Ecuador tendrà una segunda vuelta el 2 de abril

Ecuador se prepara para celebrar una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 2 de abril. El Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad encargada de velar por el proceso, ha anunciado al mediodía de este martes que, con el 95% escrutado, “la tendencia es clara y está establecida”. Así las cosas, el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno, y el conservador Guillermo Lasso volverían a competir. “La tendencia no podría cambiar, porque está marcada”, ha reconocido Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, que, en cualquier caso, ha insistido en que los resultados no son los definitivos.

Preguntado sobre si esa tendencia es irreversible, Pozo contestó: “Efectivamente, es una tendencia marcada”. El portavoz de la autoridad electoral ha concedido también que “no es posible” que, con los votos que quedan por escrutar, se invierta. A lo largo de la tarde, no obstante, ha avanzado el escrutinio y Moreno se ha ido acercando al umbral del 40% que le permitiría evitar esa segunda votación. Con el 97% de los votos contados, alcanza de momento el 39,31%. Lasso tiene, en cambio, un 28,25%. Ante esta circunstancia, el aspirante oficialista ha lanzado una advertencia en Twitter: “La posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. El CNE no está para elucubrar con tendencias, sino para declarar resultados finales”.

En cualquier caso, los ecuatorianos afrontan, salvo sorpresas, otra votación en la que tendrán que elegir entre Moreno y Lasso, quien intentará capitalizar el voto de los demás dirigentes opositores y sus seguidores. La aspirante del Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, que obtuvo la tercera posición en estos comicios, ya anunció su respaldo a Lasso. La celebración segunda vuelta supone un golpe para el proyecto político del presidente en funciones puesto que esta circunstancia no se daba desde el 2006. El frenazo económico de los últimos años y la misma decisión de Correa de dar un paso atrás se encuentran, según los analistas, entre las causas.

Los líderes de la oposición ecuatoriana han redoblado este martes la presión al Gobierno en funciones y exigían ya la celebración de una segunda vuelta. Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el domingo todavía no se conocían, pero varios dirigentes habían agitado sospechas de fraude, aunque sin acusaciones concretas.El escrutinio no ha cambiado de momento la tendencia inicial: Moreno, sigue a la cabeza, pero le faltan unas décimas para alcanzar el umbral del 40% y evitar una segunda votación. La autoridad electoral del país anunció ayer que tardaría “un promedio de tres días” en publicar los datos finales, aunque después dejó la puerta abierta a que se conocieran este martes, y así ha sido.

El retraso y la incertidumbre sobre la celebración de una segunda vuelta habían aumentado la tensión en el país andino entre los principales candidatos y los simpatizantes de sus formaciones políticas. Desde la noche del domingo se han producido concentraciones en Quito y en Guayaquil ante las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad garante de los comicios. El alcalde del puerto del Pacífico, Jaime Nebot, del PSC, llegó a llamar a “una gran marcha” de protesta y calificó la situación que atraviesa Ecuador de “grave y urgente”. El propio Lasso declaró: “Que se demoren tres días para dar los resultados finales, es un intento de fraude y eso no lo vamos a permitir”. Pero el presidente en funciones consideró que, de haber fraude, su formación, Movimiento Alianza PAÍS, sería la perjudicada. “Si alguien debiera hablar de fraude debería ser Alianza PAÍS. Todos los exit poll (4), excepto Cedatos, nos daban desde 40,6% hasta 46% de votos”, señaló. “Nada está dicho. Que se cuente hasta el último voto, y si hay segunda vuelta, los volveremos a derrotar”.

Corea del Sur destituye a su presidenta

La Asamblea Nacional en Seúl ha aprobado este viernes la destitución de la presidenta Park Geun-hye por su implicación en un novelesco escándalo de corrupción en torno a su amiga Choi Soon-sil, apodada como “la Rasputina surcoreana”. Park ha quedado automáticamente suspendida en sus funciones, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida la legalidad de la moción de censura. Hasta entonces quedará al cargo el primer ministro, Hwang Kyo Ahn.

