Odebrecht puso dinero “sucio” en banca de Andorra

La Banca Privada d’Andorra (BPA) obvió los protocolos de prevención de blanqueo para permitir que decenas de sus clientes cobraran millonarias comisiones ilegales de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América.

La entidad andorrana permitió que altos funcionarios, políticos y cargos de la administración de ocho países de Latinoamérica recibieran transferencias millonarias de Odebrecht “pese a los indicios que desaconsejaban estas transacciones o la falta de soportes justificativos”, según un informe confidencial de la Policía de Andorra al que ha tenido acceso EL PAÍS.

TRAS EL RASTRO DE 62 MILLONES
La Policía de Andorra quiere saber quién se amaga tras una decena de cuentas en la BPA que recibió un total de 62 millones de dólares (53 millones de euros) de la madeja de sociedades de Odebrecht. Los investigadores han reclamado al banco, que fue intervenido en 2015, información sobre estos depósitos.

El documento, fechado el pasado 11 de abril, forma parte de la investigación de la juez andorrana Canòlich Mingorance, que rastrea 200 millones de dólares (173 millones de euros) en sobornos a 145 clientes de este banco.

Los investigadores sostienen que, cuando la macrotrama afloró en junio de 2015, la entidad permitió que los clientes vinculados a la contratista “retiraran sus fondos”.

La BPA “no denunció” y “enterró el tema”, según un informe que atribuye al banco “obviar parámetros importantes y de seguridad por lo que respecta a la procedencia del dinero”.

La Policía se muestra así de tajante tras examinar decenas de actas confidenciales del departamento de compliance (cumplimiento), la unidad de la BPA dedicada a prevenir el blanqueo. Y concluye que solo a partir de 2013, la entidad extremó las cautelas sobre las operaciones controvertidas vinculadas a Odebrecht.

Contrato de apertura de una cuenta cifrada en la BPA vinculada a los padres del exministro de Panamá Demetrio Papadimitriu. El depósito recibió 2 millones de dólares de Odebrecht.ampliar foto
Contrato de apertura de una cuenta cifrada en la BPA vinculada a los padres del exministro de Panamá Demetrio Papadimitriu. El depósito recibió 2 millones de dólares de Odebrecht. EL PAÍS
El banco aprobó antes de 2013 transferencias de la contratista a clientes que debieron estar bajo vigilancia por su nexo con la adjudicación de obra pública, principal fuente de ingresos de Odebrecht. Es el caso de los 780.000 dólares (660.000 euros) que recibió en Andorra desde cuentas pantalla de la constructora Juan Carlos Zevallos Ugarte, exdirector del Ositram, un organismo público que gestionó en Perú la carretera Interoceánica, una obra que ejecutó Odebrecht de más de 1.400 millones de dólares (1.184 de euros).

La Policía resalta que la firma brasileña contactó con la BPA a través del antiguo responsable del banco en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo. “La BPA actuó deslumbrada por tener como cliente a una de las principales empresas de Latinoamérica”, precisan los investigadores.

“LA BPA enterró el tema” tras estallar la trama de sobornos, según la investigación

Betingo colaboró presuntamente en la madeja societaria que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para abonar sobornos sin dejar rastro. “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, afirma la Policía, que acusa a Sanguinetti Barros de “participar en la apertura de las cuentas facilitando la entrada en la entidad de los investigados, gestionando sus recursos y la tramitación de los fondos….[…]”. Y resume: “Creemos que [Betingo] era perfecto conocedor de las operaciones”.

El exabogado de Odebrecht detenido en Madrid en 2016, Rodrigo Tacla, también apuntó a Betingo en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción española al relacionarle con el pago de una comisión de un millón de dólares (863.000 euros) al exministro de Electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera.

Las autoridades uruguayas arrestaron el pasado agosto a Betingo. Y la juez Mingorance reclamó su extradición para desgranar su papel en la alambicada arquitectura de blanqueo.

