales de los estados de Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas han dictado medidas cautelares para suspender el curso del proceso mientras se investiga un supuesto fraude en la primera etapa, que consistió en la presentación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del uno por ciento de las firmas del padrón electoral.

La oposición se alistaba para el último paso -el consentimiento del 20% de las personas habilitadas para votar- entre el miércoles 26 y el viernes 28 de octubre, pero el proceso se ha suspendido hasta nueva orden. En un comunicado el CNE ha anunciado que acata las resoluciones de los cinco tribunales y ha hecho un llamado “al diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia para preservar la paz y la estabilidad de la República”.

La decisión abre un período peligroso e incierto en la aguda crisis política y económica de la nación sudamericana. El referéndum revocatorio era visto como el último recurso para evitar una confrontación entre los venezolanos. Todos los esfuerzos para sentar a las partes a dialogar no se han concretado y nada hace suponer que ese proceso, impulsado por una misión de la Unión de Naciones Sudamericanas encabezada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), pueda continuar de persistir la aguda confrontación política.

El chavismo pospone el revocatorio y se enroca en el poder hasta 2019

El chavismo se atornilla en el poder ante el desplome de su popularidad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) –controlado por el oficialismo– ha ratificado que el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro podría efectuarse después del mes de febrero. Con esta nueva fecha se anula la posibilidad de que la oposición asuma el Gobierno en Venezuela hasta el año 2019, porque correspondería al vicepresidente suceder al actual mandatario.

El anuncio ha crispado a la oposición. La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado a una sesión permanente para acordar acciones. “Lo que está ocurriendo no es una señal de fortaleza del Gobierno. Al contrario, ellos están en situación de quiebra, donde no pueden medirse en las urnas electorales ni en la calle”, dijo Jesús Torrealba, secretario general de la alianza opositora.

El CNE, además, ha expuesto las estrictas normas para la recaudación del 20 por ciento de las firmas del padrón electoral (casi cuatro millones) en cada uno de los Estados del país sudamericano, la siguiente etapa para la activación del referéndum revocatorio. Según la autoridad electoral, la recogida de las rubricas se hará entre el 26 y 28 de octubre –en horario de 8 a 12 y de 13 a 16 horas de Venezuela– con una limitada cantidad de máquinas de verificación de identidad (5.392) distribuidas en 1.356 centros de votación. “Lamentablemente, se repetirán las escenas de largas colas en la recolección del primer 1% de las firmas”, afirmó Luis Emilio Rondón, el único rector opositor del CNE.

En junio, los opositores sortearon obstáculos durante la autentificación de más de 200.000 firmas (el 1% del padrón electoral) recaudadas para cumplir con la primera fase del peñascoso camino hacia la activación del referéndum. Muchos votantes acudieron a aislados centros electorales designados por el CNE, algunos fueron amedrentados por los colectivos –grupos oficialistas– y otros opositores fueron despedidos de sus trabajos en la administración pública por apoyar un revocatorio contra Maduro.

El Poder Electoral todavía no decide la localización de los centros de votación, pero la oposición ha advertido que se podrían ubicar en sitios lejanos a las ciudades para impedir que el mayor porcentaje de la población pueda firmar contra Maduro.

La oposición contra la pared

Las trabas no son sorpresivas. Ya la oposición ha acusado al Poder Electoral de obedecer al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En junio, Diosdado Cabello, el segundo hombre del chavismo, instó al CNE a proporcionar el 20 por ciento de los equipos tecnológicos para la recaudación de las firmas en esta fase. “No se lo vamos a poner fácil. Haremos lo que tengamos que hacer”, agregó.

Ante la materialización de estas amenazas, la MUD ha apostado a la presión popular como única vía para acelerar el referéndum revocatorio. “Viene una protesta masiva, constitucional, pacífica y contundente, en defensa a los derechos de la población y a la Constitución. Lo que está siendo lesionado no es el interés político de una organización, sino el pacto de convivencia de los venezolanos”, advirtió Torrealba.

Los adversarios del Gobierno creen que la renuencia a unos sufragios presidenciales puede devenir en un estallido social. Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y dos veces excandidato presidencial, ha lanzado un ultimátum a las rectoras del Poder Electoral hace tres días: “¿A qué juegan las señoras del CNE, a que ocurra una situación explosiva en Venezuela? Creen que la paciencia del pueblo es infinita y que pueden seguir jugando con los venezolanos hasta que pasen semanas y meses”.

Son más de 128 días de retrasos en el proceso revocatorio, según los cálculos de los opositores. El Consejo Electoral ha suspendido el pasado viernes sus actividades por considerar que se encontraba en riesgo ante una protesta convocada por la MUD.

Muchos opositores han criticado confiar en el Poder Electoral como garantes del referéndum. María Corina Machado, coordinadora del partido Vente Venezuela, ha repudiado las condiciones impuestas por la autoridad electoral. “Es evidente que las condiciones del CNE están diseñadas para negar RR en 2016. Si eso ocurre, la Asamblea Nacional debe destituir a Maduro por su nacionalidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

En marzo, la Unidad ya había presentado varias propuestas para una inmediata salida de chavismo del poder. Pero el Gobierno ha anulado casi todas estas alternativas. De ahí que la oposición se ha concentrado en la activación de un referéndum revocatorio antes del 10 de enero.