La moción de los principales tres partidos de la oposición, a la que se sumaron docenas de legisladores del propio partido de Park, el conservador Saenuri, acusaba a la presidenta de una gama de delitos y violaciones de la Constitución que llegaban desde el abuso de poder a no haber protegido como debía las vidas de los ciudadanos. La propuesta de destitución logró 234 votos, 34 más de los 200 que necesitaba para salir adelante. Únicamente se pronunciaron en contra 56 diputados.

 

 El Tribunal Constitucional puede tardar hasta seis meses en decidir si ratifica la destitución. Una etapa en la que continuará la inestabilidad política que vive el país desde el estallido del caso en octubre. Hwang, un antiguo fiscal, nunca ha sido elegido en las urnas, pero deberá afrontar desafíos como el programa militar norcoreano, la presión china contra el escudo antimisiles estadounidense THAAD que Corea del Sur tiene previsto desplegar en su territorio o el auge mundial del proteccionismo.

En una declaración inmediatamente después de la votación, Park reiteró la posición que ha mantenido durante todo ese escándalo. Pidió disculpas por haber “creado este caos nacional con mis descuidos”, pero no reconoció haber cometido falta alguna.

La destitución culmina un escándalo que ha dejado la popularidad de la presidenta en los niveles más bajos jamás registrados en Corea del Sur, en torno al 5%. Durante los últimos dos meses cada fin de semana los ciudadanos se han lanzado a las calles en manifestaciones masivas para exigir la marcha de la jefa de Estado. El pasado sábado en Seúl, según los organizadores, participaron en la concentración 1,7 millones de personas, que llegaron hasta pocos metros de la Casa Azul, la residencia presidencial.

En el eje de la polémica se encuentra Choi, confidente íntima de Park y acusada de haber utilizado sus lazos con la presidenta para obtener tratos de favor en diversas instituciones y, sobre todo, cerca de 70 millones de dólares en “donaciones” de algunas de los principales conglomerados del país. Aunque ese dinero tenía en teoría como destino dos fundaciones sin ánimo de lucro que ella dirigía, Choi está acusada de haberse embolsado una parte.

A medida que se desvelaba el caso se ha ido sabiendo que Choi, de 60 años y que nunca ha ocupado ningún cargo público, tuvo acceso a documentos clasificados y participó en la redacción de discursos oficiales de la presidenta.

Choi es hija del predicador Choi Tae-min, que desde los años 70 y hasta su muerte en los 90 ejerció una influencia sobre Park de naturaleza poco clara. Al parecer Choi, cabeza de una secta conocida como la Iglesia de la Verdad eterna, había asegurado a la joven que él podría ponerla en contacto en el más allá con su madre, muerta en un atentado. Un cable de la Embajada estadounidense de 2007 filtrado por Wikileaks indicaba que “abundan los rumores de que el fallecido predicador tuvo un control completo sobre el cuerpo y el alma de Park durante los años de formación de ésta y que sus hijos acumularon, como resultado, una enorme riqueza”.

El mandato de Park, hija del expresidente Park Chung-hee (1961-1979), expiraba a finales de 2017. Si el Tribunal Supremo ratifica su destitución, se convocarán elecciones anticipadas, que deberán celebrarse en un plazo de 60 días a partir de entonces.

El caso, con su grotesca mezcla de melodrama, intriga política y superchería, ha tocado fibras muy sensibles en Corea del Sur. Lo de menos son las acusaciones de corrupción, algo a lo que los surcoreanos están relativamente acostumbrados: todos los presidentes de la era democrática han afrontado investigaciones por corrupción tras dejar el poder y uno de ellos, Roh Moo-hyun, se suicidó cuando las acusaciones salpicaron a su familia.

Lo que verdaderamente ha consternado a los surcoreanos de a pie es constatar hasta qué punto su presidenta se había puesto en manos de su confidente para tomar todo tipo de decisiones: desde las más frívolas, como la ropa que ponerse, hasta cuestiones de Estado.