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También han puesto el foco los investigadores en la exdirectora de la filial del banco andorrano BPA Serveis, Cristina Lozano. Atribuyen a esta directiva la creación de empresas panameñas que se colocaron después en las cuentas andorranas para enmascarar a los verdaderos beneficiarios. “Odebrecht recurrió a BPA Serveis para pagar comisiones en B o, mejor dicho, en negro”.

Lozano figuró también como representante de Lodore, una fundación utilizada por Odebrecht para ocultar la trastienda de la compra de la petroquímica Quattor-Unipar. El gigante brasileño y Petrobras desembolsaron en 2010 en esta operación más de 500 millones de dólares (425 millones de euros).

“Tanto Norberto Sanguinetti como Cristina Lozano tuvieron una colaboración capital y participaron plenamente en la logística, formulación y construcción de los entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht a través de BPA”, concluyen los agentes, que precisan que ambos no tenían poder jerárquico y señalan, además, a tres de sus superiores.

Vicepresidente Jorge Glas acusada por fiscal de ser autor de asociación ilícita

En una amplia exposición, el fiscal general de la nación, Carlos Baca Mancheno, acusó como autor del delito de asociación ilícita al Segundo Mandatario, así como a otros 12 implicados dentro del caso del pago de sobornos que efectuó Odebrecht, para conseguir 5 contratos millonarios en Ecuador.

Fue el segundo día de audiencia de preparación de juicio, en donde Baca señaló que el Vicepresidente presuntamente gestionó pagos por un valor de $ 13,1 millones a través de su tío, Ricardo R. También están procesados Carlos P., excontralor del Estado; Ramiro C., Diego C., Ricky D., Gustavo M., Carlos V., Kepler V., José T., Édgar A., los venezolanos Fredy S. y Alexis A., quienes, según Baca, habrían negociado $ 36 millones en coimas.

Baca empezó su intervención ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en la audiencia preparatoria de juicio, luego de que el juez de la causa, Miguel Jurado, dijera que no encontró ningún vicio de procedimiento, como argumentaron los abogados defensores, en la primera parte de esta diligencia que empezó el miércoles pasado. El Fiscal indicó que en diciembre de 2016 comenzó la indagación del caso, una vez que el Departamento de Estado de Estados Unidos revelara que Odebrecht conformó una red de pago de coimas en 11 países, además de Ecuador, donde entregó $33,5 millones a funcionarios a cambio de conseguir contratos.

Con base en esa noticia se iniciaron las cooperaciones eficaces, tanto con Estados Unidos como en Brasil donde se desarrolló el caso denominado ‘Lava Jato’, que terminó en condenas a directivos de Odebrecht, entre ellos, José Santos, quien se convirtió en delator y cuyo testimonio ayudó a la Fiscalía a armar el caso. Con estas informaciones, así como testimonios, pericias judiciales efectuadas a vídeos y audios sobre reuniones de Santos, con funcionarios del país, la Fiscalía determinó que la empresa estructuró un sistema de coimas con los sindicados para conseguir 5 proyectos.

El dinero se transfirió a través de empresas de papel que abrieron los funcionarios implicados, así como compañías offshore, lo cual se efectuó entre 2010 y 2014. Baca dijo que previo al inicio del proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca José T., se reunió con José Santos para acordar el pago de $ 5 millones a cambio de asegurar la adjudicación del contrato, para lo cual incluso se reformaron bases del concurso, de manera que Odebrecht obtenga el contrato. Para el trasvase Daule-Vinces. Carlos V., de la misma manera, contactó a Santos para pedirle $ 6 millones a cambio de la adjudicación. Siguió la Hidroeléctrica Manduriacu, en la cual Ricky D. pidió $ 6,4 millones, “proceso que se convirtió en una receta que se volvió normal”, acotó el Fiscal. En cambio, en el proyecto Refinería del Pacífico, para el movimiento de tierras se incorporó a Freddy S., de nacionalidad venezolana, en representación de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El aludido sigue prófugo.

