Jorge Glas con prisión preventiva por el caso Odebrecht

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se enfrentaba este lunes al abismo jurídico y político por su vinculación en el caso Odebrecht por presunta asociación ilícita. Y se ha encontrado con el peor de los escenarios. El juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, ordenó la captura inmediata del vicepresidente y dictó prisión preventiva acogiendo la petición de la Fiscalía. El Ministerio Público había solicitado una nueva audiencia con el fin de agravar las medidas cautelares contra él y contra su tío para evitar el riesgo de fuga ante la inminencia del juicio. Por la mañana, el fiscal general del Estado, Carlo Baca Mancheno, pidió prisión preventiva ya que hasta ahora solo tenía prohibición de salida del país.

Por la tarde, después de suspender la audiencia, el juez aceptó. “Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme”, se quejó Glas a través de Twitter, aunque aseguró que acataria “bajo protesta este infame atropello” en su contra. Ya entrada la noche, Glas se entregó a la policía. Despistó a la prensa apostada ante su domicilio organizando dos comitivas para salir de su urbanización sin ser visto. Según ha confirmado la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el vicepresidente irá a la cárcel 4 de Quito. Para el traslado desde Guayaquil, tomó avión un avión de las Fuerzas Armadas.

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Además de tener su libertad de circulación en juego, los asambleístas de su partido, Alianza PAIS, tenían que decidir si pedían su renuncia como vicepresidente de la República, una salida que Glas siempre ha rechazado. Pero el bloque de PAIS que tenía previsto pronunciarse después de conocer la decisión judicial, aplazó su pronunciamiento a este martes.

Junto a la prisión preventiva, se solicitó que las cuentas de Glas sean congeladas y la prohibición de enajenación de sus bienes. Y también se ordenó que su tío, Ricardo Rivera, sea recluido en prisión de forma provisional por haber violado el arresto domiciliario que se le había impuesto a inicios de junio por tener 68 años. Éste está acusado de haber recibido al menos 13 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de aprovechar su parentesco con el vicepresidente para favorecer que se adjudiquen contratos públicos de gran envergadura a la constructora brasileña.

El vicepresidente Glas, acostumbrado en las últimas semanas a defender su inocencia en innumerables entrevistas y actos públicos, ha permanecido todo el día recluido en su casa de Guayaquil. A la audiencia en Quito solo acudió su abogado. Su departamento de Comunicación no compartió la agenda del día y él se limitó por la mañana a asegurar a las autoridades que estaría localizable para cuando se tomase una decisión sobre las medidas cautelares: “No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos”.

Al frente de su vivienda, en una urbanización de acceso restringido, había apostados una decena de vehículos de seguridad que impedía acercarse a las inmediaciones. También a través de redes sociales, Glas pidió al fiscal que exhiba las pruebas que tiene en su contra y acusó al presidente Lenín Moreno de influir en el proceso judicial. “¿Qué más prueba quieren de que este proceso no es jurídico sino político? Presidente Moreno, parece que sus subalternos no lo han escuchado. Usted dice que no interferirá en otras funciones del Estado, pero faltó explicar a sus colaboradores que ellos tampoco pueden hacerlo”, publicó en un comunicado.

La Fiscalía, que finalizó el proceso de instrucción y búsqueda de pruebas el domingo pasado, dijo ante el juez que un pen drive, enviado por Estado Unidos, contenía información crucial para el caso ya que daba cuenta de las conexiones entre el vicepresidente y su tío. A través de códigos, indicó el fiscal, se relacionaban pagos, apodos, obras y beneficiarios. Su decisión de agravar las medidas cautelares sobrevino a la acusación particular que presentó la semana pasada el abogado del Estado, el procurador general, Diego García Carrión, después de haber escuchado el testimonio del principal cooperador brasileño: el gerente de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos Filho.

A tres días del fin de la instrucción, el ‘delator 1’ rindió su versión desde Sao Paulo por videoconferencia y dijo que Glas y su tío Rivera eran como “hermanos siameses, se alimentan y respiran del propio cuerpo, no hay diferencia ninguna”. Pero el vicepresidente ha mantenido siempre que solo se veía con su pariente una o dos veces al año en reuniones familiares.