La extraordinaria influencia de Choi ha sorprendido tanto más cuanto Park, un personaje público toda su vida, había cultivado cuidadosamente una imagen de política incorruptible. La “princesa de hielo” surcoreana, una mujer de carácter distante, no mantenía contacto con sus hermanos, supuestamente para evitar acusaciones de favoritismo. Tampoco se casó nunca: “Quiero dedicarme por entero a la nación y al pueblo”, había prometido durante su campaña presidencial de 2012.

En el Miduvi de Portoviejo se denuncia presunto peculado

Las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en Portoviejo, fueron allanadas la tarde del jueves pasado por agentes de la Policía Judicial para recabar información respecto a un presunto delito de peculado de más de un millón de dólares que se indaga en esa cartera de Estado.

Así lo indicó Xavier Santos, gobernador de Manabí, quien señaló que una funcionaria fue aprehendida para investigaciones. Él dijo estar presto a dar el espaldarazo para acabar con los supuestos actos de corrupción e investigar a otros funcionarios, de ser necesario.

“Sí, hay una tesorera que presumiblemente es quien tiene la información. Esperamos que durante el proceso investigativo se den más nombres de las personas que pueden estar involucradas (…), si tienen que caer más responsables (por presunto peculado), pues tendremos que apoyar este tema”, expresó el gobernador.

Dos fueron los allanamientos ejecutados por la policía el pasado jueves. Uno en las oficinas del Miduvi y otro en el domicilio de L.E.S.Z., quien fue detenida ese mismo día.

En la oficina gubernamental, los agentes intervinieron en los departamentos de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, donde se obtuvieron documentaciones, teléfonos móviles, entre otros expedientes.

El cabo segundo Cristian Enríquez, de la Policía Nacional, dijo a radio Farra, de Portoviejo, que el fiscal Luis Cadena llevó a cabo el allanamiento en las instalaciones del Miduvi, donde se levantaron indicios sobre el presunto peculado.

El supuesto delito radicaría en que presuntamente la persona que fue aprehendida, en compañía de otra empleada, habría firmado un documento sin que existiera autorización o aval de una alta funcionaria del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

EL UNIVERSO buscó este viernes un pronunciamiento de funcionarios del Miduvi. Eder Cevallos, director provincial de dicha cartera, señaló que la denuncia sobre el supuesto peculado de 1’117.984 dólares surgió desde esa misma dependencia.

El funcionario se abstuvo de dar más declaraciones respecto a este caso en Portoviejo.

La postura de que la investigación salió del propio Gobierno fue asumida también por el gobernador Xavier Santos.

“Vamos a perseguir los actos de corrupción, no es que han venido a decirnos esto está pasando, internamente el Gobierno está haciendo una depuración de lo que sucede”, expresó Santos.

Por terremoto
En Manabí se ha identificado a 36 mil familias cuyas viviendas deben ser reparadas, construidas en reasentamientos, terreno propio o urbanizadas, según registros del Ministerio de Desarrollo Urbano. (I)

Corrupción en Petroecuador

La trama de corrupción en la petrolera estatal Petroecuador involucra a 20 personas que supuestamente se beneficiaron del pago de comisiones por los contratos adjudicados para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, que se hizo entre 2008 y 2015. Entre los implicados están al menos tres altos mandos de la petrolera ecuatoriana. Las investigaciones siguen ofreciendo datos de la trama corrupta.

Los tres altos mandos implicados son Marco Calvopiña, que gerenció Petroecuador entre 2010 y 2015; su sucesor, Carlos Pareja Yanuzelli, que había liderado las mejoras de la refinería desde 2012 y que incluso fue promovido a ministro de Hidrocarburos en noviembre de 2015; y Alex Bravo, un ingeniero mécanico de 35 años que reemplazó a Pareja Yanuzelli en la refinería y luego en la gerencia de la petrolera.