Bajo el mismo esquema solicitó a Santos $ 6 millones. En el proyecto Refinería del Pacífico acueducto La Esperanza, el venezolano Alexis A., que reemplazó en el cargo a Freddy S., gestionó de la misma manera con Santos $ 2,5 millones a cambio del contrato. Mientras que el excontralor Carlos P., para elaborar los informes favorables a la empresa, habría cobrado $ 10,1 millones. Baca refirió 28 elementos de convicción que indicarían la participación de Jorge G., a través de su tío Ricardo R., quien gestionó el pago de $ 13,5 millones.

En el caso del Vicepresidente, el Fiscal aseguró que inicialmente Ricardo R. pidió 4% por contrato, pero quedaron en que se entregaría entre el 1% y el 1,3% por cada adjudicación, lo cual se evidencia en las grabaciones de reuniones hechas por Santos y en transferencias de dinero encontradas. (I) DATOS La audiencia preparatoria de juicio se inició el pasado miércoles, luego de que el juez, Miguel Jurado, resolviera que no halló vicios de procedimiento y se pasó al dictamen. Carlos Baca presentó 24 elementos de convicción basados en análisis de grabaciones, testimonios y documentos para acusar como autores del delito de asociación ilícita a los 13 implicados. En el caso del Vicepresidente, el Fiscal expuso 28 elementos de convicción que serían, en caso de que el juez determine el llamado a juicio, las pruebas de culpabilidad del delito.

El abogado de Jorge G. indicó, fuera de grabación, que a su turno pedirá que se excluya como prueba el testimonio de José Santos, ya que el Fiscal se abstuvo de acusarlo, por lo que ya no es parte procesal.

El 60% de visitas al Vicepresidente son de familiares Hoy el vicepresidente Jorge G. cumple 40 días en la Cárcel N° 4, al norte de Quito, tras entregarse a la justicia ecuatoriana luego de que se le dictara prisión preventiva con base a los indicios hallados en la investigación por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ayer, luego de que el Fiscal General lo acusara como autor en este caso, el ambiente en los exteriores de la Cárcel 4 fue normal y sin presencia de militantes en respaldo a Jorge G.

En el centro de reclusión se conoció que todos los domingos en las tardes, un grupo de 20 a 50 personas se concentra en la avenida De La Prensa para expresarle su respaldo. Allí informaron que del 100% de visitas que ha recibido hasta el momento, el 60% son de familiares: esposa, hijos y sobrinos, principalmente. El resto, en cambio, pertenece a su equipo jurídico. Las visitas se dan mayormente los fines de semana.

También informaron que en varias ocasiones ha salido de la Cárcel 4 por temas de salud, siempre custodiado por personal del Ministerio del Interior. Cabe señalar que el Ministerio de Salud determinó que Jorge G. tiene 8 enfermedades: gastritis, hipertensión arterial, colon irritable, insomnio crónico; ansiedad, lumbalgia, dorsalgia y artritis crónica. La facultad de salir de manera temporal de la Cárcel 4 por atención médica también se extiende a los otros internos. (I)

Jorge Glas con prisión preventiva por el caso Odebrecht

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se enfrentaba este lunes al abismo jurídico y político por su vinculación en el caso Odebrecht por presunta asociación ilícita. Y se ha encontrado con el peor de los escenarios. El juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, ordenó la captura inmediata del vicepresidente y dictó prisión preventiva acogiendo la petición de la Fiscalía. El Ministerio Público había solicitado una nueva audiencia con el fin de agravar las medidas cautelares contra él y contra su tío para evitar el riesgo de fuga ante la inminencia del juicio. Por la mañana, el fiscal general del Estado, Carlo Baca Mancheno, pidió prisión preventiva ya que hasta ahora solo tenía prohibición de salida del país.

