Capaya condenado a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a 10 años de prisión a Carlos P. Y., exministro de Hidrocarburos, por el caso de corrupción de Petroecuador, en el marco de la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La acusación fue sustentada por el fiscal general del Estado (e) Paúl Pérez Reina. En el período comprendido entre febrero de 2014 a mayo de 2016, el exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y. (Capaya), registró un incremento injustificado de su patrimonio por la suma de $ 1’236.849,13.

En la audiencia, que se inició con cerca de una hora y media de retraso y en la que Pérez se estrenó en litigios como fiscal general, a los ocho días de haber asumido el cargo, la base de la acusación fue el informe de la Contraloría General del Estado, en el que se establece indicios de responsabilidad penal luego de haber realizado un análisis a cinco declaraciones juramentadas de Capaya.

Según Fiscalía, los recursos no justificados son: la donación de un bien a sus hijos, valorado en $ 371.597; una inversión en el Banco del Pacífico por alrededor de $ 100.000; los $ 164.277 que mantenía en el Capital Bank de Panamá a nombre de la empresa Capaya; y el resto en inversiones en el Banco Bolivariano.

En su calidad de acusadora particular, la Procuraduría General del Estado, representada por la abogada Magaly Ruiz, ratificó la acusación y coincidió con la posición de Fiscalía. Miguel Revelo, abogado defensor de Capaya, quien estuvo presente en la audiencia, aseguró que durante la audiencia demostraría que no hay ningún incremento patrimonial de su cliente.

Anticipó que gran parte del dinero del que se habla, es producto de los ingresos de la esposa de Carlos P.Y., que los $ 100 mil del Banco de Pacífico es por un préstamo que su defendido realizó a la entidad bancaria, y que en la cuenta del Capital Bank, no se manejó recursos.

Tras escuchar a las partes, el tribunal penal nacional, integrado por los jueces Luis Enríquez (ponente), Miguel Jurado y Marco Rodríguez, dio paso a la recepción de las pruebas testimoniales, documentales y periciales.

El fiscal Pérez acusó a Carlos P.Y. de autor directo del delito de enriquecimiento ilícito, y solicitó al tribunal la pena máxima de 10 años, una multa de 20 a 40 salarios básicos unificados, que ofrezca disculpas públicas; y la reparación integral al Estado por $ 1,2 millones.

Esta audiencia se realiza a nueve días de que se cumpla un año y dos meses (17 de marzo de 2017) de que el entonces fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentara 23 elementos de convicción para sustentar la existencia del presunto delito.

Desde esa fecha la audiencia de juzgamiento se ha suspendido por alrededor de ocho ocasiones. El 17 de abril pasado ocurrió el último diferimiento, una vez que el anterior fiscal general Carlos Baca lo solicitó porque fue convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno, al urgente Consejo de Seguridad del Estado, en el que se analizó la inseguridad de la frontera norte.

En este proceso penal no podrá aplicarse la colaboración eficaz con la justicia, en razón de que es el único procesado. No obstante, ante una eventual sentencia condenatoria, se debería tomar en cuenta antenuantes, como es la edad superior a los 60 años, haberse entregado voluntariamente a la justicia, entre otras. Capaya tiene dos sentencias condenatorias en su contra: una por cohecho en la recibió una pena de 5 años de prisión y otra por asociación ilícita, con 6 años de privación de la libertad.

El exministro de Hidrocarburos mantiene abiertos 23 procesos judiciales en su contra por diferentes delitos. (I)

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