Rafael Correa espiaba a la sociedad civil para tener bajo control a los opositores

La Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador vigiló a la sociedad civil durante el mandato del expresidente Rafael Correa. La conocida como Senain tenía establecido un plan de trabajo minucioso e individualizado para vigilar el entorno personal, familiar y profesional de políticos de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas, tuiteros e incluso de miembros de su propio gobierno, con el fin de controlar a los personajes tóxicos y defender la estabilidad democrática de la República.

Esta policía de inteligencia política era parte de uno de los tres departamentos que constituyen la Senain: el de Democracia y Gobernabilidad. Los otros dos, según el decreto emitido por Rafael Correa en 2008 para crear la Senain, se centran en implicaciones económicas -como el contrabando o la falsificación de billetes- y de seguridad y justicia -contra el narcotráfico o la venta de armas-. El objetivo era defender “el imperio de la democracia”.

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Y para ello, había que espiar y elaborar fichas individualizadas de personajes y de iniciativas políticas o sociales que pudieran representar una amenaza para el proyecto de Gobierno, según ha revelado el Diario Expreso. “Documentos internos de ese organismo demuestran que la Senain espió en la Asamblea Nacional, mantuvo bajo vigilancia el entorno (personal, familiar y de negocios) de los opositores más destacados, rutinariamente emitía informes sobre alianzas y estrategias de la oposición, provincia por provincia y pudo jugar un papel importante en la estrategia electora del movimiento PAIS durante la campaña de 2013”, desvela el periódico ecuatoriano.

La información fue publicada unos días después de que el presidente Lenín Moreno, también de Alianza PAIS, denunciara que había encontrado una cámara oculta activa en el despacho presidencial que Correa había mandado colocar durante su administración.

Esos documentos, fechados entre 2010 y 2014, no recogen el contenido de pinchazos telefónicos, ni correos electrónicos ni conversaciones de chat. Pero dan cuenta de que este tipo de averiguaciones se hacían para que el Gobierno pudiera anticiparse a lo que estuviera sucediendo. Y para ello, según la publicación, se invirtieron hasta 44,4 millones de dólares en implementar el Centro Nacional de Inteligencia, con gastos en obras de infraestructura y compra de equipamiento de última generación para hacer seguimiento telefónico o en redes sociales. Todo lo necesario para cumplir su misión.

Por ejemplo, cuando el colectivo Yasunidos inició una campaña de recolecta de firmas para evitar la explotación del yacimiento petrolero del Parque Yasuní, la Secretaría de Inteligencia, que no se ha pronunciado hasta ahora sobre estas revelaciones, elaboró un informe con fecha de 27 de enero de 2014 sobre el proceso de recolección de firmas y estableció dos posibles escenarios. Posicionándose políticamente: uno positivo, donde la “campaña no tiene acogida en la población” y otro negativo donde el colectivo indígena Yasunidos, definido como organización “tóxica”, conseguía el apoyo popular suficiente para convocar una consulta popular que desbaratara los planes gubernamentales de explotación petrolera.

Para líderes políticos destacados, la policía política tenía una dedicación especial. Y trazaba esquemas de seguimiento sobre sus movimientos diarios, sus personas de contacto y su situación económica. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por el movimiento CREO y líder de la oposición en la última campaña electoral, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas -que le arrebató al partido de Correa el control sobre la capital del país- fueron objeto de seguimientos pormenorizados, hora por hora, que llevaron a la Senain a sospechar incluso de la amplia biblioteca de la Fundación Ecuador Libre de Lasso.

“Me parece indignante que en una democracia se creen organismos para perseguir a los adversarios políticos del partido de gobierno”, protestó el mismo Lasso ante la prensa local. También Rodas se pronunció: “Estamos hablando de acciones de persecución, de espionaje que no solo están reñidas con la ley y los derechos de las personas, sino que afectan a la democracia”. Para el exvicepresidente León Roldos se trata además de un caso de peculado (malversación), porque un organismo que funciona con dinero público no puede ser usado con fines partidistas.