Por la tarde, después de suspender la audiencia, el juez aceptó. “Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme”, se quejó Glas a través de Twitter, aunque aseguró que acataria “bajo protesta este infame atropello” en su contra. Ya entrada la noche, Glas se entregó a la policía. Despistó a la prensa apostada ante su domicilio organizando dos comitivas para salir de su urbanización sin ser visto. Según ha confirmado la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el vicepresidente irá a la cárcel 4 de Quito. Para el traslado desde Guayaquil, tomó avión un avión de las Fuerzas Armadas.

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Además de tener su libertad de circulación en juego, los asambleístas de su partido, Alianza PAIS, tenían que decidir si pedían su renuncia como vicepresidente de la República, una salida que Glas siempre ha rechazado. Pero el bloque de PAIS que tenía previsto pronunciarse después de conocer la decisión judicial, aplazó su pronunciamiento a este martes.

Junto a la prisión preventiva, se solicitó que las cuentas de Glas sean congeladas y la prohibición de enajenación de sus bienes. Y también se ordenó que su tío, Ricardo Rivera, sea recluido en prisión de forma provisional por haber violado el arresto domiciliario que se le había impuesto a inicios de junio por tener 68 años. Éste está acusado de haber recibido al menos 13 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de aprovechar su parentesco con el vicepresidente para favorecer que se adjudiquen contratos públicos de gran envergadura a la constructora brasileña.

El vicepresidente Glas, acostumbrado en las últimas semanas a defender su inocencia en innumerables entrevistas y actos públicos, ha permanecido todo el día recluido en su casa de Guayaquil. A la audiencia en Quito solo acudió su abogado. Su departamento de Comunicación no compartió la agenda del día y él se limitó por la mañana a asegurar a las autoridades que estaría localizable para cuando se tomase una decisión sobre las medidas cautelares: “No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos”.

Al frente de su vivienda, en una urbanización de acceso restringido, había apostados una decena de vehículos de seguridad que impedía acercarse a las inmediaciones. También a través de redes sociales, Glas pidió al fiscal que exhiba las pruebas que tiene en su contra y acusó al presidente Lenín Moreno de influir en el proceso judicial. “¿Qué más prueba quieren de que este proceso no es jurídico sino político? Presidente Moreno, parece que sus subalternos no lo han escuchado. Usted dice que no interferirá en otras funciones del Estado, pero faltó explicar a sus colaboradores que ellos tampoco pueden hacerlo”, publicó en un comunicado.

La Fiscalía, que finalizó el proceso de instrucción y búsqueda de pruebas el domingo pasado, dijo ante el juez que un pen drive, enviado por Estado Unidos, contenía información crucial para el caso ya que daba cuenta de las conexiones entre el vicepresidente y su tío. A través de códigos, indicó el fiscal, se relacionaban pagos, apodos, obras y beneficiarios. Su decisión de agravar las medidas cautelares sobrevino a la acusación particular que presentó la semana pasada el abogado del Estado, el procurador general, Diego García Carrión, después de haber escuchado el testimonio del principal cooperador brasileño: el gerente de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos Filho.

A tres días del fin de la instrucción, el ‘delator 1’ rindió su versión desde Sao Paulo por videoconferencia y dijo que Glas y su tío Rivera eran como “hermanos siameses, se alimentan y respiran del propio cuerpo, no hay diferencia ninguna”. Pero el vicepresidente ha mantenido siempre que solo se veía con su pariente una o dos veces al año en reuniones familiares.

Ecuador tendrà una segunda vuelta el 2 de abril

Ecuador se prepara para celebrar una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 2 de abril. El Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad encargada de velar por el proceso, ha anunciado al mediodía de este martes que, con el 95% escrutado, “la tendencia es clara y está establecida”. Así las cosas, el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno, y el conservador Guillermo Lasso volverían a competir. “La tendencia no podría cambiar, porque está marcada”, ha reconocido Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, que, en cualquier caso, ha insistido en que los resultados no son los definitivos.