Ecuador tendrà una segunda vuelta el 2 de abril

Ecuador se prepara para celebrar una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 2 de abril. El Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad encargada de velar por el proceso, ha anunciado al mediodía de este martes que, con el 95% escrutado, “la tendencia es clara y está establecida”. Así las cosas, el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno, y el conservador Guillermo Lasso volverían a competir. “La tendencia no podría cambiar, porque está marcada”, ha reconocido Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, que, en cualquier caso, ha insistido en que los resultados no son los definitivos.

Preguntado sobre si esa tendencia es irreversible, Pozo contestó: “Efectivamente, es una tendencia marcada”. El portavoz de la autoridad electoral ha concedido también que “no es posible” que, con los votos que quedan por escrutar, se invierta. A lo largo de la tarde, no obstante, ha avanzado el escrutinio y Moreno se ha ido acercando al umbral del 40% que le permitiría evitar esa segunda votación. Con el 97% de los votos contados, alcanza de momento el 39,31%. Lasso tiene, en cambio, un 28,25%. Ante esta circunstancia, el aspirante oficialista ha lanzado una advertencia en Twitter: “La posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. El CNE no está para elucubrar con tendencias, sino para declarar resultados finales”.

En cualquier caso, los ecuatorianos afrontan, salvo sorpresas, otra votación en la que tendrán que elegir entre Moreno y Lasso, quien intentará capitalizar el voto de los demás dirigentes opositores y sus seguidores. La aspirante del Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, que obtuvo la tercera posición en estos comicios, ya anunció su respaldo a Lasso. La celebración segunda vuelta supone un golpe para el proyecto político del presidente en funciones puesto que esta circunstancia no se daba desde el 2006. El frenazo económico de los últimos años y la misma decisión de Correa de dar un paso atrás se encuentran, según los analistas, entre las causas.

Los líderes de la oposición ecuatoriana han redoblado este martes la presión al Gobierno en funciones y exigían ya la celebración de una segunda vuelta. Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el domingo todavía no se conocían, pero varios dirigentes habían agitado sospechas de fraude, aunque sin acusaciones concretas.El escrutinio no ha cambiado de momento la tendencia inicial: Moreno, sigue a la cabeza, pero le faltan unas décimas para alcanzar el umbral del 40% y evitar una segunda votación. La autoridad electoral del país anunció ayer que tardaría “un promedio de tres días” en publicar los datos finales, aunque después dejó la puerta abierta a que se conocieran este martes, y así ha sido.

El retraso y la incertidumbre sobre la celebración de una segunda vuelta habían aumentado la tensión en el país andino entre los principales candidatos y los simpatizantes de sus formaciones políticas. Desde la noche del domingo se han producido concentraciones en Quito y en Guayaquil ante las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad garante de los comicios. El alcalde del puerto del Pacífico, Jaime Nebot, del PSC, llegó a llamar a “una gran marcha” de protesta y calificó la situación que atraviesa Ecuador de “grave y urgente”. El propio Lasso declaró: “Que se demoren tres días para dar los resultados finales, es un intento de fraude y eso no lo vamos a permitir”. Pero el presidente en funciones consideró que, de haber fraude, su formación, Movimiento Alianza PAÍS, sería la perjudicada. “Si alguien debiera hablar de fraude debería ser Alianza PAÍS. Todos los exit poll (4), excepto Cedatos, nos daban desde 40,6% hasta 46% de votos”, señaló. “Nada está dicho. Que se cuente hasta el último voto, y si hay segunda vuelta, los volveremos a derrotar”.

Presidente Temer y su partido en la trama corrupta de Brasil

La explosiva declaración ante la Fiscalía de Cláudio Melo Filho, un ex alto directivo de Odebrecht, la mayor empresa constructora del país, hecha pública el viernes, sitúa al actual presidente Michel Temer y a decenas de miembros relevantes de su partido, el centrista Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), en medio de las investigaciones anti-corrupción que se desarrollan en Brasil. A todos se les cita por recibir sobornos y fondos no declarados para campañas electorales. Si antes le tocó el turno al Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula y de la ex presidenta Dilma Rousseff (nunca envuelta personalmente en ninguna denuncia) ahora le ha llegado de lleno al partido en el poder. Un poder que alcanzó en agosto, después de un largo proceso de impeachemnt en el que casi todos de los ahora denunciados por embolsarse millones apelaron a la legalidad más estricta –y a la decencia personal- para derrocar a la presidenta, acusada, no de apropiarse de dinero, sino de maquillar cuentas públicas para cuadrar los presupuestos.