Pero la Senain no solo puso el ojo sobre la oposición. También miró puertas adentro del Gobierno. El vicepresidente Jorge Glas, entonces ministro y después vicepresidente de Correa, también está en la lista de seguimientos y ahora está vinculado por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. También se investigó al exministro Richard Espinosa que ahora está al frente del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social o al exgobernador del Guayas por Alianza PAIS, Rolando Panchana. Fuera del gremio político, el periodista crítico con el régimen Carlos Vera o la abogada ambientalista Inés Manzano tienen sus respectivas fichas de seguimiento.

Ante la revelación de la policía política, los asambleístas de oposición decidieron pedir la comparecencia del Secretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, pero la propuesta para modificar el orden del día de la sesión fue rechazada, entre aplausos, por la mayoría oficialista de Alianza PAIS. Vallejo, hombre confianza de Correa que rinde cuentas por ley ante el presidente de la República y el ministro de Seguridad, ha declarado que es “irresponsable” afirmar que se ha espiado a la sociedad civil, dado que la Ley de Seguridad Pública y del Estado prohíbe a los organismos de inteligencia obtener información de personas por su afiliación política o adhesión a movimientos.

Patiño defiende reformas para el ISSFA

“No se elimina el régimen especial de Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, con estas palabras se refirió el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, a las reformas planteadas a la Ley de Seguridad Social de las FF.AA., Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, y Ley de Pensiones de las FF.AA., que se tramitan en la Asamblea Nacional.

 

Según indicó Patiño, las reformas abarcan un grupo de beneficios, tanto para miembros de la tropa como para oficiales. Dentro de ellas destacó la reducción en el porcentaje de aportaciones a la Seguridad Social que este sector realiza, pasando del 23 por ciento de su salario mensual, al 11,45 por ciento, como sucede en el sector público.

“Estamos hablando de cambios importantes en los aportes que hacen los miembros de las FF.AA. y de la Policía actualmente. Ellos aportan el 23 por ciento de sus ingresos, con estas reformas ellos contribuirán el 11,45 por ciento, lo cual significa un aumento de su ingreso mensual del 10 por ciento”, manifestó Patiño.

Otro tema que se modifica es el de los aportes obligatorios para fondos de vivienda. El Ministro de Defensa, explicó que el 15 por ciento de los ingresos mensuales era destinado a este fondo y con las reformas se plantea su eliminación.

“Eliminar algunas contribuciones que se estaban haciendo ilegalmente, como por ejemplo la del Fonifa, un aporte para el fondo de vivienda que obligatoriamente tenían que pagar los miembros de las FF.AA, en sus cinco primeros años de servicio, lo que significaba el 15 por ciento de su ingreso y que ahora ya no lo van a aportar y lo van a recibir, pero esto no significa que dejan de tener este beneficio, porque pueden seguir recibiendo créditos hipotecarios”, expresó.

También habrá modificaciones sobre los seguros de vida. Con las reformas se plantea un solo monto para los miembros de tropa y oficiales que se sitúa en 50.000 dólares. Actualmente este seguro llega a 24.461 dólares en el caso de los policías y en las FF.AA. asciende a 49.809 dólares para oficiales y 31.110 dólares para tropa.

La asambleísta Mirely Vásconez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, dijo que las reformas regirán para el nuevo personal que ingrese a estas instituciones; mientras que los uniformados que actualmente prestan servicio se mantendrán con la normativa anterior. Mañana se desarrollará a partir de las 08:30 el segundo debate sobre estas reformas en la Asamblea Nacional. (VDS) (I)

Ecuador: Mil millones más de deuda para financiar el presupuesto fiscal

El Ministerio de Finanzas de Ecuador informó que colocó hoy en los mercados internacionales 1.000 millones de dólares en bonos soberanos del país, en una emisión que le permitirá financiar el plan de inversiones del presupuesto fiscal de este año.