Pareja Yanuzelli y su pupilo Alex Bravo estaban en funciones cuando el portal Focus Ecuador empezó a publicar las denuncias de corrupción en el interior de Petroecuador y renunciaron casi simultáneamente, en mayo pasado, argumentado problemas de salud y personales. Pero a la hora de las detenciones solo se localizó a Bravo, que fue acusado de enriquecimiento ilícito y cohecho. Pareja Yanuzelli había salido del país al igual que la mayoría de sus colaboradores y familiares.

Ahora Calvopiña, que fue capturado en su domicilio de Quito el pasado viernes, también acompaña a Bravo en el presidio. La Fiscalía lo ha señalado como la cabeza de la red de corrupción. En su casa aparecieron 600.000 dólares que estaban ocultos hasta en el techo falso de la propiedad.

La Fiscalía presume que la corrupción en Petroecuador empezó por el pago de comisiones para obtener contratos en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. A Bravo, dentro de la red de corrupción, lo apodaban “el gran cajero” porque repartía los sobornos que recibía por los contratos adjudicados. Para mover el dinero había creado seis empresas off shore en Panamá y hay evidencias de que recibió al menos 12 millones de dólares. La Contraloría, que también se ha activado, ahora examina más de 400 contratos que significaron para el Estado un desembolso de más 2.200 millones de dólares.

Esa cifra dista mucho de los 1.200 millones de dólares que supuestamente costó la rehabilitación de la refinería ecuatoriana y que ya era muy elevada porque el costo presupuestado para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas en 2008 fue 187 millones de dólares y la obra iba a durar tres años, como señala un informe de Contraloría de 2012. El consorcio japonés Sumitomo Chiyoda iba a ocuparse de la obra, ya que fue el constructor de la refinería en los años 70. Sin embargo, la empresa que finalmente firmó el contrato fue la coreana SK.

Detrás de las adjudicaciones que se hicieron durante los siete años que duró la recuperación de la refinería están los equipos de asesores de los principales implicados, que redactaban los términos de referencia para los contratos, la fiscalizadora de los contratos —la firma Worley Parson, que recibió 38,6 millones de dólares—, y el directorio de Petroecuador, que finalmente aprobaba todo. La más alta autoridad en el directorio era el vicepresidente Jorge Glas, que representaba al Ejecutivo. Este, sin embargo, ha reiterado su desconocimiento de la red de corrupción.

Entramado de empresas

La red operaba con una aparente legalidad. Por ejemplo, para acelerar los procesos de contratación, Calvopiña se amparó en la emergencia que el presidente Rafael Correa decretó en el sector petrolero, y dio plenos poderes a Pareja Yanuzelli para que adjudicara contratos sin licitación, y aunque se puso un techo de 50.000 dólares, en la práctica lo que usualmente se hacía era dividir los contratos.

Con Bravo a la cabeza de la petrolera se inauguró una etapa de intermediación que se encargaba de las importaciones. Era un entramado de 20 empresas locales que empezaron a firmar contratos complementarios a lo que ya hacía la coreana SK. Todas estas ayudaron a dar una aparente transparencia a todos los procesos contractuales porque presentaban proformas para simular que había una licitación, pero en el corto o largo plazo todas firmaban algún contrato.

De momento hay dos contratistas detenidos, que también serán juzgados por cohecho.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/11/america/1478901134_104073.html

Dirigentes del CAP presentan denuncia contra Carlos Pareja Yannuzzelli y Alex Bravo

Una denuncia por el delito de lavado de activos contra Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador; y Álex Bravo, expresidente de Petroecuador, es lo que presentaron este jueves ante la Fiscalía General del Estado los dirigentes del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP), Ramiro García y Ángel Orna.

Los denunciantes creen que la Fiscalía está garantizando, a través de medios judiciales, la impunidad de los procesados. Tanto Orna como García coinciden en que de manera “deliberada” la Fiscalía está procesando a estas personas por delitos como enriquecimiento ilícito y cohecho, que son, para ellos, delitos menores por los que reciben penas inferiores, y no por delitos como peculado y lavado de activos, los cuales tienen penas superiores.