Preguntado sobre si esa tendencia es irreversible, Pozo contestó: “Efectivamente, es una tendencia marcada”. El portavoz de la autoridad electoral ha concedido también que “no es posible” que, con los votos que quedan por escrutar, se invierta. A lo largo de la tarde, no obstante, ha avanzado el escrutinio y Moreno se ha ido acercando al umbral del 40% que le permitiría evitar esa segunda votación. Con el 97% de los votos contados, alcanza de momento el 39,31%. Lasso tiene, en cambio, un 28,25%. Ante esta circunstancia, el aspirante oficialista ha lanzado una advertencia en Twitter: “La posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. El CNE no está para elucubrar con tendencias, sino para declarar resultados finales”.

En cualquier caso, los ecuatorianos afrontan, salvo sorpresas, otra votación en la que tendrán que elegir entre Moreno y Lasso, quien intentará capitalizar el voto de los demás dirigentes opositores y sus seguidores. La aspirante del Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, que obtuvo la tercera posición en estos comicios, ya anunció su respaldo a Lasso. La celebración segunda vuelta supone un golpe para el proyecto político del presidente en funciones puesto que esta circunstancia no se daba desde el 2006. El frenazo económico de los últimos años y la misma decisión de Correa de dar un paso atrás se encuentran, según los analistas, entre las causas.

Los líderes de la oposición ecuatoriana han redoblado este martes la presión al Gobierno en funciones y exigían ya la celebración de una segunda vuelta. Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el domingo todavía no se conocían, pero varios dirigentes habían agitado sospechas de fraude, aunque sin acusaciones concretas.El escrutinio no ha cambiado de momento la tendencia inicial: Moreno, sigue a la cabeza, pero le faltan unas décimas para alcanzar el umbral del 40% y evitar una segunda votación. La autoridad electoral del país anunció ayer que tardaría “un promedio de tres días” en publicar los datos finales, aunque después dejó la puerta abierta a que se conocieran este martes, y así ha sido.

El retraso y la incertidumbre sobre la celebración de una segunda vuelta habían aumentado la tensión en el país andino entre los principales candidatos y los simpatizantes de sus formaciones políticas. Desde la noche del domingo se han producido concentraciones en Quito y en Guayaquil ante las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad garante de los comicios. El alcalde del puerto del Pacífico, Jaime Nebot, del PSC, llegó a llamar a “una gran marcha” de protesta y calificó la situación que atraviesa Ecuador de “grave y urgente”. El propio Lasso declaró: “Que se demoren tres días para dar los resultados finales, es un intento de fraude y eso no lo vamos a permitir”. Pero el presidente en funciones consideró que, de haber fraude, su formación, Movimiento Alianza PAÍS, sería la perjudicada. “Si alguien debiera hablar de fraude debería ser Alianza PAÍS. Todos los exit poll (4), excepto Cedatos, nos daban desde 40,6% hasta 46% de votos”, señaló. “Nada está dicho. Que se cuente hasta el último voto, y si hay segunda vuelta, los volveremos a derrotar”.

Presidente Temer y su partido en la trama corrupta de Brasil

La explosiva declaración ante la Fiscalía de Cláudio Melo Filho, un ex alto directivo de Odebrecht, la mayor empresa constructora del país, hecha pública el viernes, sitúa al actual presidente Michel Temer y a decenas de miembros relevantes de su partido, el centrista Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), en medio de las investigaciones anti-corrupción que se desarrollan en Brasil. A todos se les cita por recibir sobornos y fondos no declarados para campañas electorales. Si antes le tocó el turno al Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula y de la ex presidenta Dilma Rousseff (nunca envuelta personalmente en ninguna denuncia) ahora le ha llegado de lleno al partido en el poder. Un poder que alcanzó en agosto, después de un largo proceso de impeachemnt en el que casi todos de los ahora denunciados por embolsarse millones apelaron a la legalidad más estricta –y a la decencia personal- para derrocar a la presidenta, acusada, no de apropiarse de dinero, sino de maquillar cuentas públicas para cuadrar los presupuestos.