Melo Filho, ex director de Relaciones Institucionales de la empresa, se encargaba, según su propia declaración, entre otras cosas, de mantener en Brasilia engrasado el contacto entre los diputados y senadores (sobre todo del PMDB pero también de otros partidos, incluido el PT) a fin de que éstos intercedieran para que fueran aprobadas leyes o enmiendas favorables a los intereses de su empresa. “Mi empresa tiene interés en la preservación de esa relación , ya que históricamente apoyan proyectos de nuestro interés y poseen capacidad de influir a los demás agentes políticos”, asegura. A cambio, la empresa pagaba a estos diputados influyentes sumas astronómicas una vez logrado su objetivo. Es decir, la declaración revela, con detalles, con sumas y con nombres, una sistemática y prolongada red de tráfico de influencias simple y dañina que ha durado, al menos, una década y en la que están envueltos decenas de diputados del PMDB, algunos ahora ex ministros relevantes y muy próximos a Temer, como Romero Jucá. De Jucá, uno de los senadores con los que Melo Filho mantenía más relación, asegura: “La forma como trataba con él los temas estaba basada en una certeza: todo apoyo llevado a cabo por el senador tendría que ser pagado en campaña electoral”.

 

El ex directivo cita un episodio que ha sacudido a la sociedad brasileña y que coloca al mismo presidente Temer en el centro de la diana. En mayo de 2014, meses antes de las elecciones presidenciales de octubre, Temer, por entonces vicepresidente de Dilma Rousseff –y presto a presentarse a la reelección junto a ella- pidió en una cena “personal y directamente” 10.000 reales al por entonces presidente y propietario de la compañía, Marcelo Odebrecht. La cena se llevó a cabo en la terraza del Palacio de Jaburú, residencia oficial del vicepresidente, todos sentados en unas sillas de cuero oscuro con estructura de aluminio, según recuerda con precisión el ex directivo, sin duda para tratar de dar más veracidad a su testimonio. A esa cena acudieron él, Odebrecht, Temer y el por entonces diputado (y actual ministro de la Casa Civil, una suerte de primer ministro) Eliseu Padilha. La suma se requería para la inminente campaña electoral del PMDB.

Pero, más allá de esta reveladora denuncia, que Temer se ha apresurado a negar alegando que la donación fue legal y declarada, lo que Melo Filho pone al descubierto, de ser cierta su denuncia, es un constante comercio de favores por dinero entre diputados escogidos del PMDB con influencia en el Congreso y en el Senado y los directivos de la empresa. Melo Filho explica por ejemplo cómo el despacho del actual presidente del senado Renan Calheiros siempre estaba abierto para él: “Mi relación con él siempre fue buena y siempre tuve acceso para ser recibido por el él cuando lo necesitaba”. Más adelante cita otro ejemplo comprometedor: en 2014, el ex directivo asegura que se reunió, junto con otras personas, con Calheiros para tratar “el tema de la renovación de los contratos de alimentación energética en el Nordeste”. Y prosigue: “En un determinado momento, él (Calheiros) me dijo que su hijo será candidato al Gobierno de Alagoas y me pidió expresamente que comprobara si la empresa podía contribuir. Creo que pedirme una aportación para la campaña de su hijo, justo en el momento en que se presentaban los aspectos técnicos el pedido del pago, constituían una contrapartida (…) Entendí que si no se llevaban a cabo esos pagos la empresa podría resultar perjudicada”.