Según Orna, el procesar a Carlos Pareja Yannuzzelli y a Álex Bravo por cohecho y enriquecimiento ilícito, delitos que tienen como penas de 5 a 7 años, en el primer caso; y de 7 a 10 años en el segundo, tiene como fin el beneficiar procesalmente a los señalados en la instrucción con mecanismos como el procedimiento abreviado, mediante el cual podrían, una vez reconocen el delito, recibir solo un tercio de la pena definida en cada caso.

“Lo que corresponde en este caso es seguir un proceso por lavado de activos, delito que es susceptible de penas de 10 a 13 años, con lo cual ya no podrían beneficiarse del sistema abreviado”, explicó Orna.

García califica de inexplicable que pese a que existe un informe de la Unidad de Análisis Financiero en el que se revela movimientos inusuales de dineros entre los investigados Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo, la Fiscalía no procese a estas dos personas por lavado de activos, que es un tipo penal mayor.

“Graficando: es como que alguien mata a una persona y le roba el reloj, pero al momento de procesarle lo hacen por el robo del reloj y no por el asesinato. (…) Esto no es un error, sino que esto es deliberado”, dijo García, quien es el actual presidente del CAP.

Al pedir que se analice el lavado de activos, manifestó García, lo que se quiere es que se investiguen internacionalmente las cuentas en donde se encontraron esos millones de dólares, hacia dónde se realizaron transacciones previamente, y quiénes fueron los beneficiarios de estas coimas.

Los denunciantes también afirman que deben ser investigados profundamente los contratos firmados en Petroecuador por los indagados, pues para ellos los contratos que se entregaron en Petroecuador con una coima o cohecho de por medio tuvieron un recargo de ese cohecho en el costo final de la obra.

“Uno de los efectos de esta denuncia es evidenciar en lo jurídico la mala actuación de la Fiscalía en cuanto a no haber procesado a los señores Álex Bravo y Carlos Pareja y quienes están alrededor de esto, por delitos más graves, sino por los delitos más leves”, concluyó García. (I)

Petrobras empieza a dar síntomas de recuperación

La vida de Petrobras parece haber dado un giro brusco este año. La petrolera estatal brasileña aún está inmersa en una deuda que asciende a 125.000 millones de dólares y el escándalo de corrupción masiva que lleva su nombre y que investiga los sobornos y el desvío de dinero público que se hacían con sus cuentas sigue causando estragos en su imagen. Pese a todo, la empresa está dando síntomas de mejora y, poco a poco, parece reconquistar su credibilidad en el mercado.

El pasado viernes, la agencia de calificación Moody’s mejoró la clasificación de Petrobras, de B3 a B2. Esta mejora llega en una época en la que las acciones preferentes han cuadriplicado su valor en la Bolsa de São Paulo en los últimos nueve meses: de los 4,20 reales que valían en enero han pasado a valer 17,74 reales en octubre, según la cotización del pasado viernes.

La fuerte subida bursátil de la compañía, que en 2015 ingresó 102.400 millones de dólares y perdió 11.100 millones, tiene origen en un buen número de factores. Según varios expertos consultados por EL PAÍS, este nuevo rumbo se puede achacar a los cambios en la esfera política: tras la destitución de Dilma Rousseffse ha creado en Brasil un ambiente más favorable para los negocios. También señalan el hecho de que, en mayo, la firma estatal cambiase de presidente. Llegó al cargo Pedro Parente, el primero en años que no tiene ninguna vinculación con el Gobierno de Dilma Rousseff. “Ese cambio de liderazgo ha sido clave para la recuperación. Él es bastante pragmático y respetado en el medio”, razona Gustavo Alevato, analista del Banco Santander.

INGRESOS MÁS BAJOS Y PÉRDIDAS RÉCORD

La empresa estatal Petrobras registró las mayores pérdidas de su historia en 2015: 34.800 millones de reales, casi 11.200 millones de dólares al cambio actual.
La facturación en 2015 ascendió a 321.700 millones de reales, casi 104.000 millones de dólares, un 4,6% menos que en 2014.
 
