Venezolanos se consolidan en el número uno en solicitudes de asilo en Estados Unidos

Los venezolanos se consolidan como nacionalidad número uno en solicitudes de asilo en Estados Unidos, según las cifras del Departamento de Seguridad Interior. Al cierre del tercer trimestre de 2017 lo habían pedido 21.407, 6.679 más que en todo 2016, primer año en que superaron en la lista a los solicitantes de China. Comparada con 2013 (786) la cifra de peticiones de emigrantes de Venezuela se ha multiplicado por 27 a falta de tres meses para que termine 2017.

El aumento exponencial del número de solicitudes de venezolanos se dio a partir de la muerte del expresidente Hugo Chávez en 2013 y de la profundización de la crisis económica e institucional hasta la fecha durante la presidencia de su sucesor, Nicolás Maduro. En 2016 los venezolanos también se convirtieron por primera vez en los principales solicitantes de asilo (3.960) en España.

La avalancha de peticiones en Estados Unidos ha influido en el atasco en las tramitaciones. “En 2013 te daban cita para la entrevista con un oficial de migración en un plazo de un mes, y ahora la cita se está demorando cuatro años”, dice el abogado venezolano radicado en Miami Ángel Domínguez, especialista en procesos de asilo, que apunta que el tapón también se debe a la redistribución de funcionarios de labores de asilo hacia las de deportación, priorizadas por Donald Trump.

El 2017 podría cerrar con cerca de 30.000 solicitudes de venezolanos en Estados Unidos, según estiman Domínguez y Javier Torres, también venezolano y director de Migrants Foundation, establecida en Tampa. “Diciembre es el mes de más inmigración desde Venezuela con la excusa de la visita familiar, y ya finalizando noviembre hemos estado notando un repunte”, dice Torres.

Domínguez advierte de que se encuentra a menudo con venezolanos que se equivocan al alegar la crisis económica y la carestía en Venezuela como motivo de solicitud de asilo, que “solo procede”, explica, “en casos demostrables de persecución o temor de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política”. El abogado acaba de terminar un Manual básico sobre asilo político en los Estados Unidos que se publicará en diciembre para ayudar a los solicitantes a conocer el trámite y sus condiciones. Otro error frecuente, dice, es pedir asilo cuando ya ha pasado un año de la entrada en Estados Unidos, plazo máximo para solicitarlo.

El embudo de peticiones de asilo de venezolanos, señalan los especialistas, se podría contener si el Gobierno de Estados Unidos aprobase un “alivio migratorio” para ellos, otorgándoles un Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas). Pero las políticas de choque contra la inmigración de Trump van en la dirección opuesta. En noviembre, por ejemplo, se liquidó el programa que evitaba la deportación de 59.000 de haitianos. Representantes del exilio venezolano pidieron sin éxito en agosto en Miami al vicepresidente Mike Pence que se activase esa medida especial.

La novedad “positiva” que ha traído para los emigrantes venezolanos la administración Trump, según Domínguez, es que ha “reconocido que en Venezuela hay una dictadura y habla con contundencia de presos políticos y de violaciones de derechos humanos”, lo que podría favorecer la aprobación de las solicitudes de asilo. Torres, sin embargo, cree que “el filtro, las exigencias para aprobar el asilo, se pondrán más altas cuanto mayor sea la cantidad de peticiones”. Desde su punto de vista, urge “que el problema de la migración venezolana no se vea solo como un tema político sino humanitario”. “Entre los solicitantes que se declaran perseguidos políticos, buena parte han salido de allí sobre todo por el deterior de las condiciones de vida, que ya son literalmente inviables”, concluye.

Maduro saca de circulación el dinero

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tomado la decisión más inesperada de las que se podían anticipar a principios de semana, cuando anunció medidas económicas para frenar el imparable ascenso del valor del dólar estadounidense en el mercado negro. Amparado en el decreto de emergencia económica, el jefe de Estado ha ordenado que salga de circulación el billete de 100 bolívares, el de mayor valor, y que representa, según cifras del Banco Central de Venezuela, el 48% del dinero en efectivo que circula en la economía local.