Melo Filho cita otro caso sintomático ocurrido en 2014. En él, según siempre su delación, Romero Jucá y Calheiros intercedieron para que se aprobara una ley que determinaba las tasas sobre los beneficios que las empresas exportadoras brasileñas deberían tributar. “Después de tramitada esta medida provisional (MP627/13) recibí una petición del senador Romero Jucá para que efectuara un pago en contrapartida. (…) Romero Jucá hablaba en nombre de Renan Calheiros. O sea, ambos serían los beneficiários (…) Solicité la aprobación a Marcelo Odebrecht. (…) A través del área de Operaciónes Estructuradas se realizo um pago de 5 millones de reales (más de un millón y medio de euros)

El ex directivo asegura que Romero Jucá recibió, bajo cuerda y a lo largo de los años, cerca de 22 millones de reales (unos 7,3 millones de euros) El departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht era una división particular de esta macro empresa encargada, exclusivamente, del pago de sobornos a través de cuentas en el extranjero para borrar el rastro del dinero. A los beneficiarios se les consignaba en los libros contables no con su nombre, sino con un mote. El de Calheiros era “Justicia”. El del ex presidente del Congreso, Eduardo Cunha, era “cangrejo”; el de Romero Jucá, “Cajú” (una fruta tropical). Hay otros, como “el todo feo”, “viejecito”, “indio”, “decrépito”, “la fea”, o “el misas”, todos parlamentarios brasileños.

Además de dinero en efectivo, para sufragar campañas electorales o no, el ex directivo también consigna regalos que la empresa hacía a sus diputados más influyentes. Relata que al ex diputado Geddel Vieira Lima (y ex ministro dimitido recientemente por otro escándalo de tráfico de influencias), por su 50 cumpleaños, la empresa le regaló un reloj marca Patek-Philippe modelo Calatrava valorado en 25.000 dólares, con una tarjeta firmada personalmente por Marcelo Odebrecht.

No sólo Temer ha negado las acusaciones. Todos los implicados han remitido notas en las que apelan a su inocencia. Pero el descrédito de un congreso y un senado por parte de la población es creciente. Y la declaración de Melo Filho sólo es la primera de un auténtico aluvión de revelaciones. Casi 70 directivos de Odebrecht -entre los que se cuenta el propio Marcelo Odebrecht y su padre, Emilio- han pactado con la justicia brasileña rebajar la condena que pesa sobre ellos por corrupción a cambio de datos y delaciones que impulsen la investigación. Por eso, en las próximas semanas, es muy probable que una a una o en bloque, vayan haciéndose públicas todas o, al menos, las más relevantes. De ser así, el frágil Gobierno de Temer, ya de por sí agrietado por su escasa popularidad y por una crisis económica que no remite, corre el riesgo serio de desmoronarse.

 

La fiscalía denuncia a Lula por favorecer a Odebrecht en África

El equipo de defensa del presidente convocó la misma tarde del lunes una rueda de prensa para rebatir las acusaciones y tildar la denuncia de “genérica, frágil y superficial”. “La cantidad de denuncias, de policías federales [que las originan] y fiscales [que las remiten a instituciones superiores] tiene como objetivo excluir a Lula de las elecciones de 2018, no mediante el voto, sino mediante una condena que le impida presentarse a candidato”, explicó en ella su abogado, Cristiano Zanin Martin,

Lula ya está siendo juzgado en dos procesos relacionados con la investigación de Petrobras, el nombre de cientos de casos corrupción y desvío de fondos públicos que lleva años saliendo a la luz y azotando a las élites brasileñas. En uno de esos procesos, se acusa al expresidente de haber recibido aceptado por parte de la constructora OAS privilegios para reformar un piso en Guarujá (São Paulo). En otro, se le acusa de intento de obstrucción a la Justicia, por supuestamente intentar comprar el silencio del exsenador Delcídio do Amaral, del Partido de los Trabajadores. El expresidente también ha sido nombrado en la investigación principal del caso Petrobras, que hace poco llegó al Tribunal Supremo.

Este lunes, la fiscalía reiteró el relato de la policía la semana pasada: que los delitos se produjeron al menos entre 2008 y 2015 y salpican también a la empresa Exergia Brasil. Según el Ministerio Fiscal Federal, esta empresa, creada en 2009 y propiedad de Taiguara Rodrigues, sobrino de Lula, estaba subcontratada por Odebrecht y recibía fondos de la constructora, blanqueando, de esta forma, el dinero. La denuncia separa la actuación de Lula en dos fases: la primera, entre 2008 y 2010, cuando todavía era presidente y, como agente público, culpable de corrupción. La segunda, entre 2011 y 2015, ya como exmandatario, culpable de tráfico de influencias en favor de los implicados. Los investigadores afirman que Lula cometió el delito de blanqueo de capitales 44 veces.