 
El año pasado, la petrolera cifró en unos 2.000 millones de dólares las pérdidas por el caso de corrupción que lleva su nombre.
 
 
Petrobras anunció un plan de desinversiones de 98.400 millones de dólares para el período 2015-2019 con el objetivo de reducir su deuda y generar más liquidez.
El endeudamiento de la empresa estatal ascendía en marzo a 126.060 millones de dólares.

La llegada de Parente ha tenido un componente simbólico: un golpe de timón en la compañía tras varios años en los que el poder gubernamental sobre ella solo crecía. En los 13 años de gestión del Partido de los Trabajadores, los Gobiernos de Lula da Silva y Rousseff quisieron que Petrobras estuviese presente en todos los procesos de exploración y producción de petróleo de Brasil. Ese sueño ha tenido un coste: ha colapsado la capacidad de la compañía y la ha endeudado de manera astronómica. “Parente ha mejorado bastante la credibilidad de la empresa y eso ha ayudado a la venta de activos para saldar su gigantesca deuda”, remata Alevato. A comienzos de este mes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que exime a Petrobras de la obligación de participar en la exploración de crudo, lo que significa que entrarán en la exploración nuevas empresas y capital externo. Sin esa necesidad de estar controlándolo todo, la firma podrá dedicarse con más tranquilidad a revisar sus cuentas antes de dar pasos más ambiciosos.

Reducir la deuda

En julio, la empresa vendió una de sus explotaciones, Carcará, a una empresa noruega. Era la primera vez que se deshacía de alguno de sus activos pero también estaba mostrando, por vez primera, una voluntad de reducir su deuda. Este año, la petrolera ha vendido 9.000 millones de dólares en activos: un 10% de la deuda neta. Es poco, pero todo paso en la buena dirección es favorable para su imagen.

Carlos Pólit ofrece entregar más en el caso Petroecuador

El contralor Carlos Pólit anunció que la próxima semana remitirá a la Fiscalía los resultados de otras auditorías efectuadas a las declaraciones patrimoniales de ciertos “funcionarios” de Petroecuador, que podrían servir en las investigaciones que se realizan por un presunto delito de cohecho.

Sin adelantar detalles, Pólit dejó entrever que estaría el caso del exministro de Hidrocarburos, Carlos P.

En rueda de prensa, Pólit se pronunció ayer sobre distintas acciones de control que realiza la institución que dirige.

Cuando se le preguntó por qué “antes” no fueron detectadas presuntas irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Carlos P., la autoridad respondió: “En el caso de él, iniciamos las investigaciones de bienes hace unos 6 o 7 meses. Ese tema está terminado y está resuelto. La próxima semana hay algunos funcionarios que van a ser reportados al organismo judicial”.

El pasado viernes se dictó prisión preventiva contra Carlos P. y otros ocho implicados, dentro de la instrucción fiscal que investiga presuntos hechos de corrupción en ciertos contratos de Petroecuador.

La orden también alcanzó a Álex B., gerente de la estatal petrolera, y quien sí registró un aumento patrimonial no justiticado, según confirmó Pólit hace dos semanas.

Entonces dijo que la Contraloría había enviado a la Fiscalía, hace “unos meses”, algunos informes con indicios penales.

Ayer, Pólit aseguró que a Carlos P. se lo ha “auditado en años anteriores”, y que no se ha hallado “enriquecimiento ilícito”.

Pero admitió que la Contraloría tiene un “problema”, toda vez que no puede pedir información a un banco internacional, y en esta investigación se presume que hubo “depósitos” hacia el extranjero.

“La Contraloría está en el ámbito meramente administrativo”, dijo el funcionario, al tiempo de anotar que la Fiscalía y el Servicio de Rentas Internas sí pueden solicitar información a un banco internacional.