El gobierno ha explicado que los billetes de cien bolívares, los de mayor valor, con el que apenas se puede comprar un caramelo, han sido sacados del país “por mafias especuladoras”. Un golpe financiero, ha denunciado el régimen. “En Cúcuta y Maicao [poblaciones colombianas fronterizas con Venezuela] funciona un centro permanente de ataque al sistema bancario. Hay almacenes enteros de billetes de 100 [bolívares] en Cartagena y Bucaramanga”, afirmó el gobernante en su programa de televisión En contacto con Maduro. Acusó además a una empresa relacionada con el Departamento del Tesoro de EE. UU de estar detrás de esa operación.

Maduro ha ordenado que salga de circulación el billete de 100 bolívares, que representa el 48% del dinero en efectivo que circula en la economía local

En el último mes la moneda local se devaluó 59% y generó una crisis sin precedentes, al liquidar la posibilidad de pagar con dinero en efectivo en los comercios y provocar un aumento de precios que acabó con el poder de compra de la moneda local. Aunque los académicos aún no hablan de hiperinflación, lo que ocurre en Venezuela es un incremento casi a diario de los precios. El dólar se ha convertido en el bien más preciado entre los venezolanos, que están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de protegerse de la inflación. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una inflación de 720% para este año.

Aunque el gobierno no lo explicó, varios analistas consideran que la medida busca influir en la forma cómo se calcula el dólar en Venezuela. Un sitio en Internet, llamado Dólar Today, calcula con cuantos bolívares se puede comprar un peso en Colombia y luego, con eso pesos, calcula cuántos dólares se pueden adquirir. Ese indicador es el que se ha convertido en el marcador para establecer los costos de reposición de los comercios en Venezuela.

Luego de la publicación de la resolución en Gaceta Oficial los venezolanos tendrán 72 horas para depositar esos billetes en las taquillas de la banca pública. Pasado ese tiempo deberán acudir a la sede del Banco Central de Venezuela para cambiarlos. Mientras tanto, el billete de mayor denominación será el de 50 bolívares, toda una complicación adicional a las gestiones de la vida diaria en un país al borde del colapso. El Ministerio del Interior y la policía política coordinarán el complejo operativo que supondrá las largas filas de personas intentando cambiar su dinero.

El billete de 100 bolívares era el más utilizado en las transacciones y en los últimos días había desaparecido. En la frontera y en aquellos poblados poco acostumbrados a manejarse con transacciones electrónicas se vendía por un precio más alto de su valor. Esto solo ha sido posible porque el régimen venezolano se empeña en mantener un control de cambios, vigente desde hace casi 14 años, y ha creado subsidios de bienes esenciales. La caída de los precios del petróleo ha impedido que ese subsidio llegue a toda la población como en el pasado.

Se espera que el próximo 15 de diciembre entre en circulación de forma progresiva el nuevo cono monetario anunciado el jueves por el Banco Central de Venezuela. El de menor valor será el de 500 bolívares y el de mayor valor de 20 mil. Este último billete equivale a unos 5 dólares de acuerdo con la cotización de la moneda local en el mercado negro.

Gobierno venezolano y oposición

La oposición se ha sentado con el Gobierno para explorar un posible diálogo en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, tres delegados del Ejecutivo y cuatro representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se han plantado este domingo en el Museo Alejandro Otero, en Caracas, para acordar alternativas al creciente conflicto político. “Tengo un compromiso total y absoluto en estos procesos de paz, le tiendo la mano a la MUD… Venimos dispuestos a escucharlos”, aseguró el mandatario venezolano.

El encuentro ha contado con la mediación del enviado especial del Vaticano y una delegación internacional encabezada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana). “Ningún pueblo puede resolver sus tensiones con la violencia”, dijo Claudio María Celli, el enviado de la Santa Sede.

La MUD no ha llegado a un consenso sobre la cita con el oficialismo. Leopoldo López, el principal preso político del Gobierno venezolano, ha ordenado a su partido político Voluntad Popular no acudir a la reunión. “Consideramos que no han mejorado las condiciones para iniciar un verdadero diálogo: se ha eliminado la recolección del 20%, ha incrementado el número de venezolanos presos por razones políticas y no ha existido ninguna muestra del régimen de rectificar, especialmente en la solución de la crisis que hoy mantiene a nuestro pueblo sin alimentos ni medicinas”, indicó el partido político en un comunicado.