Venezuela: Maduro saca los blindados a la calle para impedir la protesta de la oposición

Nicolás Maduro ha sacado los blindados este miércoles para impedir la manifestación de la oposición que reclama un referéndum revocatorio de su mandato. La Plaza Venezuela, lugar de las concentraciones en la capital, estárodeada de blindados para detener a los manifestantes. Las fuerzas de seguridad venezolanas lanzaron gases lacrimógenos para tratar de desalojar a los opositores que empezaban a reunirse en la mencionada plaza, segúndenunció en Twitter el diputado opositor Hernán Alemán.

Pese a los obstáculos, la convocatoria no se ha desinflado. Contra viento y marea se desarrolla este miércoles la marcha de la oposición hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir la validación de las firmas para activar el referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, quiendeclaró un estado de excepción para prohibir las protestas en su contra.

La convocatoria la hizo la opositora Mesa de la Unidad Democráticaconjuntamente con el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, que lanzó una advertencia a Maduro de si quiere aplicar su decreto entonces que«saque los tanques de guerra, aviones y ejército a la calle porque la gente va a continuar protestando».

Dicho y hecho. Maduro ordenó sacar los tanques, rodeando la Plaza Venezuela en la capital para impedir el acceso de los manifestantes.

El Parlamento rechazó el decreto de Estado de Excepción en su sesión del martes

La movilización estaba prevista a partir de las 10 de la mañana (hora local) en todos los 24 estados del país hasta las oficinas regionales del CNE. Y sería la primera prueba de fuego que afrontaría la oposición ante las restricciones de un estado de sitio que el Parlamento rechazó el martes durante su sesión parlamentaria.

En el ambiente hay mucha tensión. El Gobierno ha sacado a las fuerzas de seguridad a la calle y cerrado las entradas al Metro de Caracas para impedir la movilización de los manifestantes. Algunos mensajes en las redes sociales cuentan que en la Avenida Francisco de Miranda, a la altura de la Plaza Venezuela, se han apostado grupos de «colectivos» armados y protegidos por las autoridades oficiales.

Capriles recordó que «en la Constitución está bien claro cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. El artículo 51 dice que cualquier venezolano puede llevar solicitudes ante cualquier organismo, por eso nosotros iremos a llevar una petición al CNE para que respeten el reglamento electoral vigente».

Llamamiento a los militares

El líder opositor añadió que «los venezolanos nos movilizamos para que coloquen ya los puntos para validar nuestras firmas. Que quede claro,reprimir al pueblo por exigir sus derechos es violar la Constitución. Le decimos a nuestra Fuerza Armada que está llegando la hora decisiva en la que se tiene que hacer respetar la Constitución. Hay que apelar al juramento de cada soldado en estos momentos que vive la patria. No se pongan de lado de la crisis, póngase del lado de los venezolanos. La movilización es de carácter pacífico y deben resguardarla».

Retó, por último, a los uniformados a ponerse del lado de la Constitución o de Maduro. Una de dos.

La reduccion laboral pone en riesgo la consulta sobre Maduro

Nada más anunciar el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que estaba listo el formulario para tramitar un plebiscito sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, la oposición mostró su cara más jubilosa en varias semanas. Fue una alegría momentánea. Poco después, el Ejecutivo comunicó que las oficinas del Estado trabajarían dos días a la semana, y las dudas reaparecieron. Con la nueva jornada laboral, la auditoría de las firmas que avalarían la petición de referéndum revocatorio puede tardar mucho más de lo previsto por los opositores.

La prolongada sequía mantiene a punto del colapso a la principal central hidroeléctrica de Venezuela, ubicada en el sur del país, y que genera el 70% de la electricidad que se consume. En un esfuerzo por reducir el consumo hasta la próxima temporada de lluvias, que comienza en un mes, el Ejecutivo ha limitado la semana laboral a lunes y martes durante, al menos, los próximos 15 días.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también acatará ese horario reducido para revisar las 197.978 firmas —1% del padrón electoral— que presentará la oposición como primer paso del pedregoso camino hacia el fin anticipado del Gobierno de Maduro.La oposición tiene razones para recelar. Si el referéndum revocatorio tiene lugar después del 10 de enero de 2017 y cuenta con apoyo mayoritario, sería el vicepresidente quien asumiría automáticamente el poder. Si se celebra antes, en cambio, habría convocatoria de elecciones.

Con la nueva semana laboral, lo que podría ser un trabajo de una semana aumentaría a casi tres si se observa con rigor el nuevo horario. El CNE tiene hasta cinco días hábiles para auditar las rúbricas que una asociación de ciudadanos presentará para solicitar la remoción de Maduro. Esa certeza ha obligado a la oposición a trabajar a marchas forzadas.