Melo Filho, ex director de Relaciones Institucionales de la empresa, se encargaba, según su propia declaración, entre otras cosas, de mantener en Brasilia engrasado el contacto entre los diputados y senadores (sobre todo del PMDB pero también de otros partidos, incluido el PT) a fin de que éstos intercedieran para que fueran aprobadas leyes o enmiendas favorables a los intereses de su empresa. “Mi empresa tiene interés en la preservación de esa relación , ya que históricamente apoyan proyectos de nuestro interés y poseen capacidad de influir a los demás agentes políticos”, asegura. A cambio, la empresa pagaba a estos diputados influyentes sumas astronómicas una vez logrado su objetivo. Es decir, la declaración revela, con detalles, con sumas y con nombres, una sistemática y prolongada red de tráfico de influencias simple y dañina que ha durado, al menos, una década y en la que están envueltos decenas de diputados del PMDB, algunos ahora ex ministros relevantes y muy próximos a Temer, como Romero Jucá. De Jucá, uno de los senadores con los que Melo Filho mantenía más relación, asegura: “La forma como trataba con él los temas estaba basada en una certeza: todo apoyo llevado a cabo por el senador tendría que ser pagado en campaña electoral”.

 

El ex directivo cita un episodio que ha sacudido a la sociedad brasileña y que coloca al mismo presidente Temer en el centro de la diana. En mayo de 2014, meses antes de las elecciones presidenciales de octubre, Temer, por entonces vicepresidente de Dilma Rousseff –y presto a presentarse a la reelección junto a ella- pidió en una cena “personal y directamente” 10.000 reales al por entonces presidente y propietario de la compañía, Marcelo Odebrecht. La cena se llevó a cabo en la terraza del Palacio de Jaburú, residencia oficial del vicepresidente, todos sentados en unas sillas de cuero oscuro con estructura de aluminio, según recuerda con precisión el ex directivo, sin duda para tratar de dar más veracidad a su testimonio. A esa cena acudieron él, Odebrecht, Temer y el por entonces diputado (y actual ministro de la Casa Civil, una suerte de primer ministro) Eliseu Padilha. La suma se requería para la inminente campaña electoral del PMDB.

Pero, más allá de esta reveladora denuncia, que Temer se ha apresurado a negar alegando que la donación fue legal y declarada, lo que Melo Filho pone al descubierto, de ser cierta su denuncia, es un constante comercio de favores por dinero entre diputados escogidos del PMDB con influencia en el Congreso y en el Senado y los directivos de la empresa. Melo Filho explica por ejemplo cómo el despacho del actual presidente del senado Renan Calheiros siempre estaba abierto para él: “Mi relación con él siempre fue buena y siempre tuve acceso para ser recibido por el él cuando lo necesitaba”. Más adelante cita otro ejemplo comprometedor: en 2014, el ex directivo asegura que se reunió, junto con otras personas, con Calheiros para tratar “el tema de la renovación de los contratos de alimentación energética en el Nordeste”. Y prosigue: “En un determinado momento, él (Calheiros) me dijo que su hijo será candidato al Gobierno de Alagoas y me pidió expresamente que comprobara si la empresa podía contribuir. Creo que pedirme una aportación para la campaña de su hijo, justo en el momento en que se presentaban los aspectos técnicos el pedido del pago, constituían una contrapartida (…) Entendí que si no se llevaban a cabo esos pagos la empresa podría resultar perjudicada”.

Melo Filho cita otro caso sintomático ocurrido en 2014. En él, según siempre su delación, Romero Jucá y Calheiros intercedieron para que se aprobara una ley que determinaba las tasas sobre los beneficios que las empresas exportadoras brasileñas deberían tributar. “Después de tramitada esta medida provisional (MP627/13) recibí una petición del senador Romero Jucá para que efectuara un pago en contrapartida. (…) Romero Jucá hablaba en nombre de Renan Calheiros. O sea, ambos serían los beneficiários (…) Solicité la aprobación a Marcelo Odebrecht. (…) A través del área de Operaciónes Estructuradas se realizo um pago de 5 millones de reales (más de un millón y medio de euros)