Otros 14 partidos políticos de la coalición opositora tampoco han respaldado la posibilidad de abrir un diálogo con el oficialismo. En un documento divulgado el viernes han acordado enviar al secretario general de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, para sentar una posición sobre los motivos que los alejan del diálogo. El encuentro se ha desarrollado a puertas cerradas en Caracas.

El creciente conflicto

Tras la suspensión del referéndum revocatorio, la oposición ha lanzado una ofensiva contra el Gobierno en un intento desesperado de recuperar alternativas democráticas para deponer a Maduro. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, ha abierto un juicio político para destituir al sucesor de Hugo Chávez. Pero el oficialismo se ha encargado de bloquear cualquier posibilidad de perder el poder. Hace una semana, el Palacio Legislativo fue asaltado por una horda chavista cuando se discutían alternativas para destituir al presidente venezolano.

Una escalada de violencia ha brotado después de la suspensión del referéndum. Las protestas emprendidas por la oposición para rechazar el aplazamiento de la recaudación del 20% de las firmas del padrón electoral —etapa decisiva en el proceso revocatorio— han provocado más de un centenar de heridos y 147 detenidos.

El Gobierno ha amenazado con un contraataque ante la ofensiva de la oposición. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz ha convocado a los seguidores del chavismo a una concentración en Caracas con la intención de crear una muralla que frene a los opositores en su marcha hasta el palacio presidencial, el jueves. “Los vamos a esperar en Miraflores”, reiteró.

La presidenta de Brasil viaja a EE UU para defender que es víctima de un golpe

La presidenta de Brasil,Dilma Rousseff, aprovecha los huecos que encuentra para defenderse del proceso de destitución (‘impeachment’) que será evaluado por el Senado de Brasil en las próximas semanas. Después de hablar con la prensa extranjera esta semana, la presidenta, del Partido de los Trabajadores (PT), quiere dar su versión a los jefes de Estado que participarán del encuentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para firmar el Pacto de París. La mandataria brasileña aterriza en Nueva York este jueves. En su discurso en la ONU defenderá, previsiblemente, que es víctima de un golpe de Estado, y no de un proceso legal de destitución presidencial.

Rousseff decidió a última hora que participaría del evento internacional. Se espera que realice su declaración el viernes por la tarde, cuando los representantes de 195 países estarán en el encuentro que sella el acuerdo contra el cambio climático elaborado en diciembre del año pasado, en la COP 21.

El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, acusado por Rousseff de “golpista y conspirador”, ya ha reaccionado a los planes de la mandataria. En una entrevista en el diario Financial Times, Temer dijo que no hay ningún golpe en curso en Brasil. “Varios ministros de la Suprema Corte han dicho lo mismo. Se trata de un proceso constitucional”, afirmó Temer, que fue vicepresidente de Rousseff desde 2010 hasta el 29 de marzo cuando su partido, el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), rompió con el Gobierno.

De hecho, tres de los 11 ministros del Supremo ya han declarado de que el impeachment de la presidenta, apoyado por 367 votos en la Cámara Baja el último domingo 17 (25 votos más de los necesarios para aprobarlo) siguió lo que dice la Constitución brasileña. “Si la presidenta ve la existencia de un golpe, comete un grave equívoco”, dijo Celso de Mello, el más antiguo ministro da Corte, segundo el diario O Globo. Para otro integrante de la corte, Dias Toffoli, alegar que hay un golpe es “una ofensa a las instituciones brasileñas”.

Pocas naciones u organizaciones internacionales se han manifestado a favor de Roussef

La oposición que apoya a Temer también ha reaccionado a la intención de la presidenta de utilizar la tribuna de la ONU para defenderse. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Aloysio Nunes Ferreira, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), también ha ido a Estados Unidos para participar de la misma reunión que Rousseff. “Espero que no haga de este evento un mitin político en el que presente una visión falsa de lo que es la democracia brasileña”, le dijo Nunes a la corresponsal de EL PAÍS, Silvia Ayuso. Nunes añade que la presidenta está “desesperada para mantenerse en el cargo, y trabaja para destruir la imagen positiva del país”.