En otro tema, Pólit anunció que se examinará “el 100% de los contratos” de la Refinería de Esmeraldas.

Informó que se había empezado con “apenas 69 (contratos)”, que suman unos $ 1.090 millones, pero que en total son 400. (I)

Trama corrupta en Petroecuador

La petrolera estatal ecuatoriana,Petroecuador, también se ve salpicada por un caso de corrupción. El exgerente de la empresa, Álex Bravo, fue arrestado hace cinco meses después de que se supiese que es titular de varias firmas opacas en Panamá. Ahora, un exministro del Gobierno de Rafael Correa también se ha visto implicado en la trama. Mientras, el Ejecutivo, pese a reconocer que el caso es el más grave en una década, pugna por marcar distancias con una trama de consecuencias imprevisibles.

Rafael Correa solía decir que su Gobierno es de “manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes”. Pero la frase pierde sentido a la luz de la trama de corrupción en el sector petrolero liderada por el exgerente de la estatal Petroecuador, Álex Bravo. Este ingeniero mecánico, detenido desde mayo, tenía al menos seis empresas off shore en Panamá y recibía sobornos por los contratos que adjudicó para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Ahora, uno de los hombres de máxima confianza del Gobierno ecuatoriano acaba de ser incluido en la trama: Carlos Pareja Yanuzzelli, que también se desempeñó como gerente de la estatal Petroecuador y fue ministro de Hidrocarburos hasta poco antes que estallara el escándalo. Este funcionario también tenía una empresa en Panamá inscrita con las primeras sílabas de su nombre, Capaya, y habría recibido al menos un millón de dólares de parte de Bravo, que ha sido apodado en la investigación como “el gran cajero”.

En su último informe semanal de labores, Correa calificó el caso de corrupción como “el más grave en 10 años de Gobierno” y marcó distancias con Pareja Yannuzzelli. “Qué lástima, son las grandes decepciones que uno se lleva en la vida. Yo lo conocí en el 2005, cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Alfredo Palacio, y él era, me parece, gerente de Petroecuador. Lo pusieron ahí las organizaciones sociales, los mismos trabajadores de Petroecuador, por ser un tipo totalmente honesto”, expresó el mandatario. “Lastimosamente parece que sucumbió ante la tentación, ante el manejo de centenas de millones de dólares. Es evidente que ha tenido una empresa en Panamá, que ha recibido depósitos. ¡Cómo la gente sucumbe ante el dinero, ante el poder!”.

La trama de corrupción al interior de Petroecuador fue destapada por el portal de noticias Focus Ecuador. En abril, y al hilo de los papeles de Panamá, reveló que Alex Bravo y su esposa tenían empresas en el país centroamericano. El citado portal seguía el tema desde que conoció un informe de Contraloría de 2012 que señalaba que el costo de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas pasó de 187 millones a 855 entre 2008 y 2011, por la incorporación de proyectos y contratos suplementarios. El monto final de esta obra concluida en diciembre del año pasado supera los 1.200 millones de dólares. La mayoría de los contratos se adjudicaron sin licitación previa, ya que el presidente Correa declaró la emergencia en el sector en 2007 y esto permitió contratar prácticamente a dedo.

En Panamá

Bravo entró a la empresa estatal en 2006, pero a partir de 2012 empezó a escalar posiciones. Trabajó como jefe de proyectos operativos, director del programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, gerente de logística y abastecimientos y se posicionó como gerente en noviembre del año pasado.

Ahora se sabe también que tiene acumulados 2,4 millones de dólares en el Capital Bank de Panamá. Entre las empresas que supuestamente han transferido dinero el exgerente de Petroecuador están Sentinel Mandate and Scrow, en las Islas Vírgenes Británicas; Operadora BLC de Panamá; y Arkdale Investments, registrada en Bahamas. Esta última está relacionada con dos contratistas de apellido Baquerizo que también están imputados.