El ex directivo asegura que Romero Jucá recibió, bajo cuerda y a lo largo de los años, cerca de 22 millones de reales (unos 7,3 millones de euros) El departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht era una división particular de esta macro empresa encargada, exclusivamente, del pago de sobornos a través de cuentas en el extranjero para borrar el rastro del dinero. A los beneficiarios se les consignaba en los libros contables no con su nombre, sino con un mote. El de Calheiros era “Justicia”. El del ex presidente del Congreso, Eduardo Cunha, era “cangrejo”; el de Romero Jucá, “Cajú” (una fruta tropical). Hay otros, como “el todo feo”, “viejecito”, “indio”, “decrépito”, “la fea”, o “el misas”, todos parlamentarios brasileños.

Además de dinero en efectivo, para sufragar campañas electorales o no, el ex directivo también consigna regalos que la empresa hacía a sus diputados más influyentes. Relata que al ex diputado Geddel Vieira Lima (y ex ministro dimitido recientemente por otro escándalo de tráfico de influencias), por su 50 cumpleaños, la empresa le regaló un reloj marca Patek-Philippe modelo Calatrava valorado en 25.000 dólares, con una tarjeta firmada personalmente por Marcelo Odebrecht.

No sólo Temer ha negado las acusaciones. Todos los implicados han remitido notas en las que apelan a su inocencia. Pero el descrédito de un congreso y un senado por parte de la población es creciente. Y la declaración de Melo Filho sólo es la primera de un auténtico aluvión de revelaciones. Casi 70 directivos de Odebrecht -entre los que se cuenta el propio Marcelo Odebrecht y su padre, Emilio- han pactado con la justicia brasileña rebajar la condena que pesa sobre ellos por corrupción a cambio de datos y delaciones que impulsen la investigación. Por eso, en las próximas semanas, es muy probable que una a una o en bloque, vayan haciéndose públicas todas o, al menos, las más relevantes. De ser así, el frágil Gobierno de Temer, ya de por sí agrietado por su escasa popularidad y por una crisis económica que no remite, corre el riesgo serio de desmoronarse.

 

La fiscalía denuncia a Lula por favorecer a Odebrecht en África

El equipo de defensa del presidente convocó la misma tarde del lunes una rueda de prensa para rebatir las acusaciones y tildar la denuncia de “genérica, frágil y superficial”. “La cantidad de denuncias, de policías federales [que las originan] y fiscales [que las remiten a instituciones superiores] tiene como objetivo excluir a Lula de las elecciones de 2018, no mediante el voto, sino mediante una condena que le impida presentarse a candidato”, explicó en ella su abogado, Cristiano Zanin Martin,

Lula ya está siendo juzgado en dos procesos relacionados con la investigación de Petrobras, el nombre de cientos de casos corrupción y desvío de fondos públicos que lleva años saliendo a la luz y azotando a las élites brasileñas. En uno de esos procesos, se acusa al expresidente de haber recibido aceptado por parte de la constructora OAS privilegios para reformar un piso en Guarujá (São Paulo). En otro, se le acusa de intento de obstrucción a la Justicia, por supuestamente intentar comprar el silencio del exsenador Delcídio do Amaral, del Partido de los Trabajadores. El expresidente también ha sido nombrado en la investigación principal del caso Petrobras, que hace poco llegó al Tribunal Supremo.

Este lunes, la fiscalía reiteró el relato de la policía la semana pasada: que los delitos se produjeron al menos entre 2008 y 2015 y salpican también a la empresa Exergia Brasil. Según el Ministerio Fiscal Federal, esta empresa, creada en 2009 y propiedad de Taiguara Rodrigues, sobrino de Lula, estaba subcontratada por Odebrecht y recibía fondos de la constructora, blanqueando, de esta forma, el dinero. La denuncia separa la actuación de Lula en dos fases: la primera, entre 2008 y 2010, cuando todavía era presidente y, como agente público, culpable de corrupción. La segunda, entre 2011 y 2015, ya como exmandatario, culpable de tráfico de influencias en favor de los implicados. Los investigadores afirman que Lula cometió el delito de blanqueo de capitales 44 veces.