Apoyo débil

Desde el inicio de la crisis política, pocas naciones u organizaciones internacionales se han manifestado a favor de Rousseff. Tan solo Uruguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador, además de la presidencia de la Organización de los Estados Americanos, la han apoyado públicamente.

La de esta semana será la primera salida internacional de la presidenta desde que su vicepresidente rompió la alianza con ella. Estará al menos dos días en el extranjero (el jueves y el viernes), por lo que Temer asume la presidencia mientras Rousseff está en viaje.

Inquietud en Argentina por la crisis brasileña

Brasil y Argentina son dos gigantes muy conectados que desde principios del siglo XX viven realidades paralelas. En Argentina se dice que cuando Brasil estornuda el país austral se resfría. Tanto el mundo político como el económico están viviendo con enorme inquietud la crisis brasileña, no solo por las consecuencias económicas inmediatas –Brasil es el gran socio y cliente, y su caída está hundiendo la industria automovilística argentina, por ejemplo- sino sobre todo por las políticas. Mauricio Macri vive un momento delicado en el que está empezando a sufrir protestas sociales importantes por su política de ajuste y no le interesa nada una situación de un Gobierno brasileño no elegido por las urnas en la que el kirchnerismo pueda alentar la idea, ya lanzada la semana pasada por la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de que en todo el continente se vive un “golpe neoliberal”.

“La sociedad brasileña y argentina están muy conectadas, para bien y para mal. Argentina vive un momento de ajuste en el que basta apretar un botón para que el escenario social se vuelva complicado. La situación de Brasil, con un gobierno elegido con el voto indirecto y no en las urnas, puede alentar una reacción social en los dos países. Esto desestabiliza toda la región y por supuesto debilita aún más el Mercosur”, asegura Mónica Hirst, doctora en estudios estratégicos y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en las relaciones entre Brasil, su país de origen, y Argentina, donde vive hace 30 años.

Hirst cree que el Gobierno de Macri se enfrenta a un dilema importante. “Es obvio que un Gobierno de Temer [el vicepresidente brasileño que ocuparía la presidencia] va a ser más convergente con las políticas de Macri. Pero él va a tener que relacionarse con un Gobierno que ha llegado al poder de manera para muchos no legítima. Algunos en Argentina ven esta crisis como una oportunidad para afianzar el incipiente liderazgo de este país pero yo, con la experiencia de tantos años, no veo de qué manera la crisis de Brasil puede contribuir al éxito de un nuevo modelo liberal argentino”, remata Hirst.

El Gobierno argentino ha mantenido una cierta distancia pero dejando claro su enorme preocupación. La canciller, Susana Malcorra, llegó a promover una reunión urgente de Mercosur para apoyar la institucionalidad en Brasil que finalmente nunca se realizó. Pese a sus diferencias ideológicas, Macri buscó una alianza con Rousseff desde el primer momento y trasladó el mensaje de que a Argentina le interesaba un Brasil estable. No hizo nada, pese a los reclamos de la oposición, para ayudar a la caída de Dilma. Aunque tampoco entró en la campaña de la izquierda latinoamericana con Evo Morales como gran protagonista que habla de un “golpe” en Brasil. Macri nadó en las dos aguas pero ahora está obligado a tomar una posición. Hasta ahora siempre defendió que se actuara “conforme a la Constitución brasileña”. Una vez concluido el proceso constitucional, tendrá que decidir cómo se relaciona con el nuevo Gobierno.

Federico Merke, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, también cree que esta crisis no beneficia de ninguna manera a Argentina. “Se está abriendo un escenario de mucha inestabilidad. Lo que viene ahora son malas opciones todas. Si [el impeachment] avanza en el Senado, estaría asumiendo un vicepresidente que también está investigado. Brasil es el país más poderoso de la región, que siempre ha contribuido a estabilizar la política, a evitar conflictos, tenía un rol de moderador. Ningún país sale ganando con un Brasil impredecible, inestable, sin energía para pensar en la integración regional”, señala.