Siempre de acuerdo con la acusación, el blanqueo de capitales también se llevaba a cabo mediante el pago de unas supuestas conferencias que el expresidente habría impartido a invitación de Odebrecht. En este caso, la contratación se hacía mediante LILS Palestras, creada por Lula a comienzos de 2011, nada más dejar la presidencia. El miércoles de la semana pasada, la Policía Federal había acusado al expresidente, a Taiguara Rodrigues, a Marcelo Odebrecht y a siete ejecutivos más de la constructora por corrupción pasiva derivada del presunto favorecimiento a Odebrecht. Además de el expresidente, de Marcelo Odebrecht y de Taiguara, conforman la lista de denunciados José Emmanuel Camano Ramos, Pedro Henrique de Paula Schettino, Maurício Bastianelli, Javier Chuman Rojas, Marcus Fábio Souza Azevedo, Eduardo Alexandre de Athayde Badin, Gustavo Teixeira Belitardo y José Madureira Correia.

La defensa de Lula

Mientras, la defensa se va movilizando contra la lluvia de acusaciones. Los abogados de Lula han comenzado con la más antigua, la de su esposa, Marisa Letícia. Mediante un comunicado explican que su defensa se compone de cuatro escritos que “desmontan la tesis” de que “hay un conjunto gigantesco de pruebas, especialmente contra el expresidente. “Lo que se evidencia es un proceso sensacionalista y pomposo, que aniquila la garantía de presunción de inocencia y en el que queda nítida la violación del principio de contradicción, quedando evidente el abuso del poder de persecución estatal”, señala el comunicado.

Los abogados de Lula recuerdan que se está usando contra el presidente algo conocido como lawfare, es decir, el uso de leyes y procedimientos jurídicos como arma de guerra.

Escándalo de Odebrecht

El gigante de la construcción Odebrecht, una de las mayores empresas brasileñas, tenía un departamento dedicado a pagos irregulares, según la Policía Federal de Brasil. Los responsables del caso Petrobras, que investigan una compleja trama de corrupción de la petrolera estatal y empresas contratistas, creen que altos ejecutivos del grupo Odebrecht operaban un sistema de contabilidad paralela llamado “sector de operaciones estructuradas” para pagar los sobornos. Ocho de ellos fueron detenidos esta mañana.

La Policía Federal cree que existen “indicios concretos” de que Odebrecht hizo pagos indebidos por medio de intermediarios, con el objetivo de conseguir ventajas para la empresa, y señala que varios destinatarios de los sobornos, que se pagaban en efectivo, tienen vínculos “directos o indirectos con el poder público en todas las esferas”. El expresidente del grupo, Marcelo Odebrecht, fue condenado a principios de marzo a 19 años de prisión por su implicación en la trama de corrupción de Petrobras, que investiga el juez Sérgio Moro. Los supuestos pagos del departamento dedicado a los sobornos se realizaron al menos hasta la segunda mitad de 2015, cuando Marcelo Odebretch ya estaba detenido. Los investigadores creen que el presidente cesado de la contratista consentía la corrupción.

Las investigaciones han colocado bajo sospecha obras como las del estadio del Corinthians, en São Paulo, el aeropuerto de Goiânia o el proyecto Porto Maravilha (Puerto Maravilla), la zona portuaria de Río de Janeiro, reformada para los Juegos Olímpicos programados para agosto.

Los investigados en esta etapa de la Operación Lava Jato (Lavacoches) responderán por los delitos de corrupción, evasión de divisas, organización criminal y blanqueo de activos. En total, los responsables por la fase número 26 de Lava Jato emitieron 67 órdenes de busca y captura, 28 de conducción coercitiva (obligación del investigado de declarar), 11 de prisión temporal y cuatro de prisión preventiva. La operación se realiza en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Bahía, Piauí, Distrito Federal, Minas Gerais y Pernambuco.