Jorge Glas con prisión preventiva por el caso Odebrecht

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se enfrentaba este lunes al abismo jurídico y político por su vinculación en el caso Odebrecht por presunta asociación ilícita. Y se ha encontrado con el peor de los escenarios. El juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, ordenó la captura inmediata del vicepresidente y dictó prisión preventiva acogiendo la petición de la Fiscalía. El Ministerio Público había solicitado una nueva audiencia con el fin de agravar las medidas cautelares contra él y contra su tío para evitar el riesgo de fuga ante la inminencia del juicio. Por la mañana, el fiscal general del Estado, Carlo Baca Mancheno, pidió prisión preventiva ya que hasta ahora solo tenía prohibición de salida del país.

Por la tarde, después de suspender la audiencia, el juez aceptó. “Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme”, se quejó Glas a través de Twitter, aunque aseguró que acataria “bajo protesta este infame atropello” en su contra. Ya entrada la noche, Glas se entregó a la policía. Despistó a la prensa apostada ante su domicilio organizando dos comitivas para salir de su urbanización sin ser visto. Según ha confirmado la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el vicepresidente irá a la cárcel 4 de Quito. Para el traslado desde Guayaquil, tomó avión un avión de las Fuerzas Armadas.

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Además de tener su libertad de circulación en juego, los asambleístas de su partido, Alianza PAIS, tenían que decidir si pedían su renuncia como vicepresidente de la República, una salida que Glas siempre ha rechazado. Pero el bloque de PAIS que tenía previsto pronunciarse después de conocer la decisión judicial, aplazó su pronunciamiento a este martes.

Junto a la prisión preventiva, se solicitó que las cuentas de Glas sean congeladas y la prohibición de enajenación de sus bienes. Y también se ordenó que su tío, Ricardo Rivera, sea recluido en prisión de forma provisional por haber violado el arresto domiciliario que se le había impuesto a inicios de junio por tener 68 años. Éste está acusado de haber recibido al menos 13 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de aprovechar su parentesco con el vicepresidente para favorecer que se adjudiquen contratos públicos de gran envergadura a la constructora brasileña.

El vicepresidente Glas, acostumbrado en las últimas semanas a defender su inocencia en innumerables entrevistas y actos públicos, ha permanecido todo el día recluido en su casa de Guayaquil. A la audiencia en Quito solo acudió su abogado. Su departamento de Comunicación no compartió la agenda del día y él se limitó por la mañana a asegurar a las autoridades que estaría localizable para cuando se tomase una decisión sobre las medidas cautelares: “No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos”.

Al frente de su vivienda, en una urbanización de acceso restringido, había apostados una decena de vehículos de seguridad que impedía acercarse a las inmediaciones. También a través de redes sociales, Glas pidió al fiscal que exhiba las pruebas que tiene en su contra y acusó al presidente Lenín Moreno de influir en el proceso judicial. “¿Qué más prueba quieren de que este proceso no es jurídico sino político? Presidente Moreno, parece que sus subalternos no lo han escuchado. Usted dice que no interferirá en otras funciones del Estado, pero faltó explicar a sus colaboradores que ellos tampoco pueden hacerlo”, publicó en un comunicado.

La Fiscalía, que finalizó el proceso de instrucción y búsqueda de pruebas el domingo pasado, dijo ante el juez que un pen drive, enviado por Estado Unidos, contenía información crucial para el caso ya que daba cuenta de las conexiones entre el vicepresidente y su tío. A través de códigos, indicó el fiscal, se relacionaban pagos, apodos, obras y beneficiarios. Su decisión de agravar las medidas cautelares sobrevino a la acusación particular que presentó la semana pasada el abogado del Estado, el procurador general, Diego García Carrión, después de haber escuchado el testimonio del principal cooperador brasileño: el gerente de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos Filho.

A tres días del fin de la instrucción, el ‘delator 1’ rindió su versión desde Sao Paulo por videoconferencia y dijo que Glas y su tío Rivera eran como “hermanos siameses, se alimentan y respiran del propio cuerpo, no hay diferencia ninguna”. Pero el vicepresidente ha mantenido siempre que solo se veía con su pariente una o dos veces al año en reuniones familiares.

Pinochet, el gobernante “más violento y criminal” de la historia de Chile

Luego de que el pasado 23 de septiembre Estados Unidos desclasificara los últimos documentos sobre el asesinato en Washington del canciller Orlando Letelier, que confirman que Augusto Pinochet dio la orden, el Parlamento chileno ha decidido este miércoles dar una inédita señal política. Con el apoyo de 69 diputados, la oposición de 23 y seis abstenciones, la Cámara aprobó un acuerdo en que califica a Pinochet como un “dictador, artífice de un aparato terrorista de Estado y autor intelectual del premeditado y alevoso asesinato del excanciller” de Salvador Allende.

“Lo constituye –a Pinochet– como el gobernante más violento y criminal que haya tenido Chile en su historia”, indican los diputados, que buscan que el Ministerio de Defensa se asegure de que no se exhiban imágenes de Pinochet en ningún organismo público ni tampoco se le rindan homenajes en las Fuerzas Armadas.

Según la información desvelada por Estados Unidos al cumplirse 40 años del asesinato de 1976, Pinochet fue el que ordenó la creación de un comando que atentara contra Letelier, un político incómodo para la dictadura por sus constantes denuncias en Washington contra el régimen autoritario de Santiago. “Una revisión de nuestros archivos sobre el asesinato de Letelier nos ha proporcionado lo que consideramos pruebas convincentes de que Pinochet ordenó a su jefe de inteligencia perpetrar el asesinato”, señala el informe de la CIA fechado el 1 de mayo de 1987, redactado durante el Gobierno de Ronald Reagan.

El acuerdo de los diputados chilenos también se refiere al papel que cumplieron los tribunales en la dictadura, que impidieron que el jefe de la policía secreta de Pinochet, Manuel Contreras, finalmente fuera extraditado a Estados Unidos, como pretendía Washington. El texto señala que el expresidente de la Corte Suprema Israel Bórquez y todos los ministros del más alto tribunal del país que le secundaron para impedir la extradición son “una vergüenza nacional”. “Incumplieron gravemente sus deberes”, señala el texto del Congreso.

Desde la llegada de la democracia en 1990, la Cámara no emitía un pronunciamiento de estas características respecto de Pinochet, que luego de dejar el Gobierno y abandonar la jefatura de las Fuerzas Armadas, en 1998 llegó como senador vitalicio a la Cámara Alta.