Siempre de acuerdo con la acusación, el blanqueo de capitales también se llevaba a cabo mediante el pago de unas supuestas conferencias que el expresidente habría impartido a invitación de Odebrecht. En este caso, la contratación se hacía mediante LILS Palestras, creada por Lula a comienzos de 2011, nada más dejar la presidencia. El miércoles de la semana pasada, la Policía Federal había acusado al expresidente, a Taiguara Rodrigues, a Marcelo Odebrecht y a siete ejecutivos más de la constructora por corrupción pasiva derivada del presunto favorecimiento a Odebrecht. Además de el expresidente, de Marcelo Odebrecht y de Taiguara, conforman la lista de denunciados José Emmanuel Camano Ramos, Pedro Henrique de Paula Schettino, Maurício Bastianelli, Javier Chuman Rojas, Marcus Fábio Souza Azevedo, Eduardo Alexandre de Athayde Badin, Gustavo Teixeira Belitardo y José Madureira Correia.

La defensa de Lula

Mientras, la defensa se va movilizando contra la lluvia de acusaciones. Los abogados de Lula han comenzado con la más antigua, la de su esposa, Marisa Letícia. Mediante un comunicado explican que su defensa se compone de cuatro escritos que “desmontan la tesis” de que “hay un conjunto gigantesco de pruebas, especialmente contra el expresidente. “Lo que se evidencia es un proceso sensacionalista y pomposo, que aniquila la garantía de presunción de inocencia y en el que queda nítida la violación del principio de contradicción, quedando evidente el abuso del poder de persecución estatal”, señala el comunicado.

Los abogados de Lula recuerdan que se está usando contra el presidente algo conocido como lawfare, es decir, el uso de leyes y procedimientos jurídicos como arma de guerra.

Escándalo de Odebrecht

El gigante de la construcción Odebrecht, una de las mayores empresas brasileñas, tenía un departamento dedicado a pagos irregulares, según la Policía Federal de Brasil. Los responsables del caso Petrobras, que investigan una compleja trama de corrupción de la petrolera estatal y empresas contratistas, creen que altos ejecutivos del grupo Odebrecht operaban un sistema de contabilidad paralela llamado “sector de operaciones estructuradas” para pagar los sobornos. Ocho de ellos fueron detenidos esta mañana.

La Policía Federal cree que existen “indicios concretos” de que Odebrecht hizo pagos indebidos por medio de intermediarios, con el objetivo de conseguir ventajas para la empresa, y señala que varios destinatarios de los sobornos, que se pagaban en efectivo, tienen vínculos “directos o indirectos con el poder público en todas las esferas”. El expresidente del grupo, Marcelo Odebrecht, fue condenado a principios de marzo a 19 años de prisión por su implicación en la trama de corrupción de Petrobras, que investiga el juez Sérgio Moro. Los supuestos pagos del departamento dedicado a los sobornos se realizaron al menos hasta la segunda mitad de 2015, cuando Marcelo Odebretch ya estaba detenido. Los investigadores creen que el presidente cesado de la contratista consentía la corrupción.

Las investigaciones han colocado bajo sospecha obras como las del estadio del Corinthians, en São Paulo, el aeropuerto de Goiânia o el proyecto Porto Maravilha (Puerto Maravilla), la zona portuaria de Río de Janeiro, reformada para los Juegos Olímpicos programados para agosto.

Los investigados en esta etapa de la Operación Lava Jato (Lavacoches) responderán por los delitos de corrupción, evasión de divisas, organización criminal y blanqueo de activos. En total, los responsables por la fase número 26 de Lava Jato emitieron 67 órdenes de busca y captura, 28 de conducción coercitiva (obligación del investigado de declarar), 11 de prisión temporal y cuatro de prisión preventiva. La operación se realiza en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Bahía, Piauí, Distrito Federal, Minas Gerais y Pernambuco.