Fiscalía de Brasil pide prisión para el presidente del Senado

Una bomba ha caído en Brasilia, y afecta directamente al partido del presidente interino de Brasil, Michel Temer. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, ha enviado al Supremo Tribunal Federal (STF) la solicitud de prisión del presidente de Senado, Renan Calheiros, del senador y exministro de Temer, Romero Jucá, del expresidente de la República y senador José Sarney, y del presidente de la Cámara suspendido de su cargo, Eduardo Cunha, todos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). La información la publica este martes el periódico O Globo y el informativo de TV Globo Bom Dia Brasil.

Las solicitudes, que serán evaluadas por el ministro del Supremo Teori Zavascki, se basan en acusaciones de que los cuatro políticos intentaron obstruir las investigaciones del caso Petrobras. El fiscal se basa en grabaciones de un ejecutivo en las que los senadores supuestamente sugieren un plan para obstaculizar la Operación Lava Jato. En estas conversaciones, reveladas la última semana de mayo, el entonces ministro de Planificación, Romero Jucá, insinuaba que la destitución de Dilma Rousseff -apartada de la presidencia el pasado 12 de mayo- ayudaría a frenar las investigaciones anticorrupción de Petrobras, que salpican a muchos partidos, incluido al del presidente Temer. Jucá, que llevaba menos de dos semanas en el cargo, dejó su cargo tras la filtración de las grabaciones.

Ofensiva judicial contra Kirchner

La actualidad argentina pasa por un edificio enorme y cuasisoviético cerca del Río de la Plata. Es Comodoro Py, donde trabajan los jueces federales que investigan la presunta corrupción del entorno de la familia Kirchner y que, tras el cambio de Gobierno, parecen tener mucha prisa. Causas dormidas durante años, mientras los Kirchner estaban en el poder y presionaban con dureza a la justicia, se aceleran ahora que Mauricio Macri está en la Casa Rosada. Las noticias se suceden a velocidad de vértigo y ahora además con elementos propios de una novela de espionaje. El último episodio novelesco ha sido el de Jorge Oscar Chueco, un fugado que despareció de Argentina e intentó suicidarse en Paraguay, donde fue finalmente detenido.

Chueco es un abogado vinculado a Lázaro Báez, el empresario más cercano a los Kirchner, que pasó de ser un cajero de banco a hacerse con toda la construcción pública en Santa Cruz, la provincia donde empezó el poder del kirchnerismo. Ahora es un multimillonario que viaja en avión privado y acaba de ser encarcelado por presunta corrupción.

Varios jueces acorralan al entorno de los Kirchner e incluso a la propia expresidenta. Su abogado, Raúl Zaffaroni, que fue juez de la Corte Suprema, ha dicho que es posible que el juez Claudio Bonadío ordene encarcelarla. Cristina Fernández de Kirchner ya demostró que está dispuesta a movilizar a toda su gente para impedirlo y organizó la semana pasada un gran mitin a la puerta de los juzgados cuando fue llamada a declarar.

Pero los jueces, más que buscarla a ella –solo Bonadío está en ello de momento- se esfuerzan por intentar encontrar delatores en su entorno que puedan dar cuenta de los millones de dólares de la llamada “ruta del dinero K” que según los opositores sería la prueba definitiva de la corrupción de los Kirchner.

Cada paso parece más una novela de espías de enorme tensión. “Tengo miedo, pero aviso: ni mi papá ni mi familia nos queremos «suicidar»”, escribió en twitter Florencia, la hija del fiscal Guillermo Marijuán, que ha decidido pedir la imputación de la expresidenta por presunto lavado de dinero.

El empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido por la policía aeroportuaria a su arribo a Buenos Aires el 5 de abril pasado
El empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido por la policía aeroportuaria a su arribo a Buenos Aires el 5 de abril pasado AFP

Todas las causas están aparentemente relacionadas y tienen como protagonistas a Báez y el entorno de los Kirchner. La que más preocupa a los kirchneristas es la de Hotesur, la empresa de los hoteles de la expresidenta que habrían sido utilizados presuntamente para lavar dinero de Báez.