El Ministerio, en un comunicado difundido esta tarde, indicó que “los bonos fueron negociados en Estados Unidos a un cupón de 10,75 por ciento y un plazo con vencimiento a marzo de 2022”.
La oferta ecuatoriana “atrajo a 119 inversionistas de Norteamérica, Europa, Asia, Medio Oriente y Sudamérica. Participaron bancas de inversión, aseguradoras, fideicomisos, entre otros”, agrega el texto oficial.
Esta colocación de papeles soberanos “se enmarca en el objetivo gubernamental de diversificación de fuentes de financiamiento del presupuesto del Estado”, agrega el documento.
Otra operación similar por el mismo monto efectuó Ecuador el pasado 25 de julio, cuando anunció que los recursos permitirían financiar “el Presupuesto General del Estado de 2016, en lo relativo al Plan Anual de Inversiones”.
Según varias autoridades, la economía ecuatoriana atraviesa por dificultades debido, sobre todo, a choques externos como la drástica caída del precio del petróleo (uno de sus principales rubros de exportación) en los mercados internacionales y la revalorización del dólar, divisa adoptada por el país en el año 2000.
Además, un potente terremoto de magnitud 7,8 golpeó un sector de la costa norte de Ecuador el pasado 16 de abril y la reconstrucción de las zonas afectadas se estima sobre los 3.000 millones de dólares. EFE

El peso mexicano supera en bancos la barrera psicológica de las 20 unidades por dólar

Las cifras pueden ser malditas. México lo ha aprendido esta mañana. El peso ha rebasado por primera vez en la historia el límite psicológico de las 20 unidades el dólar. Aunque sólo fue en la ventanilla de los bancos y en una horquilla que apenas llegó a 20,09, la barrera que todos temían ha sido cruzada. La vertiginosa depreciación, acelerada por el avance de Donald Trump y la crisis del petróleo, está llevando al país a una zona turbulenta. Y lo que es peor, ningún experto está seguro de cuál es el límite.

En lo que va de año, la divisa se ha depreciado más de un 20% frente al dólar. Yen una sola semana se ha convertido en la moneda más golpeada de los países emergentes. El huracán ya ha puesto en duda las previsiones gubernamentales de un cambio de 18,2 pesos el dólar para 2017. Pero ante todo ha destapado las presiones a las que está sometida México.

Siendo una de las economías más fuertes del hemisferio, con tasas de crecimiento superiores al 2%, muy por delante de Brasil y Argentina, el país no logra disipar las dudas sobre su salud. De poco ha servido que tenga la inflación varada por debajo del 3% ni que las remesas procedentes de sus emigrantes en el vecino del norte hayan crecido al 7,5% y superen, gracias a la caída del peso, los 15.000 millones de dólares sólo de enero a julio. Ni siquiera vale que su sector exportador, volcado al 80% en Estados Unidos, se beneficie como nadie en el planeta de esta depreciación.

La desconfianza está prendiendo y el peso, la octava divisa más líquida del mundo, lo sufre. La posibilidad de que la Reserva Federal aumente sus tipos de interés esta semana amenaza con disparar la volatilidad financiera y facilitar la salida masiva de capital hacia Estados Unidos en detrimento de los países emergentes. Trump, el otro gran espectro mexicano, avanza con pasos firmes en la campaña y, de momento, nadie le ha tumbado. Y el petróleo, el principal combustible de las arcas públicas mexicanas, sigue en horas bajas, obligando al Gobierno a ahondar los recortes y, a la postre, a limar su potencial de crecimiento.

En este escenario, el recurso al endeudamiento público no ha hecho más que dañar la credibilidad de México. La deuda ha subido 13 puntos desde el inicio del mandato de Enrique Peña Nieto y ya supera del 50% del PIB. Una cifra que para un país con un 46% de la población en la pobreza es considerado excesivo por numerosos observadores internacionales. Las agencias calificadoras lo han alertado e incluso han advertido de la posibilidad de degradar su nota para México. Una decisión que, pese a estar aún muy lejos, significaría echar más leña al fuego: a peor calificación, menos confianza y menos inversión. Resultado: un peso más débil. La tormenta no ha hecho más que empezar.