Dilma Rousseff se queda sola

Esta tarde, el principal partido aliado del Gobierno de Dilma Rousseff, el Partido do Movimento Democrático de Brasil (PMDB), hasta hoy mayor apoyo delcomatoso Gobierno de Rousseff y apoyo de los sucesivos gobiernos de Lula desde 2003, anunciará, tras una reunión protocolaria, que cambia de postura y de lado. Así deja las manos libres a sus diputados para sumarse a las filas de los que votarán, en las próximas semanas, a favor de la destitución parlamentaria(impeachment) de la actual presidenta. Esta formación cuenta con siete ministros en el Gobierno. Uno ya ha renunciado.

Con el reloj de la votación parlamentaria corriendo (en un mes todo puede estar decidido), Rousseff, cada vez más debilitada, recibirá esta tarde un golpe que se antoja definitivo para su permanencia en el poder. El PMDB abandona el barco del Gobierno cuando este zozobra (táctica ésta, la del huida de la nave cuando se hunde propia de esta formación) y sus 65 diputados, decisivos para inclinar la balanza del Congreso para uno u otro lado, apuntan ya a votar a favor del impeachment cuando llegue el momento crucial, dentro de unas semanas. El partido presiona para que sus siete ministros, entre los que se cuentan el de Salud y el de Minas y Energía, entre otros, renuncien . Si esto ocurre,  paradójicamente, sólo el vicepresidente del Gobierno, Michel Temer, convertido en líder de esta formación ambigua, quedará en su puesto. La razón es obvia: si Rousseff es destituida por el juicio del Parlamento, Temer asumirá automáticamente la presidencia, lo que cada día que pasa se vuelve más probable. Tratará de conducir su Gobierno, ayudado por la actual oposición a Rousseff, hasta las elecciones de 2018.

Crisis laboral: Terminación de contratos para el despido

Rosana M., consultora de varios años, se quedó sin trabajo el 31 de diciembre pasado. La empresa privada en la que laboraba y que era proveedora de servicios para el Estado, ya no pudo seguir con sus proyectos a causa de la mora estatal y dio por terminado su contrato.

Ella, quien pide que no se revele su identidad, ya ha conseguido un nuevo empleo, pero cuenta que con ella trabajaban al menos 50 profesionales que quedaron en la desocupación y que aún no logran ubicarse.

A Fernando D. no le renovaron su contrato en una dependencia del sector público, en diciembre pasado. En estos días utiliza su vehículo particular como taxi informal, pero también busca trabajo a través del internet, o “poniendo bocas” como chofer, estibador, o cualquier cosa que aparezca.

Patricio Z. fue despedido de su trabajo en una concesionaria de autos en diciembre pasado. Sus exjefes explicaron a los empleados que no había suficiente venta ni de autos ni de repuestos. Días después él y varios de sus compañeros fueron separados con despido intempestivo.

La terminación (y no renovación) del contrato y el despido intempestivo fueron dos de las causas más comunes por las cuales las personas perdieron su empleo en 2015, según el estudio que presentó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) en la Asamblea, en el marco del debate de las reformas laborales que se aprobaron la semana pasada.

Entre ellas constan la reducción de la jornada laboral, incentivos para el empleo de los jóvenes y la creación de un Seguro de Desempleo.

El análisis se hizo entre las personas que quedaron cesantes y, por ende, se acogieron al fondo de cesantía. Según el Biess, en 2015, 146.986 afiliados obtuvieron esa prestación.

De ellos, el 29,97% salió de sus trabajos por terminación de contrato; luego está la renuncia voluntaria, con el 24,66%, y el despido intempestivo, con 17,97%.

El abogado laboralista Joaquín Viteri indica que la figura de terminación de contrato ha sido una de las herramientas más atractivas para la desvinculación tanto del sector público como del privado.

Explica que en el sector público se firmaron contratos por servicios ocasionales, amparados en la Ley de Servicio Público, pero estos han facilitado la salida de servidores, pues no garantizan su estabilidad y el patrono no está obligado a pagar indemnización.

Pablo Guevara, socio de la consultora Fidesburó, considera que en el sector privado posiblemente se usó esta vía porque necesitaban desvincular a los trabajadores y prefirieron hacerlo con quienes aún tenían contratos a plazo fijo vigentes hasta el 31 de diciembre.

Esto porque con la Ley para la Justicia Laboral, los contratos se convertían en indefinidos y así las condiciones de separación se volvían más onerosas.