Resolución de la Armada quedó si efecto por decisión de una Jueza

La jueza Vanessa Wolf admitió este miércoles la acción de protección presentada por el presidente de la República Rafael Correa y dejó sin efecto la resolución del Consejo de Disciplina de la Armada Nacional, que no había sancionado una supuesta ofensa del capitán Edwin Ortega al primer mandatario, al contestarle un correo electrónico.

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A la audiencia, que se desarrolló en menos de una hora en el complejo judicial de la ciudadela Florida Norte, no asistieron ni el presidente Correa ni los otros oficiales accionados por él: Diego Rubio Espinosa, Marco Vinicio Cáceres, Luis Kon Becerra, José Zumarraga y Luis Ordóñez Eras.

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La asistencia del demandante y los demandados no fue impedimento para instalar la audiencia por parte de la jueza Wolf, que en cambio escuchó los alegatos del asesor jurídico de la Presidencia Alexis Mera y de Juan Vizueta, abogado del capitán Ortega, quien acudió uniformado a la diligencia.

La resolución de la jueza indica que debe conformarse otro Consejo de Disciplina para que juzgue nuevamente a Ortega, quien dijo tras la audiencia que se queda tranquilo y que confiará en lo que se decida al interior de la Marina. “Lo que importa es la verdad. Yo no he ofendido al Presidente”.

Vizueta se mostró sorprendido porque la jueza, tras escuchar los alegatos, se tomó cuatro minutos para anunciar su decisión. “Ha regresado Chucky Seven a la función judicial”, dijo.

Mera, por su parte, explicó que la jueza reconoció en su resolución la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica del presidente porque él “es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas”. (I)

Rajoy pierde la primera votación para su investidura

No a esta investidura y no a las futuras que pueda intentar Rajoy en los próximos meses. Que el PP abandone toda esperanza de pactar con el PSOE y hasta de lograr la abstención de los diputados socialistas para que haya un Gobierno presidido por Rajoy. Y, sin la coincidencia en votos entre PP y PSOE, el camino termina casi necesariamente en terceras elecciones en diciembre. Al menos, mientras Pedro Sánchez esté al frente del partido y su comité federal no enmiende su resolución unánime. La única esperanza del PP es que haya cambios en la dirección socialista.

Mariano Rajoy ha logrado este miércoles los 170 votos previstos —los del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria—, insuficientes para lograr los 176 de la mayoría absoluta para la investidura en primera instancia. Y también insuficientes para que salga adelante el viernes por mayoría simple.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abrió la segunda jornada del debate de investidura de Rajoy con un discurso en el que, desde la primera frase hasta la última, la idea más repetida fue el no. Si Rajoy intentó el martes una especie de cuestión de confianza con el balance de su gestión, el socialista hizo algo parecido a una moción de censura al líder del PP, aunque con el matiz de no presentar candidato alternativo. El “no es no” del socialista no presenta ninguna grieta que permita suponer que pueda cambiar y permitir un Gobierno del PP antes del 31 de octubre, pero tampoco incluye una alternativa o alguna opción de que pueda haber otro presidente. Es decir, la sombra de las terceras elecciones se agiganta.

Gobierno rechaza informe sobre Derechos Humanos

El Gobierno, a través de la Cancillería, expresó ayer su rechazo a las “críticas unilaterales e infundadas” que advirtió en un informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Se buscaría “afectar injustificadamente la imagen internacional de nuestro país”, señaló en un comunicado.

“La Cancillería manifiesta su seria preocupación por la elaboración de informes unilaterales y sesgados”, indicó a propósito del ‘Reporte por país de las prácticas de los derechos humanos en el 2015’.

El documento analiza la situación a nivel mundial, y en el informe sobre Ecuador concluye que el gobierno de Rafael Correa “siguió restringiendo a los medios independientes y la sociedad civil mediante leyes de propiedad intelectual para forzar el desmantelamiento de contenido en internet”.

También señala a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La Cancillería sostuvo que el régimen “impulsa el respeto y la promoción de los derechos humanos”, y que ha ratificado todos “los instrumentos interamericanos”. Y que “en contraste”, EE.UU. no se ha adherido a ellos y mantiene “detenciones ilegales, inexistencia de procesos judiciales y torturas en la cárcel de Guantánamo”.

El embajador de EE.UU. en Ecuador, Todd Chapman, dijo que ese informe lo publica su país por un pedido del Congreso norteamericano: “Es de nuestro interés por avanzar en los derechos humanos en todo el mundo… Tenemos un diálogo muy abierto con el Gobierno de Ecuador sobre sistemas; hay ciertos desafíos, pero también hay muchos otros en derechos humanos…”. Ayer presentó sus cartas credenciales ante el vicepresidente Jorge Glas. (I)

Solca admite que recibió recursos a tiempo

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) mantuvo una reunión este martes con los directores de los seis núcleos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) en la que se destacó la importancia de garantizar la atención continua a los pacientes que sufren de enfermedades oncológicas.

Luego de la reunión, que se  extendió por más de cinco horas, ambas partes firmaron un acuerdo que contiene cinco puntos. Este acuerdo fue leído por la ministra de Salud, Margarita Guevara, en presencia de todos los representantes de Solca.

“Se garantiza la prestación de servicio de atención en las unidades de salud a escala nacional a los pacientes con cáncer, tanto en las unidades de atención de Solca como en las de la Red Pública Integral de Salud conforme lo determina la Constitución de la República”, dijo la ministra.

El comunicado reconoce que el MSP transfirió oportunamente a Solca el valor correspondiente a la recaudación del 0,5% de las operaciones de crédito que le corresponde por ley de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero.

En cuanto  al monto por prestación de servicios que el Ministerio adeuda a Solca por la derivación de pacientes a esta institución “se ha consensuado una deuda de 50 millones de dólares (corte 15 de marzo de 2016), de los cuales 20 millones están en proceso de pago y 30 millones se encuentran en proceso de auditoría, aclarando que las cifras son dinámicas y varían conforme se presenten nuevas atenciones a los pacientes”, dijo Guevara.

Además se acordó que se mantendrá un trabajo “continuo y articulado dentro  de un relacionamiento ético y cordial entre ambas instituciones (…) y se llevarán a cabo reuniones adicionales para resolver cualquier inconveniente administrativo pendiente”.

El último punto aclara que se procederá de la misma manera con los demás miembros de la Red Pública de Salud (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad de la Policía e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), quienes por su parte también derivan pacientes a Solca.

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Lula negocia su entrada en el Gobierno de Brasil

En un giro impensable hace unas semanas e inimaginable hace un año, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se apresta, según varios medios brasileños, a entrar en el Gobierno de Dilma Rousseff, la persona a la que él mismo eligió para sucederle. Es un capítulo rocambolesco más de la crisis política en la que cada día se hunde más el país. Lula, el hasta hace años político más valorado de la historia brasileña, acusado ahora por la Fiscalía de aceptar regalos de empresas vinculadas a la trama de Petrobras, aceptará ser ministro por dos razones concretas: conseguir un aforamiento que le proteja de la acción judicial desencadenada contra él y ayudar, con su probada capacidad de negociación, a aglutinar en torno a él el número suficiente de diputados y senadores que evite la cada vez más amenazante destitución parlamentaria (impeachment), que podría apartar del Gobierno a Rousseff en dos meses. Bastó que la noticia de que Lula se prepara para aceptar un cargo en el Gobierno saltara a los periódicos de Brasil para que la bolsa brasileña bajara más de un 3,5% y el dólar subiera más de un 3%. Un síntoma más de la desconfianza que muestran los mercados hacia Lula, Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT).